El primer día de este mes de agosto debió cumplirse con la aplicación del reglamento técnico Dominicano-RTD- que obliga a que la información en las etiquetas de los productos pre envasados esté en el idioma español para cumplir de esta manera con tres leyes que así lo estipulan.
La regla del etiquetado debió entrar en vigencia el 26 de febrero del año 2010; no se pudo porque había un gran retraso con la emisión de los registros sanitarios, historia que se repite según informó la Asociación de Importadores, quien además pidió una prórroga hasta el 2018 para que el Ministerio de Salud culmine su labor.
El segundo día del mes, la Directora Ejecutiva de PROCONSUMIDOR, doctora Anina del Castillo, sugirió que se coloque el etiquetado complementario, que se asumió cuando el RTD debió entrar en vigencia en el 2010, de manera provisional hasta tanto Salud Pública culminara la emisión de los registros sanitarios.
La etiqueta en cuestión fue vista como buena intención por parte de los suplidores, pero no así por los consumidores que siempre se quejaron por tres razones: una porque el material en el que está impresa es de mala calidad y se borra con la humedad; dos porque las letras son casi ilegibles, y tres porque en muchas ocasiones tapa la fecha de vencimiento del producto.
Por la aseveración de los importadores, es evidente que se repite la historia de hace seis años, que no se pueda elaborar una etiqueta definitiva por retrasos en la emisión del registro sanitario.
En defensa de Salud Pública debemos recordar que la labor debe ser minuciosa y que el ministerio carece de los instrumentos para las pruebas que deben hacerse antes de emitir el número que otorga el país. Pensamos que el costoso laboratorio de Aduanas estaría disponible para muchas de las pruebas que se requieren para la internación de productos y que con una información cruzada se podría agilizar el proceso.
Ningún país emite registro sanitario sin hacer sus propias pruebas, salvo aquellos de libre venta globales.
De todos modos la información en el idioma español es un derecho de los ciudadanos en su relación con el mercado, por lo que la etiqueta complementaria que fue acogida desde el 2009, debe ser clara y lo más transparente posible para que no haya dudas ni engaño en la información.
Los importadores proponen también un lector electrónico, idea que puede ser válida como medida transitoria.