Hoy 
EDUARDO JORGE PRATS
Hay un hecho singular que partidarios y adversarios del Presidente Leonel Fernández deben estar contestes: el político peledeísta, desde su primer mandato presidencial (1996-2000) tuvo la oportunidad y la aprovechó de asentar el discurso y la práctica de la reforma del Estado. A partir de su gestión, la reforma del Estado se ha visto no como algo episódico sino como una actividad que forma parte de la acción estatal misma.
Es ello lo que explica el surgimiento, consolidación y legitimación de las comisiones de reforma y el proceso de privatización y capitalización de las empresas estatales.
Es cierto que Fernández, como político aguzado que es, se montó en el carro hemisférico de la reforma motorizado por el Consenso de Washington. Sí. Pero ello nada quita a la valiente decisión de abordar la privatización de las empresas estatales que Joaquín Balaguer privatizó en parte mediante la quiebra, máxime cuando se proviene de un partido que, como el PLD, no tenía en su agenda tal política pública que chocaba frontalmente con el ideario del partido.
Desde el principio del proceso de reforma, la extracción del Estado del ámbito empresarial y su reducción a sus funciones básicas encontró firmes adversarios tanto en el hoy partido oficial como en la oposición a éste. Podría afirmarse que hay una veta que cruza todos los partidos en donde encontramos férreos oponentes del proceso de privatización y amigos firmes de una repotenciación del rol tradicional del Estado empresario e interventor. La mejor evidencia de ello es la continuidad de las políticas en el sector eléctrico desde el 2000 hasta la fecha que ha implicado la ilegal renacionalización de dos empresas distribuidoras, la incursión de la CDEE en el ámbito reservado de la regulación y el permanente cuestionamiento del espíritu y letra de la Ley General de Electricidad. Otra prueba de ello es cómo el propio presidente del principal partido de oposición favorece la estatización de la Refinería Dominicana de Petróleo.
Lo interesante de todo es que los amigos de la estatización de la economía dominicana no tienen empacho en favorecer la privatización de las cárceles, área que goza de una reserva de Administración Pública y que forma parte de las funciones tradicionales del Estado. Y han sido, además, indiferentes a la privatización de las funciones policiales producida por la incapacidad de los cuerpos policiales de suministrar elementos mínimos de seguridad ciudadana.
El Estado dominicano está hoy en una encrucijada. O aprovecha los recursos fiscales (siempre más escasos que las necesidades) para garantizar las funciones de defensa de la ciudadanía y del territorio así como para abordar las funciones de regulación del sector privado y las obligaciones inherentes a la seguridad social. O se lanza a la aventura de resucitar el fracasado Estado empresario de los 70, con su ineficiencia estructural y sus gastos supernumerarios.
La seguridad social es uno de los campos de fuerza en donde se baten los amigos del Estado tradicional y los partidarios del redimensionamiento del Estado. El régimen jurídico de la seguridad social, con sus virtudes y defectos, viene a hacer realidad uno de los deberes fundamentales del Estado en las sociedades contemporáneas y lo hace operando un compromiso entre el Estado y el capitalismo a través de la canalización del ahorro de los trabajadores hacia las actividades productivas. Ese sistema se basa en el principio de la diversificación del riesgo financiero que es lo que da sostenibilidad al valor de los fondos de pensiones y en la existencia de un mercado de valores que permita que los ahorros de los trabajadores fluyan hacia las actividades productivas más rentables y seguras. Esos fondos no deben vegetar en improductivas inversiones financieras ni tampoco deben escapar al extranjero y para ello existen normas claras que deben estar supervisadas por autoridades independientes inmunes a las veleidades partidarias.
El momento es de decisiones políticas fundamentales: o tenemos un Estado fuerte para una economía libre y social de mercado o tenemos un Estado débil que incursione en los sectores donde es más ineficiente, renunciando a sus tareas esenciales en el ámbito de la seguridad ciudadana y social y en el terreno de la necesaria regulación de las actividades económicas.
