I-PREAMBULO:

A mi corta edad, el acontecimiento más alarmante, entre otros,  ha sido el dispendio financiero en las campañas políticas.

Los ciudadanos, preocupados por este dispendio, estamos dispuestos a pensar que la palabra «reforma» es sinónimo de «mejora». Paradójicamente,  lo que se llama «reforma del financiamiento de campañas» es nada menos que un ataque frontal a la primera de nuestras libertades: la libertad de decir lo que pensamos y de participar en política.

Este ataque siempre se lleva a cabo de manera sigilosa, por parte de personas que pretenden que sólo quieren regular el dinero, no la expresión. Dicen que sólo les preocupa la cantidad de dinero en política. O sea, ¡Hay demasiado dinero en la política!

Sin embargo, los postulantes de estas reformas están diciendo tres cosas muy solapadamente:

Primero, dicen que hay demasiado discurso político; en segundo lugar, dicen que conocen la cantidad justa de discurso político; y tercero, dicen que el gobierno debería imponer los límites, a su acomodo,  a la cantidad de discurso político. Es decir, el gobierno debería regular el discurso de las campañas políticas. Claro, todo giraría en torno a la disponibilidad y distribución de los fondos de campaña.

En las últimas décadas, los proponentes de dichas reformas han socavado la garantía de libertad de expresión con el control de la prensa y sus órganos de difusión. Además de utilizar los algoritmos digitales para socavar a oponentes y simpatizantes.

 Lo han hecho con varias y diversas leyes de financiación de campañas, como limitar la cantidad de dinero que un individuo puede dar a un candidato, topes a los gastos de campaña, etc.

Basados en argumentos plausibles y, a veces arteros, admiten que lo que quieren realmente es restringir la libertad de expresión, lo cual es incompatible con la nuestra Constitución.

Bueno, sabemos esto: cada ley de financiación de campañas que ha existido o existirá alguna vez ha sido, será, redactada por legisladores en ejercicio. Es decir, todas las leyes que regulen las campañas favorecerán la reelección de los Legisladores y/o al proponente presidencial de turno.

Lo anterior revela que éstos tienen enormes ventajas electorales derivadas de los requisitos de su cargo:

a)- Reconocimiento de su nombre, por su impronta política y administrativa.

b)-Un catálogo de favores hechos a sus electores, usando los fondos públicos a su disposición.

c)-Acceso a informaciones privilegiadas de sus opositores y conmilitones político-partidistas.

 Por lo tanto, los gobernantes generalmente no necesitan gastar tanto dinero como sus rivales. De ahí que los Organismos Rectores Electorales, afines al establishment gobernante, redacten leyes que dificulten la recaudación de fondos.

Quienes abogan por restringir la cantidad de dinero que podemos aportar a los candidatos, o cuánto dinero pueden gastar los candidatos en las campañas, siempre dicen lo mismo: «Sólo estamos restringiendo la fuente, no el destino”. Para ellos el dinero no es discurso.

Para ver cuán insulsa es esta distinción, consideremos lo siguiente:

 Los medios sociales y empoderados dicen constantemente que el dinero no es expresión y que, por lo tanto, se puede restringir el gasto de dinero sin restringir la libertad de expresión.

Ahora bien, supongamos que los conservadores controlaran el Congreso y dijeran: Nosotros nunca restringiríamos la libertad de estos medios para ejercer el periodismo; sólo vamos a restringir la cantidad de dinero que el Gobierno puede gastar en estructurar sus plataformas informativas. Entonces, ¿Esto podría incluir el soporte económico, a través de la publicidad contratada y colocada en estos medios? : ¡JAMAS!

¿Creen Ustedes, amigos Lectores que estos medios estarían contento con esto?

¿Dirían ellos: Eso está bien, porque sólo están regulando nuestro derecho a gastar dinero, no nuestro derecho a difundir? ¡CLARO QUE NO!

Esto así, debido a que el dinero es indispensable para que su discurso sea eficaz y llegue a TODA la población. Eso es cierto, y también recurrente, con nuestros niveles de educación académica y conceptual.

Sin suficiente dinero, ningún candidato puede hablar ante toda una comunidad y,  ningún candidato tampoco puede comunicarse con todo un país.

De ahí que, ningún candidato presidencial puede presentar sus argumentos ante nuestra nación sin el apoyo logístico de los sectores mencionados. ¡PUNTO!

Además, contribuir económicamente con los candidatos es una de las formas más comunes de participación política. Por lo tanto, restringir las contribuciones a las campañas reduce la participación participativa. Lo importante es como se canalizan estos recursos.

NOTA 1.: el Billón de los países de habla inglesa equivale a 1.000 millones: un 1 seguido de 9 ceros: 1.000.000.000. Mientras, los billones en español equivalen a un millón de millones, es decir, a un 1 seguido de 12 ceros: 1.000.000.000.000.

