ROSARIO ESPINAL
La lucha ha sido larga y el proceso complejo, pero a la fecha, muchos países reconocen en su legislación el derecho a la interrupción del embarazo en determinadas condiciones.Entre las naciones del continente americano y el occidente europeo, la República Dominicana es una de las pocas que mantiene una legislación de absoluta penalización del aborto.

La mayoría de los países latinoamericanos lo permite en casos de violación sexual y riesgos de vida para la madre, y en muchos países de Europa Occidental, en Estados Unidos y Canadá el aborto es permitido en circunstancias más amplias.

La principal discrepancia de opinión sobre el aborto se centra en la adjudicación de derechos al feto o a la mujer. La posición radical contra el aborto, que sustentan de manera militante varias iglesias, entre ellas la católica, argumenta que el feto es una vida a preservar en toda circunstancia.

La posición contraria argumenta que, aunque el feto tiene el potencial de convertirse en un ser humano, la mujer embarazada es ya una persona y, por tanto, debe tener derecho legal a decidir si continúa o no con un embarazo en condiciones adversas, como los casos de violación sexual o peligro de muerte para la madre. En estas circunstancias, existe un amplio acuerdo en muchos países en proteger los derechos de la mujer sobre los del feto, razón por la cual, se ha despenalizado el aborto.

En los últimos meses, el Congreso dominicano discutió la aprobación de un nuevo Código Penal que contiene, entre otras disposiciones, la legislación referente al aborto. Los congresistas tuvieron la oportunidad de introducir modificaciones al código existente para reconocer el derecho de las mujeres dominicanas a decidir si interrumpen o no un embarazo por violación sexual o riesgos de salud, pero optaron por aprobar uno que penaliza severamente la interrupción de todo embarazo. Es una decisión muy lamentable que atenta contra los derechos humanos y reproductivos de las mujeres.

Ciertamente un feto tiene la posibilidad de convertirse en un ser humano y merece la mayor consideración y respeto.

Pero cuando hay que elegir entre los derechos de un feto concebido en una violación sexual y los de una mujer que sufre en carne propia los efectos traumáticos de una violación, no debería quedar duda a nadie sensible y sensato de cuáles derechos deben primar.

Una mujer violada debe recibir el respaldo, no el castigo, de la ley para decidir si completa o no el embarazo producto de un crimen sexual.

Sólo una sociedad abusivamente patriarcal, insensitiva, o sumida en una época cavernaria, como parece ser la dominicana, puede tener una legislación que obligue a las mujeres a completar un embarazo producto de una violación.

Vale enfatizar que la violencia sexual no es casual en ningún lugar. Naciones Unidas estima que en el mundo se comete, en promedio, una violación sexual por segundo. Además, hay que tener presente que las mujeres no violan sexualmente a los hombres, que los violadores no cargan nueve meses con un embarazo criminal, ni asumen responsabilidad paterna por sus acciones.

La disyuntiva de escoger entre los derechos del feto y de la mujer se presenta igualmente en los casos de riesgo de salud para las embarazadas. En estas situaciones, la legislación no debe penalizar a los médicos que por razones clínicas interrumpen un embarazo.

Se sabe muy bien que criminalizar el aborto no lo previene; por el contrario, lo convierte en un grave problema de salud para las mujeres que se ven obligadas a recurrir a métodos riesgosos para realizarlo. Los abortos inseguros causan anualmente en el mundo unas 70 mil muertes maternas.

Más aún, una legislación restrictiva del aborto perjudica particularmente a las mujeres de menores ingresos, porque las más ricas pueden viajar a otro país a hacerse un aborto legal y seguro. Por esta razón, la penalización total del aborto que contempla el nuevo Código Penal constituye un atentado contra los derechos humanos y reproductivos de las mujeres dominicanas, y, sobre todo, contra las pobres, que son la mayoría.

Tratar el tema del aborto es siempre difícil porque existe la idea de que quien defiende el derecho a interrumpir el embarazo está contra la vida y es inmoral. Pero no es así.

La diferencia de opinión consiste en abanderarse a favor de los derechos del feto en detrimento de las mujeres, o reconocer el derecho de la mujer a decidir si continúa o no con un embarazo en situaciones adversas, como la violación sexual o riesgos de salud para la madre.

En el festival de proyectos insensatos que aprobó el Congreso saliente en los últimos días está el nuevo Código Penal que criminaliza todos los abortos. Recae ahora en la conciencia del Presidente de la República observar o promulgar esta inhumana y desafortunada legislación.