El fracaso de las élites: 34 años de política económica

El fracaso de las élites: 34 años de política económica

POR MIGUEL CEARA-HATTON
En los último 34 años la RD ha registrado uno de los ritmos de crecimiento más elevado de América Latina y el Caribe, a pesar de ello estamos empantanados en una profunda crisis económica y hemos acumulados un déficit social que se acrecienta. Con esta nota hacemos un balance de la política económica y de la estrategia de desarrollo de esas tres décadas.

LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES: EL CRECIMIENTO CONCENTRADO

Entre 1968 y 1981 la economía dominicana se organizó alrededor de la industrialización por sustitución de importaciones en una estrategia que promovió un crecimiento industrial y urbano pero socialmente excluyente en la medida en que controló los salarios, protegió excesivamente al sector industrial vía los aranceles, tipo de cambio sobrevaluado y tasa de interés subsidiada. Adicionalmente se descapitalizó al sector agropecuario, se redujo el gasto social y se aumentaron los requerimientos de importaciones por unidad de producto, entre otras consecuencias.

En lo político e institucional se caracterizó por un lento proceso de democratización en donde la mayor parte del periodo hubo constantes violaciones a los derechos civiles y políticos mientras que en lo institucional se desmantela la propiedad pública, utilizándose como fuente de transferencia para apoyar la acumulación industrial y urbana y se deterioran las instituciones públicas para ponerlas al servicio de la «voluntad política»  del gobierno de turno.

A largo plazo se creó un aparato estatal ineficiente y clientelista, una justicia dócil y un servicio público incapaz de satisfacer las demandas básicas del desarrollo como la electricidad, la salud pública, la educación, la seguridad entre otros, desarrollándose una cultura de ilegalidad e impunidad en donde el poder «lo puede todo».

En lo económico la sustitución de importaciones se extiende hasta 1981, con dos periodos diferentes en el manejo de la política económica: de 1968 a 1978, el cual se caracteriza por un «Crecimiento Concentrado» donde predominó un fuerte activismo estatal de fomento pero con una represión de las demandas sociales y derechos políticos, además de una amplia corrupción y un debilitamiento institucional.

A partir del 1978 hasta 1981 se aplica una política económica expansiva cuyo objetivo fue satisfacer las demandas sociales insatisfechas y reprimidas durante un largo período, al tiempo en que se iniciaba un proceso de democratización política. A este período se le conoce como de «Demanda Inducida».

Es de notar que durante estos años se despolitiza a las Fuerzas Armadas, se aumentan los salarios y el nivel de gasto social alcanza niveles sin precedentes. Sin embargo, debido a tensiones  estructurales asociados a la sustitución de importaciones que se exacerban con la «Demanda Inducida» y la propia inconsistencia macroeconómico de esta última se desata un gran desequilibrio fiscal, el cual se manifiesta primero en el Gobierno Central y luego se extiende a la CDE, al CORDE y al CEA, además de que se provoca un desorden cambiario (tipo de cambio de múltiple).

DE AJUSTE, DESAJUSTE Y REESTRUCTURACIÓN DE DIVISAS

Entre 1982 y 1991, la República Dominicana transitó por un periodo de ajustes y desajustes macroeconómicos, lo cual coincide con la crisis de la deuda externa y con el deterioro irreversible de los productos tradicionales de exportación. En el mediano plazo se reestructuran los ingresos de divisas hacia las actividades de exportación de servicios.

En esos años se hicieron, suspendieron y rehicieron varios acuerdos con el FMI (1983, 1984, 1985, 1991), distinguiéndose dos etapas que corresponden a periodos de Gobierno. El primero, conocido como de «Depresión Inducida» va desde 1982 a 1986, en donde se aplicó una política de ajuste ortodoxo, que concluyó en grandes convulsiones sociales (como los acontecimientos de abril de 1984), con una caída del PIB, un aumento del desempleo pero con una economía relativamente estabilizada (inflación controlada y revaluación del tipo de cambio). Es decir,  se alcanzó el equilibrio macroeconómico a un nivel bajo de PIB y con un gran deterioro social.

