FABIO R. HERRERA-MINIÑO
Los funcionarios gubernamentales, que ha tenido el Estado en los últimos diez años, han demostrado que no son muy buenos negociadores en lo referente a los contratos concertados para las concesiones viales, en que ha sido necesario volver al sistema antiguo del grado a grado con los contratistas, para pagarle las carreteras concesionadas, cuando se suponía la iban a construir y luego administrar los peajes para recuperar su inversión.

La única vía concesionada, con peaje existente en la autopista de Las Américas, desde San Pedro de Macorís a La Romana comenzó con buen pie y un tramo-demostración fue preparado antes del río Soco, que se presentó como muestra de las buenas intenciones de la empresa concesionaria, pero todo se derrumbó cuando Obras Públicas anunció que invertirá sumas millonarias para que el trabajo se continúe, ya que se encuentra paralizado desde hace meses.

O sea, que las buenas intenciones que pudo tener la empresa favorecida con el contrato de administrar el peaje, han desaparecido ante la realidad de que los gastos de una carretera de categoría hasta La Romana, exigía recursos, que los mismos empresarios, tenían como objetivo recurrir a que el gobierno fuera el responsable de cubrir los costos, y no que se obtuvieran los recursos por el peaje de Las Américas. Entonces, si se ha modificado el sistema de construcción de esa carretera será necesario revisar el contrato de concesión con el fin de recuperar la estación de peaje y ver qué inversión se ejecutó, ya que no se pudo cumplir con lo estipulado de financiar con sus recursos una importante vía para consolidar el turismo.

En la memoria está el fracaso tan notable que ocurrió con la concesión que se negoció para la construcción de la autopista San Cristóbal a Baní, en que se desechó un préstamo que el BID le habría concedido al gobierno peledeísta del 1996 al 2000, para otorgárselo a una empresa que supuestamente iba a realizar los trabajos. Prácticamente lo ejecutado fue simulacro de movimiento de tierra, que obligó al anterior gobierno perredeísta a rescindir el contrato y adjudicarlo a otra empresa, que también se desinfló en el camino, siendo necesario volver al sistema del grado a grado, después que una de las empresas estuviera en entredicho con la Cámara de Cuentas por el monto de la inversión realizada.

El caso de la autopista de Boca Chica a Samaná también cae en los fracasos de las vías concesionadas, en que ya el gobierno contempla realizar grandes inversiones para que la empresa contratista pueda continuar con los trabajos. Aquí también deberá revisarse los acuerdos originales de los peajes, ya que ahora el gobierno es que está pagando las cubicaciones, puesto que se perdió el espíritu original de concederle a los contratistas la administración de los peajes por más de 25 años para recuperar la inversión realizada en la construcción de la carretera. El gobierno, para evitar que la construcción continuara paralizada, decidió asumir los costos de la carretera de tanta importancia para el desarrollo turístico de Samaná. Parece ser que los bancos, o los prestamistas que iban a facilitar el dinero para la vía concesionada, desistieron de la inversión al ver las pocas probabilidades de recuperar su dinero, en una vía que no contará con una circulación masiva.

La experiencia con las concesiones viales es de frustración. El gobierno debe revisarse para no caer en esos ganchos, en que las empresas ofrecen villas y castillos para administrar las obras que se van a construir.

Se trata de puro “allante”, para luego declararse como insolventes y obligar a que el gobierno busque los recursos que se necesiten para terminar esas carreteras, Por lo menos con la carretera Baní, con la decisión presidencial de que los trabajos no se detendrán hasta su terminación, revela que el gobierno asumirá su pago completo, y por tanto, las estaciones de peaje, previstas en la vía no deberán ser administradas, como se tenía previsto, por la empresa que construyera la vía, ya que pasa a ser contratista, recibiendo pagos regulares de Obras Públicas por los trabajos realizados.

La duda queda en la mente de los dominicanos, de como se les quiso embaucar, anunciando brillantes planes de concesiones viales, cuando en realidad se sabía que era imposible obtener los créditos que se buscaban para financiar esos trabajos. Entonces, sale a relucir que en el fondo, el objetivo final, era que la construcción se continuara por el método tradicional de contratos de grado a grado, pagados por el gobierno, en base al pago de las cubicaciones de trabajos realizados. Solo así se puede cumplir con la terminación de esas vías, que de otras maneras no se iban a construir con la fórmula de las concesiones viales, que resultaron ser un fracaso total.

En las negociaciones de las vías concesionadas estuvo presente la marrullería criolla y extranjera en contra de los intereses del Estado dominicano para llegar a que las obras se continuarán bajo contrato.