No creo que exista en el mundo – salvo alguna que otra monarquía o dictadura autoritarias -un sistema constitucional en el que la Carta Magna no establezca que cualquier tratado o acuerdo internacional deba ser aprobado por el cuerpo legislativo. Es también, lógicamente, el caso de los Estados Unidos pero con la peculiaridad de que sus legisladores se abrogan el derecho, ciertamente legal, de en el proceso de discusión de la aprobación introducirle cambios a lo negociado – generalmente por un largo período – por su gobierno con la otra parte. De hecho si eso ocurriese inevitablemente lo pactado quedaría anulado porque solamente en la mente de legisladores estadounidenses encuentra espacio la idea que ellos modifiquen lo negociado, acordado y firmado y la otra parte lo acepte.

Por esa razón los presidentes de los Estados Unidos han reclamado del Congreso la aprobación de una fórmula legislativa mediante la cual el Congreso se compromete a discutir lo acordado y aprobarlo o rechazarlo pero no modificarlo. Es lo que la legislación norteamericana llama «Fast Track», oficialmente denominada Autoridad de Promoción Comercial (TPA, en inglés). Sin esa facultad el Ejecutivo no tiene autoridad moral para negociar porque la contraparte no va a involucrarse en un largo proceso negociador que puede resultar, con toda seguridad, estéril. Desde el mandato del presidente Roosevelt todos los presidentes, con la excepción de Richard Nixon, tuvieron ese respaldo legislativo.

El Presidente Obama acaba de recibir la aprobación del Congreso para que pueda negociar dos acuerdos comerciales de interés estratégico para Estados Unidos: el Acuerdo de Asociación Transpacífico – TPP – y el que se pretende con la Unión Europea. El TPA incluye a 12 países: México, Canadá, Japón, Chile, Perú – con los que ya tiene acuerdos vigentes – y Singapur, Malasia, Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Vietnam con los que no tiene acuerdo. Con la Unión Europea comprende a sus 27 miembros. La concesión es por tres años con prórroga a tres más, o sea hasta el 2021.

El respaldo a Obama le vino de los legisladores republicanos, ya que la mayoría de los demócratas se oponían al mismo porque su partido está más influenciado por los sindicatos que tradicionalmente han considerado que los acuerdos de libre comercio significan para EE.UU. la «exportación de empleos» por el desplazamiento de industrias que van a buscar salarios más bajos.

El presidente logra con este acuerdo un triunfo notable en una buena semana para el ejecutivo también matizada por el respaldo del Tribunal Supremo a su Obamacare o programa de subsidios de salud.