Esta primera fase de la crisis de los ochenta tiene una profunda complejidad social porque durante esos años se inicia el desmonte de las actividades tradicionales de exportación y se produce el reajuste estructural de la economía hacia los servicios.

En 1996, la política económica se movió pendularmente en dirección opuesta, hacia la expansión del gasto que provocó una «Reactivación Desordenada», la cual arrastró al país a la más prolongada crisis inflacionaria y de deterioro de los indicadores económicos y sociales de los últimos 34 años. El gobierno del Dr. Balaguer se manejo con un esquema de política económica propia de los «Doce años» (tipo de cambio y tasa de interés fijo, activa política de construcciones, no pago de la deuda externa, entre otros) que ya no eran compatible con la nueva economía de servicios.

En 1990 se produjo una grave crisis de gobernabilidad por la acusación de fraude electoral, lo cual, junto al deterioro económico acumulado llevó al «Pacto de Solidaridad Económica» del 6 de agosto de 1990, en donde el gobierno se compromete a una nueva política económica de reformas en el marco del «Consenso de Washington»1, a cambio de ello el gobierno de Balaguer logró resolver los problemas políticos derivados de las elecciones de mayo del 1990.

Es de notar que el inicio de las reformas se da en la República Dominicana, varios años después de que se han reestructurado los ingresos de divisas, y esto es diferente a lo acontecido en América Latina. Más aún en la RD las reformas han servido para desmontar definitivamente la sustitución de importaciones más que para promover el crecimiento exportador de bienes para los cuales fueron formuladas. Las exportaciones nacionales han estado estancadas por décadas y el crecimiento de las zonas francas no fue el resultado de las reformas de los noventa sino de las distorsiones del mercado mundial asociado al Acuerdo Multifibra, a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y al régimen de incentivos (exenciones al impuesto sobre la renta). 

HACIA LOS SERVICIOS

A partir de 1992 se consolida la economía de servicios en un ambiente internacional muy favorable (elevadas tasas de crecimiento de la economía de los EEUU) que permite elevadas tasas de crecimiento pero concentrado (sin distribución del ingreso) en la medida que la superación de los déficits sociales acumulados no se corresponde con el nivel de crecimiento alcanzado.

Entre 1992 y 2002, las políticas económicas tuvieron diferentes énfasis. El primero, entre 1992 y 1996, lo definimos como un periodo de «Transición», en donde las reformas económicas del «Consenso de Washington» se ejecutaron en un escenario de fuertes tensiones sociales y de resistencia de parte del Gobierno, debido a que estas reformas fueron el resultado de una realidad impuesta por los poderes «fácticos» locales e internacionales, más que de la vocación del gobierno de Balaguer.

El segundo periodo entre el 1996 y 2000, que caracterizamos como «Modernizante y Excluyente» se aceleran las reformas, esta vez como parte de una clara vocación gobierno para modernizar el Estado Dominicano pero sin el suficiente aval social y con resultados socialmente excluyente. No fue casual el mote de «Come Solo» que le dio la población al Partido de gobierno, lo cual refleja la percepción de aislamiento y de la falta de base social del proyecto político-económico que promovían. No obstante hay que reconocer que durante estos años la pobreza absoluta disminuyó,  pero se deterioró la distribución del ingreso y la mejoría en el bienestar fue mucho menor de lo esperado, dado el crecimiento el PIB.

A partir del 2000 hay una política económica de corte «Clientelista» de gasto público expansivo, lo cual coincide con una de disminución en el ritmo de los ingresos de divisas y un deterioro de la institucionalización provocando crisis de confianza, salida de capitales y reducción del ritmo de crecimiento económico. En el 2003 se desata una severa crisis financiera asociada a un fraude bancario y a un manejo inadecuado de la misma, poniendo al descubierto las debilidades institucionales del país y el profundo régimen de complicidades y corrupción prevaleciente en gran parte del liderazgo político-empresarial del país.

