POR JESÚS DE LA ROSA
El Sistema dominicano de instituciones de educación superior está integrado por treinta y tres universidades, cinco institutos superiores especializados, y cinco institutos técnicos superiores. De ellas, cinco son estatales: la Universidad Autónoma de Santo Domingo; el Instituto de Estudios Superiores Salomé Ureña; el Instituto Superior de Agricultura; el Instituto Politécnico Loyola; y el Instituto Tecnológico del Cibao Oriental.

Está en agenda del Consejo Nacional de Educación Superior una solicitud de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas de reconocimiento del Instituto Nacional para la Defensa como instituto superior especializado. De ser aprobada dicha solicitud, se elevaría a seis el número de establecimientos estatales de educación superior.

De acuerdo con lo especificado en el Art. 90 de la Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ¨el Estado dominicano tendrá la responsabilidad de financiar la educación superior pública y de contribuir al financiamiento de la privada ¨ También es responsabilidad del Estado dominicano mejorar, flexibilizar y transformar la gestión de las instituciones de educación superior, la ciencia y la tecnología del país, mediante la adopción de políticas de financiamiento apropiadas que garanticen el acceso, la equidad y solidaridad en la distribución de los beneficios que se derivan de la formación superior.

De acuerdo con lo especificado en el Art. 91 de la Ley a la cual hacemos referencia, el Estado dominicano, además de subvencionar las instituciones privadas de educación superior, deberá invertir en el sostenimiento de las universidades estatales una suma anual equivalente a no menos del 5% del Presupuesto de Ingresos y ley de Gastos Públicos.

Las partidas presupuestarias destinadas a la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología deberán alcanzar para financiar al menos las actividades más importantes de esa dependencia estatal: administración, supervisión y regulación del Sistema; programa de asignación de fondos a las universidades estatales; programa de contribución al financiamiento de la educación superior privada; programa de financiamiento de proyectos de investigación; programa de sostenimiento del sistema nacional de crédito educativo; programa de financiamiento reembolsable a las universidades y centros de investigación; programa de asignación de becas; programa de formación y capacitación docente y de investigadores; programa de apoyo a las entidades científicas y tecnológicas; programa de financiamientos de proyectos de innovación tecnológica; programa de ejecución de proyectos de investigación e innovación tecnológica; y un programa de publicaciones científicas y tecnológicas.

¿A cuándo millones de pesos deberá ascender el presupuesto del 2007 de la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para financiar las principales actividades de esa dependencia estatal?

El presupuesto de gastos del año 2007 de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, incluyendo en él las partidas destinadas a las instituciones estatales de educación superior, deberá ascender a 15 mil millones de pesos, equivalente al 6.32% del Gasto Público o al 1.3% del Producto Interno Bruto.

Cumpliendo con las medidas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional, el Presupuesto de Gastos del Gobierno del año 2007 podría ascender a 237 mil, 221 millones de pesos, equivalente al 20.7% del Producto Interno Bruto; por lo que el Estado dominicano deberá invertir en el año próximo 11 mil 861 millones de pesos en financiar las cinco instituciones estatales de educación superior, entre ellas, la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

El gobierno deberá destinar partidas presupuestarias para el sostenimiento de las operaciones de la Secretaría de Estado de Educación Superior y para el financiamiento de las actividades de esa dependencia estatal, entre ellas, la de subvencionar las instituciones privadas de educación superior.

Pero, el gobierno del presidente Fernández también está obligado a emplear más de 600 millones de dólares en subsidiar la energía eléctrica; más 150 millones de dólares en subsidiar el gas licuado de petróleo; más de 500 millones de dólares en atender el servicio de la deuda pública; y no sabemos cuántos millones de pesos ni cuántos millones de dólares deberá el gobierno del presidente Fernández emplear este año en la construcción del puñetero Metro de Santo Domingo.

¿Los ingresos del Estado dominicano alcanzarán para cumplir con esas y con otras obligaciones tan urgentes como esas en el área de la salud, la vivienda y la protección del medio ambiente?

Claro ésta, que los ingresos del Estado dominicano no alcanzarán para satisfacer todas esas necesidades; que el gobierno del presidente Fernández se verá obligado a establecer un orden de prioridades en sus gastos; y que en la medida en que más necesidades de los dominicanos y dominicanas puedan ser satisfechas con los haberes del Estado, el mandatario tendrá más o menos éxito en sus iniciativas de gobernante.

Las titulares de la secretaría de Educación y de Educación Superior, las maestras Alejandrina Germán y Ligia Amada Melo, se muestran muy esperanzadas de que, en el año 2007, los presupuestos de sus respectivas carteras van a ser aumentados. Rectores de universidades y de otras instituciones de educación superior le exigen al presidente Fernández que, en apego a su discurso, disponga de mayores inversiones en educación. Esas personalidades dudan que aquí se desarrollen políticas de estado para desarrollar la educación superior más allá de los impulsos coyunturales.

