JULIO BREA FRANCO
A ojos vista hay contento con el fracaso del último intento de reglamentar algunos aspectos de la campaña electoral. Nuevamente volvió a triunfar el estatus quo. Evidentemente, hay mucha resistencia y aversión a las restricciones, tanto en los partidos como en los medios de comunicación. Que hayan fracasado cinco intentos en catorce años nos dice lo poquísimo que hemos cambiado.

Y más cuando los argumentos que se han planteado siguen siendo los mismos. Todo lo dicho fue reiterativo a lo que se escribiera en 1993, 1999, 2004 y 2006. Excepto, en un solo caso, en los que hubo cambio total de posición: la FINJUS, en 1999, en documento público sostuvo exactamente lo contrario a lo que defendió hace apenas unas cuantas semanas. La serie de intentos fallidos acusa a la JCE de no haber estudiado o al menos considerado las experiencias pasadas. Si lo hubiese hecho sin duda hubiera procedido de otra manera. El problema es que siempre los que llegan se creen que lo saben todo.

Si se analizan los argumentos expuestos de reciente en torno al proyecto de reglamento de campaña se aprecia la tónica negativa y de rechazo. En ningún caso se detecta actitud propositiva alguna. Se insistió de manera sobrada en que algunas de sus disposiciones violentaban algunos derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

Por otra parte, que la Junta no dispone de facultad reglamentaria con la potencia suficiente para derivar reglas del género. Que la aprobación y vigencia era ya extemporánea por que la campaña ya se ha iniciado (sic!). Que en vez de ayudar a corregir excesos, se favorecía al poder en reelección. Finalmente, que lo mejor era dejar eso para después de las elecciones para que con cabeza fría se retomara el tema. Ya eso se ha hecho varias veces.

El punto fundamental es éste: ¿cómo lograr y asegurar una razonable igualdad de oportunidad en la competencia política en el tiempo destinado al que los partidos promuevan sus símbolos y candidatos, sin cortapisas, de manera que puedan llegar con las mismas facilidades a los potenciales electores? Encontrar la vía, contribuir y promover ese ambiente y controlar que no se rompa el equilibrio, y restaurarlo cuando ocurra, esos son los propósitos de una reglamentación democrática de la campaña.

Es obvio que no estamos contestes con el fin pues no nos hemos sentado a pensar colectivamente en el ni en las vías para lograrlo. Se han propuestos recetas ya cocinadas. En un ambiente tan evidentemente en desacuerdo, ninguna iniciativa del género tendrá éxito. La causa del fracaso es múltiple, pero la JCE con su secuela de reglamentos rechazados en todos estos años tenía que optar por otra estrategia.

Hay que sentarse a escribir el reglamento, pero todos juntos: partidos, medios y organizaciones. No es un asunto de buscar el consenso. Es un asunto de construirlo entre todos. Y eso no es un imposible. Hay ejemplos y casos de acuerdos logrados en sesiones de trabajo de la JCE con los partidos. Y quienes participaron en esos esfuerzos saben muy bien lo beneficioso que resultó.

Criticamos las largas campañas, su desorden, el dinero que se gasta y se malgasta (incluyendo las derivaciones que hacen quienes los administran), la utilización de los recursos del Estado, las ventajas económicas a las que nadie quiere abdicar, la paralización total del Estado y de las instituciones por meses, además del cansancio, la agitación y la intranquilidad que producen en la ciudadanía.

Estos son problemas reales. Entonces ¿qué se ha propuesto para que reorientemos las cosas? Sería muy interesante que el Dr. Rafael Molina Morillo nos dijera algo más allá y diferente a las inconstitucionalidades de algunas reglas. Que la FINJUS se deje de estar negando y afirmando una cosa y su contraria. Que Participación Ciudadana defina lo que quiere decir en audiencia y lo que declara después.

Que los partidos formulen sus planteamientos, más serios y mas sólidos, que no se limiten a pedir que la campaña se inicie el 1 de diciembre para que sea la más larga de toda la historia electoral dominicana.