EN RESUMEN

Durante los últimos 33 años la estrategia de desarrollo del país se sustentó primero en la sustitución de importaciones (13 años) cuyo resultado principal fue un «Crecimiento Concentrado» en la industria y en los espacios urbanos que desembocó en un deterioro del salario real, de los servicios públicos, en un desequilibrio fiscal y en un desorden del mercado cambiario.

En los 9 años siguientes se da un proceso de ajuste y desajuste macroeconómico coincidiendo con la reestructuración de los ingresos de divisas. El efecto combinado de estos eventos provocó  un nuevo equilibrio con un mayor deterioro de las condiciones de la vida de la población y con un nuevo dinamismo exportador de menor impacto en el producto y en el empleo.

Durante la década de los noventa, un ambiente internacional favorable provocó un acelerado crecimiento económico que reduce la pobreza absoluta pero deteriora la distribución del ingreso.

Finalmente en el 2003 se presenta una nueva crisis económica que se manifiesta en inflación, depreciación del tipo de cambio y caída del PIB que desmonta los escasos logros sociales alcanzados en la década anterior y pone de manifiesto la profunda crisis institucional de la República Dominicana.

UNA REFLEXIÓN FINAL

Al cabo de tres décadas, si bien ha habido un progreso general del país, todavía seguimos padeciendo el deterioro de los servicios públicos, algunos de los cuales se han agudizado como el caso de la energía y la salud y otros no han registrado los desempeños esperados como la educación y la justicia. Los déficit sociales no han sido superado a pesar de ser uno de los  países que más creció de América Latina y el Caribe, muy por el contrario las brechas se han expandido como resultado de las nuevas necesidades de un mundo globalizado. Iniciamos y concluimos reformas (durante los noventas) sin los resultados esperados y otros de resultados dudosos; como lo fue la reforma financiera la cual estuvo en el Congreso por más de 10 años debido a la resistencia de los grupos financieros y tuvo que aplicarse parcialmente mediante resoluciones de la Junta Monetaria. Con esta se pretendía mejorar la supervisión y el control bancario después de la crisis que afectó al sector financiero durante 1987 a 1990. A pesar de ello, en el segundo quinquenio del noventa fue larvado el engendro de la crisis del Baninter cuyas consecuencias para las condiciones de vida de los dominicanos son todavía imprevisibles.

Finalmente, hoy vivimos como nunca el fracaso de las elites política y empresarial que han gobernado el país en las últimas tres décadas. Han sido incapaces de reducir el déficit social y de mejorar el nivel de vida de los dominicanos más allá de lo que ha sido el progreso general de la humanidad. Esa «Elite» ha puesto al Estado y lo público a su servicio, ha hecho al Estado cada vez más ineficiente, con menos capacidad de control y supervisión, han convertido a la corrupción en una cultura y al clientelismo, a la impunidad y a la complicidad en la forma básica de la relación entre el Estado y la sociedad, para con ello seguir encubriendo sus acciones. 

Si esta forma de organizar la sociedad no cambia se está legitimando cualquier acción que la sociedad quiera emprender para restablecer el Estado de Derecho.                

13 DE JULIO DE 2004

1 El conjunto de reformas de mercado codificado por el Institute for Internacional Economics en 1989. Fueron 10 reformas que deberían general crecimiento económico y disminuir la pobreza: disciplina fiscal; prioridades del gasto público (de áreas menos productivas a sanidad, educación e infraestructuras);  reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados;  liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés;  tipos de cambio competitivos; liberalización comercial; apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas; privatizaciones; desregulaciones; garantía de los derechos de propiedad.

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Cearahatton@verizon.net.do

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