La Oficina de Planificación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo formuló para el año 2007 un presupuesto de gastos de la Academia ascendente a 6 mil 57 millones de pesos. El documento fue elaborado tomando en cuenta la ejecución de programas de investigación y de proyectos que contemplen nuevas carreras técnicas en las áreas de ingeniería, turismo, agropecuaria, y en la de tecnología de producción de alimentos.

Del gobierno del presidente Fernández actuar con apego a la Ley 139- 01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en lo referente al financiamiento de las instituciones estatales de educación superior, y de satisfacer los requerimientos presupuéstales de la UASD, el gobierno dispondría de 5 mil 804 millones de pesos para financiar el politécnico Loyola, el Instituto Superior de Agricultura, el Instituto Superior Salomé Ureña, y el Instituto Superior y el Instituto Tecnológico del Cibao Oriental.

Como bien lo ha expresado el presidente Fernández en varias oportunidades, en un mundo globalizado abierto a la competencia internacional, el desarrollo de un país se sustenta en el crecimiento de su economía como único modo de elevar el bienestar de su población. Para ello, se requiere elevar la calidad de la mano de obra local al nivel de calidad de la de los países que compiten con el nuestro en los mercados internacionales.

La Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCYT) ha tratado de alinearse con la visión de desarrollo y crecimiento económico que tiene el presidente Fernández; pero, la escasez de recursos no le ha permitido a esa dependencia estatal realizar un trabajo mejor. Los logros más significativos de esa cartera han estado centrados en actividades como las de ofertarles a los investigadores y científicos de las instituciones de educación superior fondos concursables para la investigación y a los estudiantes y profesores de esas instituciones becas para estudios en el país y en el exterior. Pero, las actividades más importantes, como las de fomento e incentivo, la concertación y ayuda a las instituciones de educación superior públicas y privadas, la SEESCYT no ha podido realizarlas a plenitud con las escasas partidas presupuestarias de las que dispone. 

El nivel competitivo de un país es un concepto relativo medido en función de las capacidades desarrolladas en otros países y en otros espacios geográficos.

A fin de comparar los gastos del sector público en educación superior en los distintos países, los cálculos suelen hacerse en relación con el gasto por alumno. Las estadísticas al respecto se enfrentan con diferencias subyacentes en cuanto a las circunstancias y a los métodos de acopio de datos. No obstante, si se interpretan con cautela, esas comparaciones internacionales pueden ofrecer una perspectiva de las tendencias del gasto en la educación superior en cada país o en cada región.

En América Latina y el Caribe, los gastos ordinarios anuales por estudiante ascendieron en el 2004 a 1400 dólares por estudiante.

¿En caso de que el gobierno del presidente Fernández cumpla con los requerimientos de Ley en cuanto al financiamiento de la educación superior, a cuánto se elevarían, en el año 2007, los gastos ordinarios por estudiante?

Esos gastos se elevarían a 1384 dólares por estudiante. Y de ser así, en cuanto a gastos ordinarios por estudiante, estaríamos situados muy cerca del promedio de América Latina y el Caribe, lo que sería un gran logro para la juventud dominicana deseosa de un mañana mejor.

La investigación científica y aplicada es el talón de Aquiles del Sistema dominicano de instituciones de educación superior. En las pocas universidades dominicanas donde se registran actividades de producción de conocimiento, los porcentajes asignados a investigación de los presupuestos de esas instituciones oscilan entre el 1 y el 1.74 por ciento.

Algunos funcionarios del área económica del gobierno del presidente Fernández en ocasiones han expresado que en el año entrante las mayores partidas presupuestarias serán destinadas a la educación, a la salud, a la agricultura y a la vivienda. Otros, en cambio, hablan de que los presupuestos de la secretaría de Educación y la de Salud Pública  no serán tocados, como queriendo decir que, en el año 2007, los presupuestos de esas dos dependencias estatales ascenderán a las mismas sumas que los de este año a punto de finalizar.

¿Qué pasaría si el sistema dominicano de instituciones de estudios superiores continua siendo uno de los peores financiados de la América española?

Estaríamos frente a un sistema impositivo regresivo en el que el financiamiento público a la educación sería tan bajo que implicaría en la práctica una redistribución regresiva de ingresos de los grupos económicamente menos favorecidos que invierten menos en educación hacia los grupos de altos ingresos que invierten más y permanecen más tiempo en el sistema. Si esto sucede, la ¨ mentada democracia ¨ sería poco menos que la expresión política de las ventajas que disfrutan los menos en perjuicio de los más.

Terminamos de escribir este artículo en los precisos momentos en que el presidente Leonel Fernández le comunicaba al país a través de una cadena de emisoras de radio y televisión su intención de materializar un proyecto de reforma fiscal que le generaría ingresos adicionales al Estado dominicano por 17 mil millones de pesos. El anuncio del mandatario aumenta las esperanzas de que en el año 2007, el gobierno aumenta sus inversiones en educación.

Lo económico no es el único problema que afecta a nuestras instituciones de educación superior. Amén de ese, tenemos muchos otros que enfrentar. A ellos nos referiremos en una próxima entrega.