Diez años han transcurrido desde el establecimiento del Marco Legal de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos y su artículo 20 que crea el Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR) ante Desastres Naturales. El propósito del Fondo es el de contribuir con la prevención, preparación y respuesta a emergencia. En ese mismo periodo no se evidencia el cumplimiento de la Ley 423-06 de Presupuesto de Ingresos y Gasto Público que asigna la proporción anual equivalente a 1% de los ingresos corrientes estimados por el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo a un análisis sobre el tema, los ingresos corrientes totales del Presupuesto de Ingresos y Gasto Público desde el año 2003 hasta el 2012 ascendieron a unos RD$ 2.49 trillones aproximadamente, de esta cifra global el Fondo de Contingencia (PMR) debió disponer de unos RD$ 24.9billones para su gestión operativa de prevención, preparación y respuesta. Pero aun más, para el 2013 los ingresos corrientes presupuestados se estiman en unos RD$380,132 millones, lo que representa una partida de ingresos al Fondo por RD$ 3,800 millones, en caso de cumplirse con las leyes descritas anteriormente.

Esta situación se mantiene en un momento en que para el mismo periodo de estudio han pasado 14 huracanes que han traído grandes afectaciones y daños a la infraestructura física y humana que superan unos US$700 millones de dólares. Esto sin contar los huracanes David (1979) y Georges (1998) que dejaron pérdidas humanas, materiales y económicas por US$ 5,800 millones, como muestra un estudio de la CEPAL.

Ante este cuadro, inexplicablemente la República Dominicana es de los pocos paises que carece de recursos en Fondo de Contigencia para trabajar el tema de prevención, preparación y respuesta a fenomenos naturales. Colombia invirtió en gestion de riesgos entre 2005 y 2009, USD$ 1.8 Billones, lo que indica el importante esfuerzo de los tomadores de decisiones en priorizar el tema. Actualmente, el país no evidencia un inventario de gastos realizados en el tema de redución de riesgos, el manejo de desastres, la identificación del riesgo y respuesta a emergencia, en parte porque las instituciones públicas, autónomas y descentralizadas no aplican partidas en sus presupuestos para acciones de reducción, control y respuesta a emergencias, tampoco el Presupuesto Nacional en los últimos diez años y el actual de 2013 han registrado partidas para nutrir de los recursos y por mandato de la Ley 147-02 el Fondo de PMR.

Llamamos la atención a la clase política y las instituciones públicas, autónomas y descentralizadas, para que asuman conciencia sobre la importancia de cumplir con estos Marcos Normativos, ya que la falta de recursos económicos, la inexistente planificación estratégica-operativa y de coordinación interinstitucional como guia para trabajar la Gestión de Riesgos, afecta significativamente todas las variables macroeconómicas del país, las inversiones de capital, las operaciones financieras, los procesos productivos, la dinámica del empleo, el ritmo de la productividad, la comercialización, precios y de crecimiento de la economia en su conjunto y sobre todo porque esta en juego la vida de los ciudadanos.

Lo recomendable en estos casos, es establecer los trámites de lugar para que la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) convoque a los miembros de la Junta Administrativa del Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (Art. 21), para inducir las causas y factores de retraso de los desembolsos, así como la gestión para su agilización y aplicación.

Que las cámaras legislativas pongan en agenda la discusión del Fondo Nacional de PMR, para que se pueda incorporar en el presupuesto complementario de este año la partida del 1% de los ingresos corrientes.

Informar a todos los actores nacionales e internacionales, públicos y privados que participan en los programas de gestión de riesgos que se vienen desarrollando a nivel nacional, para que asuman esta problemática en forma conjunta y se pueda cumplir con las responsabilidades y compromisos acreditados en este marco normativo (Ley 147-02).

El mayor problema que afronta este enfoque es la necesidad de tener políticas coherentes y propuestas de estrategias de intervención que permitan canalizar los recursos del Fondo Nacional PMR para la redución de riesgos con transparencia y rendición de cuentas en la programación y ejecución, ya que actualmente no se tiene claridad de este instrumento y las informaciones no están disponibles para el dominio público.