POR HÉCTOR GALVÁN
Acabo de leer en el periódico de internet Rosarionet, de Argentina, que el Fondo Monetario Internacional acaba de reconocer que cometió serios errores en la conducción de la política económica de ese país suramericano (ver http://www.rosarionet.com.ar).

Y esa experiencia nos viene como el anillo al dedo a los dominicanos cuando en estos momentos se está negociando un paquete de reforma fiscal con miras a restablecer un acuerdo con ese organismo internacional. Y resulta más oportuno cuando una misión de técnicos de ese organismo internacional visita al Congreso de la República para exponer sus puntos de vista sobre la reforma fiscal que está en ese hemiciclo pendiente de aprobación.

En un cable fechado el 30 de julio pasado, (de manera que se trata de una información bastante fresca y reciente), la oficina auditora del Fondo determinó que el organismo apoyó «políticas inadecuadas», que llevaron en 2001 a la mayor crisis histórica y al default más importante en todo el mundo. También criticó la falta de reacción de las autoridades argentinas.

Sostiene el cable que: «El Fondo Monetario Internacional (FMI) no denunció «las crecientes debilidades en las decisiones políticas de las autoridades y erró al apoyar políticas inadecuadas durante demasiado tiempo», según el informe de la Oficina de Evaluación  Independiente (EOI, por sus siglas en inglés), hecho público. El documento explica que los créditos ofrecidos por este organismo a Argentina desde enero de 2001 «sólo pospusieron la resolución fundamental de la crisis» y en su lugar podrían haber sido usados para mitigar sus efectos negativos».

Se agrega que fruto de esas erradas políticas económicas, la economía argentina se contrajo un 20 por ciento entre 1998 y 2002, con consecuencias devastadoras para la población, un 60% de la cual cayó en la pobreza.

El organismo evaluar sostuvo, siempre citando al periódico de internet argentino, que «la responsabilidad última de la política económica de un país miembro debe permanecer con las autoridades nacionales».

Es decir, que al final de cuentas, es responsabilidad de los gobiernos nacionales las decisiones resultantes que se tomen en el ámbito de las políticas económicas. Es como si se dijera, en otras palabras, que las autoridades del Fondo no tienen responsabilidad definitiva en las consecuencias de sus recomendaciones de políticas porque eso le cabe a sus autoridades locales.

La crisis argentina ocurrió cuando la política económica estaba bajo estrecho escrutinio del FMI, que había trabajado de forma continua en el país desde 1991 y lo había colocado como un ejemplo de «éxito» para la región.

El Fondo extendió líneas de crédito a los sucesivos Gobiernos -dirigidos por Carlos Menem entre 1989 y 1999, y Fernando de la Rúa de 1999 a 2001- y mandó a 50 delegaciones de economistas para asesorarlos entre 1991 y 2002.

El resultado final ha sido que el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), determinó que, de 2001 a 2002, la pobreza saltó «del 37,1% al 55%», pero, debido al impulso de la actividad económica, el porcentaje en la actualidad quedó en el 46%, según la última medición difundida por el Ministerio de Economía.

De manera que para las autoridades del Fondo Monetario Internacional es muy fácil decir después, con el tiempo, que «cometió un error», «se equivocó», con solo presentar un informe técnico, bien escrito, muy bien elaborado, sin embargo, para el pueblo argentino, y para su gobierno, no es lo mismo admitir, con apenas un informe, que las políticas del FMI fueron incorrectas: porque ellas significaron que millones de seres humanos fueron redujeran sus niveles de vida en forma alarmante.

La experiencia argentina debe servir de mucho a los dominicanos. Para ver que hay que saber negociar con los organismos internacionales. Que hay que dejar un margen de maniobra para las políticas económicas nacionales, para que no atenten contra las empresas nacionales ni contra los sectores de más bajos ingresos. El costo social de las políticas del Fondo deben ser evaluadas y ponderadas acuciosamente. Hay que manejarse con el Fondo con criterios de flexibilidad en términos de topes fiscales y de tiempo en la aplicación de los ajustes, para que sean graduales, no de tipo «shock», como ha ocurrido con otras experiencias.

Las autoridades nacionales, y en especial las nuevas autoridades, deben echarle un vistazo a la reciente experiencia argentina para que no le echen la culpa de los efectos sociales negativos de sus medidas económicas, que al final de cuenta son de su responsabilidad, el Fondo siempre «se lava las manos», se exculpa de cualquier decisión. Y sobre todo si hay el interés en mantener la popularidad y aumentar su cuota de poder en las próximas elecciones congresionales, y hasta mantenerse para las otras nacionales.