Las declaraciones de las actuales autoridades de la Junta Central Electoral sobre los «escáneres la discordia» que no pudieron ser realmente utilizados en las elecciones del año 2016 y que tampoco podrán ser usados en el proceso eleccionario del año 2020, constituye a todas luces un expediente digno de ser tomado por el Ministerio Público e iniciar sobre este caso una profunda investigación que asigne responsabilidades a todos los involucrados en el mismo, pues envuelve un monto que ronda los cuarenta millones de dólares, dinero perteneciente a los contribuyentes.
La empresa privada que suministró los referidos equipos electrónicos argumenta que cumplió con lo contratado. Ella podrá decir todo lo que entienda, sin embargo, los resultados fallidos de estos escáneres deben mover a la Justicia dominicana también a investigar a esa proveedora, de la misma manera en que deberán ser investigados quienes en representación del Estado participaron en todo el proceso de licitación, adjudicación, contratación y puesta en operación de los referidos aparatos.
Antiguos miembros de la Junta Central Electoral acaban de complicar aun más este expediente al dar a conocer que la decisión de comprar los escáneres no contó con el apoyo del Pleno, sino que el anterior presidente del órgano electoral dominicano, doctor Roberto Rosario Márquez, fue quien personalmente lo decidió.
No tiene otra salida el Ministerio Público que no sea asumir este expediente y liberar a los dominicanos del abusivo pago de aproximadamente cuarentena millones de dólares por unos equipos que no han servido absolutamente para nada. De no actuar la Procuraduría en el referido caso, se estaría enviando un mensaje muy negativo al funcionariato con el cual se le diría que pueden contratar bienes y servicios sin consecuencia, aunque sea detrimento del fisco.