Hoy 
FAUSTO MOTA GARCÍA
Es procedente convenir que desde hace muchos años, esencialmente en las ultimas tres décadas, he escuchado, leído y participado de tertulias, talleres y seminarios en los que ha quedado establecido con la categoría de las cosas resueltamente discutidas y aprobadas «que sólo los pueblos que invierten lo necesario en su educación son los que logran desarrollarse». En un análisis más general y abarcador hoy se afirma que la inversión en educación es una condición necesaria, pero no suficiente, para conseguir la calidad que proporcione competencia, crecimiento y progreso.
El financiamiento de la educación es un tema en el cual se ha centrado el debate en diferentes esferas de la sociedad dominicana. Es oportuno detenernos en estas dos ideas que parecen contraponerse, en lo concerniente al tema, y que en realidad ambos enfoques no son excluyentes, ni se oponen entre sí, más bien se complementan satisfactoriamente. Cabe subrayar que, ciertamente, no es posible lograr una educación pertinente, equitativa, de calidad, moderna e innovadora, científica y renovadora, con un adecuado currículo, fundamentada en valores y con maestros bien formados, actualizados y motivados, con infraestructuras adecuadas y los libros de textos necesarios, si no contamos con una inversión suficiente y sostenida destinada al quehacer educativo en la asignación presupuestaria.
En justicia, se puede afirmar por otro lado, que aunque se cuente con la más alta de las asignaciones posibles del PIB y/o del Presupuesto Nacional, ese sólo elemento no garantiza la calidad anhelada y exigida. ¿Cuál es entonces el enigma a descifrar? Es necesario conjugar y enlazar una serie de factores determinantes para que la sociedad conquiste ese peldaño, el cual indudablemente, constituye la zapata del equilibro, la equidad y la productividad de cualquier nación.
Un análisis de rutina de estos tiempos globalizados demostraría que muchos países con menor disponibilidad de recursos para la educación tienen mejor desempeño y mayores niveles de calidad, que otros con asignaciones más elevadas, lo cual, obviamente no constituye la regla, pero evidencia que no puede reducirse a esa sola condición el obtener la optimización del sector educativo.
Después de definir categóricamente la política educativa y de asegurar la asignación de los recursos económicos suficientes, el elemento cardinal para lograr los estándares de calidad requeridos lo constituye la elaboración de planes y proyectos viables, con el propósito común de trabajar sin vanguardismo en una amplia y bien pactada concertación, para dar el salto cualitativo que implica transformar la plataforma gerencial-administrativa y pedagógico que nos permita pasar de una política de gobierno a una política de Estado.
Hay que superar la simpleza que implica repetir que en los últimos treinta años todos los gobiernos han disminuido sus gastos en educación en nuestro país. Es hora de fortalecer la acción y sumar voluntades, para lograr en la práctica la inversión necesaria y que la misma sea administrada con eficiencia y eficacia mediante la supervisión y monitoreo sistemático. La sociedad civil debe poner su contraparte enmarcada en la disposición y vigilancia para poder cosechar los frutos esperados.
En correspondencia a estos últimos planteamientos recientemente se contrajo frente al pueblo un gran compromiso que puede servir de punto de partida. Me refiero a la Declaración General aprobada en el Congreso del Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación Dominicana. Allí se acordó, entre otros aspectos que «una revolución educativa implica una sostenida y sostenible inversión en educación. Y que en ese sentido el Estado debe destinar los recursos necesarios y suficientes para garantizar el financiamiento que requiere el Sistema Educativo Dominicano en todos sus niveles y modalidades».
No estuvo ausente la solicitud enfática de que se incluya en el texto de la Constitución de la República la educación, vista como una prioridad nacional, y también la proporción del PIB y/o del Presupuesto Nacional para cada uno de los subsectores del área educativa, en la intención de otorgar mayor fuerza legal a una inversión suficiente. Es inteligente, y procedente en esta perspectiva, apropiarse del planteamiento que autoridades y las diferentes fuerzas vivas de la nación han aprobado y hacerlo cumplir. Las necesidades financieras y de políticas educativas están diagnosticadas, las intenciones están expresadas, el compromiso está debidamente asumido. Ahora es ocasión oportuna para dar un paso firme y decidido al frente, para iniciar la revolución educativa en ruta a nuevas oportunidades y desafíos, a través del trabajo continuo, la cooperación, de fe en las cosas definidas, y de una práctica rica y enaltecedora de vivencias estimulantes.
