Hoy 
El reto que enfrenta Celso Marranzini no es necesariamente de elevada categoría espiritual, pero sí requiere, para su éxito, que logre que la política y los políticos no influyan en su gestión. El recién nombramiento, por decreto, de periodistas y políticos en los consejos de las EDES es un mal augurio.
En las EDES existen mafias que, por la izquierda, y a cambio de una retribución, evitan que el usuario pague lo que consumió. Eso tan sólo se eliminaría volviendo a la fórmula que se estableció por sugerencia del Banco Mundial de nombrar administradores extranjeros con experiencia en ese negocio y que Segura se encargó de eliminar tan pronto pudo, pero ahora otorgándoles plenos poderes para que puedan resistir la presión política. Mejor alternativa sería entregar en alquiler la administración de las tres EDES a empresas con experiencia en cobros eléctricos en países pobres, como las que hay en Colombia, Chile y El Salvador. También se requeriría aplicar la ley que criminaliza el robo de energía, sobre todo a empresas grandes, ninguna de las cuales, por razones políticas, ha sido sometida a la fecha. Por supuesto, implica reducir las nóminas excesivas de las EDES y de la CDEEE y sustituir el PRA en los barrios pobres por la tarjeta Solidaridad para así evitar que en esas zonas operen empresas que no pagan electricidad. Los primeros esfuerzos para lograr que la gente pagara a cambio de recibir energía las 24 horas al día requirió el uso de sociólogos, religiosos, asociaciones de vecinos, etc. Luego en Edenorte y Edesur la práctica se politizó, otorgando la luz sin recibir previamente los cobros. Hay que volver a la fórmula inicial, ampliando el esfuerzo.
La medición del cobro, el célebre CRI (Cash Recovery Index) también se politizó pues, para mejorarlo, se negoció con grandes usuarios, robando esos clientes de las empresas generadoras, ofreciéndoles venderles por debajo del costo, para que así las ventas y también los cobros aumentaran y, consecuentemente, también el CRI, pero a expensas de aumentar las pérdidas de las distribuidoras, lo que incrementó los traspasos desde el presupuesto nacional. Las empresas públicas de electricidad requieren ser auditadas por compañías de prestigio internacional.
Las EDES llevan años recibiendo del presupuesto nacional tan sólo aportes para cubrir sus pérdidas de efectivo mas no recursos para inversión. Parte de los fondos del Banco Mundial y del BID deben invertirse en las distribuidoras para mejorar su capacidad de cobro. También debe publicarse el tan esperado reglamento para la venta de gas natural a autobuses y vehículos, sustituyendo gas propano, lo que reduciría el subsidio estatal.
En cuanto a la generación será difícil pedir a las empresas privadas actuales que aumenten su capacidad mientras se les adeude tanto dinero. Parte de ese pasivo devenga hoy día un 12% de interés. Una segunda emisión de bonos, como la de enero pasado, lograría recursos con qué repagar la deuda cara, sin que aumente la deuda total del sector público y generando ahorros, al lograrse tasas de intereses inferiores al 12%. Sería más económico y rápido lograr que las actuales cuatro plantas de carbón y de gas natural se expandan, que instalar nuevas con muelles nuevos.
Con China se podría hacer lo que logró Oscar Arias de Costa Rica: reconocer a ese gobierno en lugar de Taiwán, a cambio de ellos comprar US$400 millones en bonos de nuestra deuda pública, recursos que en nuestro caso se invertirían en una planta de carbón construida por los propios chinos y administrada por una de sus empresas privadas.
Lo del cable submarino de Colombia debe explorarse con profundidad. Si ellos ponen la plata y venden a Puerto Rico y a nosotros a precios competitivos, luce una buena apuesta. Parte de los recursos del BID y del Banco Mundial podrían re-prestarse a Ege-Haina para que construya el gasoducto para convertir a Cogentrix a gas natural. Recursos de esos dos organismos también podrían utilizarse para terminar la autopista energética sur-norte.