I-CASO NORTEAMERICANO:

Exploremos pues,  el gasto en publicidad política en los Estados Unidos durante los ciclos electorales de 2020 y 2024:

1. Ciclo electoral 2020:

a)-En 2020, el gasto en publicidad política alcanzó aproximadamente USA$11 mil millones de dólares. En particular, dos multimillonarios demócratas autofinanciados, Michael Bloomberg y Tom Steyer, contribuyeron significativamente a esta cifra al gastar casi USA$900 millones de dólares en ANUNCIOS PUBLICITARIOS durante las primarias demócratas.

NOTA 2.: La carrera presidencial representó una parte sustancial de este gasto, como suele ocurrir. Sin embargo, el gasto general fue significativamente menor que lo que estamos presenciando en el ciclo actual.

   2. Ciclo electoral 2024:

      Se prevé que el ciclo electoral de 2024 será el de dos años más caro de la historia política. PROMOIMPACT, una empresa que rastrea el gasto en publicidad política predice que las campañas y los grupos externos gastarán:

      a)-USA$2.9 mil millones de dólares en anuncios sólo en las elecciones presidenciales.

      b)-USA$$3.5 mil millones en las elecciones al Senado.

      c)-USA$$2.9 mil millones en elecciones para la Cámara.

      d)-USA$565 millones en elecciones para gobernadores estatales.

      e)-USA$3.3 mil millones de dólares en otras argucias electorales como el Ballot Harvesting (“cosecha de votos” de militantes), campaña de descredito etc.

      f)-Se estima que el gasto total proyectado para 2024 superará los USA$13,2 mil millones, lo que representa un aumento del 20 % con respecto al gasto de 2020. Este aumento está impulsado por la carrera presidencial y el aumento del gasto en publicidad en las primarias republicanas.

   3. Gasto en publicidad presidencial en las elecciones generales: Más de las tres cuartas partes del gasto proyectado en las elecciones generales se concentrarán en siete estados indecisos: Pensilvania, Arizona, Georgia, Míchigan, Carolina del Norte, Nevada, Wisconsin, Florida, California y el Distrito de Columbia (DC).

 NOTA 3.: Estos estados “PROGRE”, desempeñaron un papel crucial en las elecciones de 2020, y la mayoría de ellos pasaron de Donald Trump a Joe Biden.

En resumen, el panorama del gasto en publicidad política de EE. UU. ha evolucionado significativamente, y se esperan cifras récord para 2024. La influencia de los medios digitales, los estados indecisos y los cambios demográficos contribuyen a este entorno dinámico.

II-CASO VERNACULO Y CRIOLLO:

1: La Junta Central Electoral (JCE) estableció mediante la Resolución No. 6-2024 cómo “distribuirá”  los RD$2,520, 000,000.00 millones que están consignados en el Presupuesto General de nuestra Nación-Estado para este año 2024, para “amamantar”  los partidos, movimientos y agrupaciones políticas que participaron en las elecciones presidenciales y congresuales del 2020.

2: De acuerdo, a lo que establece la Ley 33-18 en su artículo 61, el 80 % debe ser repartido en partes iguales a los partidos que obtuvieron más del 5 % de los votos válidos emitidos. Es por esto que el organismo electoral entregará este año el total de RD$2,016 millones de pesos a los partidos mayoritarios:

3: Léase: Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD). Cada uno recibirá RD$504,160,000.

4: En tanto que los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC), Alianza País (ALPAÍS), Dominicanos por el Cambio (DxC), Unidad Nacional (PUN), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Humanista Dominicano (PHD) y Cívico Renovador (PCR) recibirán el 12 % por haber alcanzado más del 1 % y menos del 5 % de los votos en las últimas elecciones. Es decir, que cada uno recibirá RD$43,213,714.29 para un total de RD$302,496,000.03 pesos.

NOTA 4: Hasta aquí, la friolera de RD$806,656,000.03

5: Sin embargo el “reparto” no acaba aquí: Aquellos partidos que alcanzaron entre 0.01 % y 1 %, la JCE distribuirá entre todos RD$201,663,999.97 pesos correspondiente al 8 % de los fondos consignados, que repartirá de la siguiente manera:

6: Cada uno de los 15 partidos que participaron en las elecciones del 5 de julio de 2020 y que entran en esta clasificación, recibirán RD$13,058,570.49. Estos son los Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Liberal Reformista (PLR), Popular Cristiano (PPC), Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), de Acción Liberal (PAL), Revolucionario Independiente (PRI), Demócrata Popular (PDP), Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), Opción Democrática (OD), Movimiento Democrático Alternativo (MODA), Frente Amplio, Alianza por la Democracia (APD), País Posible, Unión Demócrata Cristiana (UDC) y Fuerza Nacional Progresista (FNP).

En Resumen: La única manera constitucional de reducir la cantidad de dinero invertida en política es reducir el papel de la política en la distribución del dinero. Si el gobierno no fuera tan grande, si no estuviera tan ocupado asignando riqueza y oportunidades a quienes tienen buenas conexiones políticas, entonces la política sería menos importante en nuestras vidas y se gastaría menos dinero en ella.

¡Que viva la DEMOCRACIA!