En el marco del Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio el pasado 9 de junio, el director del INTRANT, Hugo Beras, avisó nuevamente que la segunda etapa de regularización de motocicletas será anunciada en 40 días.

Es importante resaltar que actualmente la República Dominicana atraviesa uno de los períodos más peligrosos del transporte terrestre, siendo el país número uno del mundo en fatalidades relacionadas.

De estos accidentes por cada 10 ocurrencias 6 involucra un motociclista. Es un problema de seguridad vial y afecta la vida de muchos dominicanos que circulan en todo el territorio. Sin embargo, la alarmante tasa de fallecidos en motocicletas se debe más a un tema de educación vial y comportamiento, que de registro o de problemas en la vía.

Las imprudencias, el alcohol y el manejo temerario a bordo de las motocicletas cobraron 1,498 vidas en 2022.

Lo ejecutado en 2021 fue un plan piloto de regularización de motocicletas promovido por el Ministerio de Interior y Policía para «reducir los actos delictivos a bordo de motocicletas», dejando a cargo del INTRANT atribuciones de policía y seguridad ciudadana, sin estar habilitado por su ley rectora para ello.

Más allá de usurpar las funciones de otro órgano estatal, el INTRANT se dedicó a entregar una licencia de conducir paralela a la dispuesta por la ley atando un casco a su conductor y a su motocicleta, por el cobro de $600 pesos. Esta medida, traída de Colombia, resulto ser una política pública fallida, derogada por su gobierno por no haber movido los indicadores de seguridad en esa nación.

República Dominicana no es el caso colombiano donde el sicariato azotaba ese país a bordo de motocicletas, ni es el caso de falta registro. La ley 63-17 establece atribuciones exclusivas a la DGII para realizar y mantener el registro fiel de todos los vehículos de motor que ingresan al país, quien es la única llamada a emitir placas y regular todo el transporte registralmente.

La regularización referida es un proceso realizado al margen de la ley por el INTRANT, usurpando atribuciones de otro órgano, imponiendo un tributo y multas no establecidas por la ley, y por demás ejecutando una medida demostrada fallida en el único país del mundo donde las motocicletas tenían tal trato.

En República Dominicana resulta ser más un procedimiento recaudatorio que uno para mejorar la situación del tránsito o de la seguridad vial. Al momento esa regularización ya ha recaudado cerca de mil millones de pesos sin conocimiento de su paradero.

Queda la cuestión de cómo resolver este problema que nos afecta tanto. ¿Qué hacer para mejorar la situación del tránsito en nuestro país? En nuestra opinión corresponde fiscalizar con mano dura lo ya dispuesto por la ley. Además, llamar a capitulo a los importadores de motocicletas y a las plataformas digitales de transporte de pasajeros y carga.

Toca desestimar el dislate cometido en contra de los motociclistas en estos dos años por irregular y contrario a la ley, donde se han cometido hasta violaciones a los derechos fundamentales. Repetir la misma medida no surtirá otro efecto ni moverá los indicadores de seguridad ni reducirá las muertes relacionadas. El problema de República Dominicana es de cultura y educación, no registral. Debemos atacar el comportamiento y aplicar la ley.