El avance institucional del país ha ido neutralizando la parte negativa de la influencia  que los procesos electorales ejercían sobre la dinámica económica. Años atrás, cualquier período electoral paralizaba las inversiones y sumía a la economía en una especie de letargo. Y para mayor perjuicio, el clientelismo político durante esa etapa, por la caza de votos,  descontrolaba el gasto público en perjuicio de las finanzas del Estado.

Los tiempos han cambiado mucho y  de manera expresa  el Gobierno  adopta medidas para evitar que el proceso electoral afecte la economía, y garantizar de ese modo su estabilidad. El ministro de Hacienda, Daniel Toribio, informó que como parte de la estrategia con ese propósito, se decidió reducir el gasto público, no hacer inversiones en obras que puedan tener efecto en dos o tres años, así como impedir   el clientelismo político desde las instituciones gubernamentales.

 Tal parece que estamos  en una fase del desarrollo institucional que necesitaba el país. En medio del proceso electoral, la actividad económica, las inversiones locales y extranjeras, y los planes de reinversión, han mantenido su marcha normal. Y el Gobierno, de manera expresa, pone en marcha estrategias para garantizar estabilidad económica sin influencias negativas  del activismo electoral. El fantasma quedó atrás.

Proteger al productor local

Año tras año, los productores de ciertos renglones agrícolas viven la  zozobra de que se autorizan importaciones que deprimen los precios.

 Esta vez, los productores de cebolla de la  provincia Peravia, agrupados en la Federación de Campesinos  Banilejos (Fecaba), están alertando al Gobierno de que no debe autorizar importaciones del bulbo porque su cosecha, de más de 200 mil quintales, saldrá al mercado a partir del día 20 del presente mes.

Salvo en los casos en que  la producción local no alcance para satisfacer la demanda, sería malicioso que se autorice  importación de cebolla.

La importación debería tener la finalidad de cubrir déficit de abastecimiento. De otro modo, sería una operación artera que deprimiría los precios locales para obligar a los productores nacionales a vender a precios muy por debajo de sus costos.