El país dispone hoy de toda una variedad de instituciones de educación superior. Las hay confesionales y laicas; públicas y privadas; monotemáticas y multidisciplinarias; presenciales y a distancia. En fin, hay para todos. Pero, esa rica heterogeneidad institucional no está exenta de dificultades. Aquí conviven y compiten entre sí universidades e institutos tecnológicos, centros comunitarios y de estudios avanzados. Todas esas  instancias de estudios superiores se disputan, junto al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, un magro presupuesto de alrededor de 8 mil millones de pesos, 0.36% del PIB, menos de una tercera parte de lo consignado en la Ley 139-01.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo demanda para su desenvolvimiento mucho más recursos económicos de lo que actualmente el gobierno le asigna. El presupuesto de la Universidad estatal de este año  es de apenas 5 mil 300 millones de pesos, equivalente al 1.2% del Presupuesto de Gastos del Gobierno y a  0.25% del PBI.  La UASD es una universidad nacional presente en 16 de las 31 provincias del país. Su población estudiantil es de 184 mil, 838 estudiantes. Es la quinta universidad más poblada de la América española. Debido a la remodelación de su infraestructura física, y a la adquisición de soportes tecnológicos de última generación, sus gastos operacionales se han incrementado considerablemente en los últimos años. La falta de recursos suficientes para buen desenvolvimiento de sus actividades causa serios problemas a lo interno de la Universidad Primada, lo que da origen a voces que sugieren esquemas de organización verticales y jerárquicos como modelo eficiente de administración universitaria.

Con las excepciones de los de don  Antonio Guzmán  y de Leonel Fernández, los recursos económicos otorgados por los  gobiernos a la UASD  han sido  a regañadientes y en monto cada vez más insuficientes. La presión social, la crisis de valores y la duda sobre la misión de la Universidad han contribuido a reforzar esas reacciones de los gobiernos frente a la demanda de recursos de la Universidad estatal. 

Nuestras universidades y demás instituciones de educación superior están siendo evaluadas por organismos internacionales de ayuda y cooperación  según estándares y normas provenientes de países desarrollados. Y, por añadidura, estamos aceptando esas mediciones como si de  referencias o normas obligadas se tratase. Para darnos cuenta de ello, bastaría con leer con detenimiento el Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la educación superior en la República Dominicana. Es que a veces nos mostramos muy dados a aceptar con ligereza normativas foráneas.  A ello nos referiremos en próximas entregas.