En estos tiempos imprevisibles, de notable incertidumbre, de confusiones, denuncias, protestas, cumbres, seudo reformas, insatisfacciones; de corrupción, ineficacia e impunidad, vale resaltar el ethos de la Administración Pública , lo que  es de ella consustancial: su razón de ser.

El emérito profesor Pedro Muñoz Amato  planteaba  una serie de interrogantes  que en tiempo de la utopía parecían de Perogrullo; pero al paso del tiempo, al parecer, aquellas no encuentran solución idónea  ante  la quiebra  institucional, el poco  civismo, y la falta de valores éticos y morales  en que se desenvuelve el quehacer político y funcionarial  del Estado Dominicano.

Decía el Maestro: “Cada sociedad políticamente organizada,  tiene su propia configuración de ideas, actitudes, normas, procesos, instituciones y otras formas de expresión humana en respuesta a cuestiones siguientes: ¨¿Quiénes han de dirigir la conducta de los ciudadanos y encauzar los procesos sociales mediante el ejercicio del poder público? Cuáles han de ser los propósitos del Estado y las normas para lograrlos? ¿Cómo deben ordenarse los procesos y las instituciones del gobierno? ¿De qué modo deben actuar los gobernantes y los gobernados en sus relaciones políticas? ¿En qué forma y grados deben fijarse los límites de la autoridad y las libertades de los súbditos? Tales son los problemas de naturaleza justificación, fines, administración y limites del gobierno.

Refiriéndose a la Administración, el Maestro señala lo que sigue: “La corriente profesional que se interesa de este sector es sin duda una fuerza importantísima en el mundo contemporáneo. En general, su ethos se sintetiza en el ideal de perfeccionar las referidas actividades gubernamentales para que sirvan con mayor intensidad a los ideales colectivos. Es un movimiento de acción, de reforma, que persigue implacablemente la corrupción y la ineficiencia.”

Ciertamente mucho de  su valor social conserva esa corriente, pero todavía no ha sido suficientemente asimilada por los organismos y las instancias supremas del gobierno dominicano, que permanecen al margen, a veces en un plano de indolencia que tanto desdice de la función pública.

En otra parte de su estudio, Don Pedro advierte: “No habrá progreso económico si el ambiente no es propicio. Será necesario que el pueblo quiera ese progreso.” Y concluye: “El primer requisito de todo gobierno es que sea honrado y eficiente.” Tal advertencia, decididamente, no inquieta, fuera del discurso demagógico,  a la dirigencia política nacional, a sus líderes y a otros poderes fácticos, responsables del  bienestar y progreso de nuestro pueblo.

Como si quisiera hacer una radiografía  del Estado Dominicano, apunta:  “Hay países en que la administración pública es, efectivamente, un instrumento de explotación en  manos de la clase dominante. El poder económico, excesivamente concentrado por falta de equidad en la distribución de la riqueza, domina los procesos políticos.

Se excluye del sufragio a grupos numerosos de la población; la dependencia económica exige la lealtad política;  es frecuente la compra de votos,  se practica el soborno por diversos medios, y las distintas formas de corrupción minan al gobierno.”