En estos momentos en España hay cientos de dirigentes políticos, empresarios, líderes sindicales y figuras de gran importancia que han sido acusados de practicar la corrupción.
Las imputaciones son cohecho, falsedad de documentos, negociaciones prohibidas por la ley, malversación de fondos, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
También hay funcionarios sometidos por ejercer los cargos sin presentar la declaración jurada según establece la ley. Tal es el caso de Mariano Arévalo, del PSOE. Un modelo muy común es el de subvaluación de los recursos en la adjudicación de obras públicas.
La obstrucción a la independencia de la justicia figura en la lista.
En 127 casos analizados, se nota que el modus operandis de los corruptos es virtualmente el mismo.
Pero cuando hacemos una comparación, pues nos damos cuenta de que la forma en que se estafa a un Estado es algo prácticamente global.
Por lo tanto, no hay que hacer un esfuerzo extraordinario ni descomunal para poder ver cuando un funcionario mete la mano en el erario.
La práctica prospera porque se apuesta a que habrá impunidad, que la justicia no cumplirá con su papel, apresando, sometiendo y mandando a la cárcel a los culpables.
Y no sólo enviarlos a la cárcel sino hacerlos que devuelvan el más mínimo centavo robado.
Resulta asqueante e indignante ver cómo individuos estafan al pueblo y siguen como si nada hubiera pasado, comprando vehículos de lujo, comiendo a la carta, vistiendo fino, comprando buenas casas y dándose una vida de placer.
Mientras esto ocurre, los pobres no tienen medicinas, educación, servicios y viven en constante sobresalto. Sin un futuro decente.
¿Qué será lo que llevará a que un día esta maldita condición cambie? Esto apesta hasta lo sumo.