A raíz del inicio de la crisis financiera global, cuyo origen fueron las hipotecas subprime en EU y el detonante la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, la receta recomendada a todos los gobiernos fueron políticas monetarias dirigidas a reducir los tipos de interés para estimular el crédito y abundantes estímulos fiscales para evitar una larga recesión o una depresión. Sin embargo, a pesar de que no hay riesgos inflacionarios a la vista y la crisis mundial no ha sido totalmente superada, ahora la receta se cambia a los ajustes para reducir los déficit y los índices de deuda pública.

La recuperación económica es frágil, en los Estados Unidos, a pesar de un crecimiento de 3% en el primer trimestre, se mantiene la tasa de desempleo en 9.7%, siguen cayendo los precios de las viviendas y del otro lado del Atlántico varias naciones de la Unión Europea confrontan una crisis de deuda, lo cual ha provocado el aumento del costo del endeudamiento a varios países y la necesidad de movilizar hasta 750 mil millones de dólares, entre la UE y el FMI, para socorrer a Grecia, España, Italia y otras naciones que podrían marchar camino al default.

En un escenario tan contradictorio, donde los Estados Unidos insistían en el mantenimiento de los estímulos fiscales, mientras varios países de la Unión Europea  aplicaban recortes, se produjo la reunión del G-20 cuya conclusión principal fue la eliminación de los estímulos fiscales  y aplicar recortes en el gasto con la finalidad de reducir a la mitad el déficit público en el 2013 y disminuir el nivel de la deuda en relación al PIB  a partir del 2016, a riesgo de que un recorte mundial del gasto podría tener un impacto demoledor sobre el proceso de recuperación en marcha, aunque con diferentes velocidades dependiendo del país en cuestión.

En República Dominicana a lo largo del año pasado el Banco Central  aplicó una política monetaria flexible que permitió reactivar el crédito y por vía de consecuencia estimular las actividades económicas, mientras los estímulos fiscales debieron esperar a la firma de un acuerdo con el FMI en octubre pasado, pero desde la primera carta de intención del programa se establecía que dichos estímulos, básicamente con recursos externos, comenzarían a reducirse en la segunda mitad del año, lo cual, unido a varias medidas fiscales y en el sector eléctrico, permitiría concluir el 2010 con un déficit (modificado en la primera revisión del programa) del Gobierno central de 2.8% y el consolidado para todo el sector público de 4% del PIB.

En un escenario de recorte mundial de los gastos, la economía dominicana podría verse afectada en sus exportaciones, remesas y turismo, y solo el cumplimiento del programa con el FMI garantizaría mantener a raya el déficit fiscal, reducir el nivel de deuda en relación al PIB, seguir mejorando la clasificación crediticia del país y poder acceder a fuentes externas de financiamiento en caso de un enfriamiento en el crecimiento global.