El fracaso de la mano dura

El fracaso de la mano dura

EDUARDO JORGE PRATS
Cada vez que aumenta la violencia causada por la delincuencia, mucha gente, principalmente políticos y personalidades públicas, reclaman la aplicación de “mano dura” contra los delincuentes. La vigencia de una cultura autoritaria permite a los políticos captar votos de un electorado sediento de soluciones radicales. Por su parte, los operadores del sistema penal -en especial sectores policiales-, con el apoyo expreso o tácito de algunos medios de comunicación, se sienten descargados de responsabilidad y expresamente autorizados para combatir la delincuencia con más delincuencia.

Y es que, en el fondo, lo que la mano dura significa es el retorno al sistema de venganza privada, tomarse la justicia en las manos, saltarse los procedimientos legales establecidos para la protección de los presuntos inocentes y las víctimas, y ejecutar a cuanta persona se considere un “antisocial”. Lógicamente, como el sistema penal reproduce las desigualdades del sistema social y las repotencia, las consecuencias prácticas de la política de mano dura sólo la sienten los marginados y los excluidos sociales, aquellos que, por su condición socioeconómica, son estereotipados como delincuentes peligrosos.

La legitimidad de este aparato de reproducción de la desigualdad social vía el sistema penal se funda en la asunción del pobre y del marginado como una clase social peligrosa. El etiquetamiento de este tipo de delincuente permite excluirlo del sistema de garantías penales (inviolabilidad de la vida, prohibición de torturas, debido proceso) y tratar al mismo como un infrahumano conforme a la misma lógica del campo de concentración, como bien ha explicado Agamben, sobre las huellas de Foucault.

Sin embargo, hay todo un sector, cada día más extendido, de la doctrina penal y de la opinión pública que critica el discurso y la política de la mano dura. Más allá de la evidente injusticia e ilegalidad de éstos, por lo menos desde la óptica de un Estado de Derecho, es claro que la mano dura no logra controlar la criminalidad. Ello así, en primer lugar, porque el actual sistema reproduce ad infinitum el número de delincuentes y de estereotipos delincuenciales fundados en la pobreza y en la marginalidad. En segundo lugar, porque la mano dura no enfrenta la delincuencia organizada, transnacional y de cuello blanco que, por su poderío, escapa a una política diseñada para combatir sectores vulnerables. Y, en tercer lugar, porque esta política perpetúa el atraso policial e impide la reforma, tecnificación y fortalecimiento del cuerpo policial. Se puede decir, en consecuencia, que la mano dura ha sido un fracaso y la mejor evidencia de ello es que, tras cientos de muertos, heridos y lisiados a consecuencia de “intercambios de disparos” y disparos a las rodillas, el nivel de violencia y criminalidad, lejos de haber disminuido se incrementa, como revelan los reportes de la prensa y las precarias estadísticas disponibles. El único éxito que puede exhibir la mano dura es la percepción de seguridad que produce una política que se inscribe claramente en la lógica del cortoplacismo del Derecho penal simbólico y del autoritarismo del Derecho penal del enemigo.

Es por todo lo anterior que, como candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Social Demócrata, he propuesto una Ley de Seguridad Ciudadana que sirva de marco legal a la reforma, fortalecimiento, democratización y tecnificación de la Policía, así como a la creación de un sistema de seguridad ciudadana que permita integrar efectivamente la ciudadanía a la labor de prevención del delito y trazar una eficaz criminal.

Necesitamos más y mejores entrenados policías en las calles que puedan proteger eficazmente a las personas, investigar más adecuadamente los crímenes y velar por la integridad de las escenas del crimen. Necesitamos que las organizaciones comunitarias, cercanas a las demandas sociales de los ciudadanos, puedan participar en el diseño, ejecución y fiscalización de la política de seguridad ciudadana que, al lado de las políticas económicas y sociales, necesita todo país civilizado. Se requieren más recursos humanos y materiales pero, sobre todo, se necesita la voluntad política y social necesaria para combatir la delincuencia sin socavar las libertades que tanta sangre y esfuerzo han costado a los dominicanos. En fin, los dominicanos y las dominicanas queremos vivir decentemente en orden, pero también en libertad.

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