Con motivo de la gran crisis financiera del 2009 los Ministros de Hacienda de los grandes países, el llamado G-20, decidieron aplicar medidas keynesianas, es decir promover adrede déficits fiscales para aumentar el circulante y así estimular la demanda y sacar al mundo de una situación de poco crecimiento y alto desempleo.

Para el caso específico de los países emergentes como el nuestro el G-20 proveyó de recursos extraordinarios al Banco Mundial y al BID, así como al Fondo Monetario Internacional (FMI), autorizando también a este último, en contraste con su política tradicional, a prestar sin exigir mucha disciplina, o condicionalidad.

Fue bajo ese esquema que nuestro país, con el acuerdo de octubre del 2009, logró tomar prestado muchísimos recursos del BID, el Banco Mundial y el FMI, difiriéndose las condicionalidades hasta pasadas las elecciones congresuales de mayo del 2010.

La semana pasada, en Calgary, Canadá, durante la Reunión Anual de Gobernadores del BID, el Director del FMI para América Latina, Nicolás Eyzaguirre, planteó que los gobiernos latinoamericanos deben eliminar los estímulos fiscales y monetarios para así evitar que sus economías se sobrecalienten. Precisamente la última vez que el Directorio del FMI analizó el caso dominicano por lo menos uno de sus directores, según la nota de prensa, expresó preocupación por el sobrecalentamiento de la economía dominicana. El señor Eyzaguirre prosiguió: “Los gobiernos deben de terminar los programas utilizados para promover el crecimiento económico durante la crisis financiera del 2009 y los banqueros centrales tienen que aumentar las tasas de interés” (ya el dominicano lo hizo). Agregó: “Si usted se mantiene en un programa de estímulo y a eso se le añade lo que está llegando desde el exterior a través de altos precios de los ‘commodities’ y condiciones financieras muy fáciles, usted no tendrá suficiente fuerza para detener el sobrecalentamiento”. Explicó que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos “no han parado en su totalidad los estímulos con relación a los niveles previos a la crisis financiera, al tiempo que sus economías se han recuperado y apenas cuentan con un poco de capacidad ociosa”.

¿Qué significa esto para nosotros?  Que el FMI en sus nuevas negociaciones con los dominicanos nos va a exigir que reduzcamos el  déficit del gobierno, a pesar del alto precio del petróleo y la comida importada. Tanto Bengoa, el ex Ministro de Hacienda, en público, como el propio Presidente Fernández, en privado, se han quejado de que esa posición del FMI refleja una conservadora actitud de los gobiernos europeos, y sus directores en el FMI, mientras que la República Dominicana lo que debe seguir es manteniendo déficits financiados con endeudamientos externos e internos que es precisamente lo que, hasta hace poco, estuvo haciendo Estados Unidos.

El FMI sabe que en un año de elecciones presidenciales nuestra economía  es “desguañangada” por nuestros políticos  y que el acuerdo expira en febrero, tres meses antes de esas elecciones. En el acuerdo de octubre del 2009 se planteó que en el 2011 el gobierno operaría con superávits. Ahora se habla de reducir el déficit para salir de un programa de estímulos que ya afecta nuestra capacidad de endeudamiento. Una alternativa sería que, en vez de frenar mucho de aquí a febrero, extendamos el acuerdo hasta diciembre del 2012, para que la reducción del déficit por un mismo monto se logre en veinte meses en vez de diez.

Pero a ningún gobierno le gusta ir a elecciones bajo un acuerdo con el FMI. Sin embargo, los políticos bien enterados saben que operar sin un acuerdo, lo que implica cero préstamos de organismos internacionales y cero bonos soberanos, así como falta de confianza por parte del sector privado, es políticamente más costoso, en términos de votos, que seguir con el FMI.

Otros prefieren un gran apretón ahora y mano libre desde febrero.