Robar siempre es delito, pero robar  a  los más pobres,  es criminal. Pienso en los  indulgentes  del  sistema de subsidios denominado Bonogás.

Pienso en los padres de familias que tienen que hacer malabares para reunir el dinero  para comprar un cilindro de gas.

Y hasta en los choferes de carros públicos y privados,  taxis  y minibuses cuyos vehículos funcionan con sistemas  de  gas.

Todas estas personas son víctimas de comerciantes inescrupulosos que dejan de echar, aunque cobran, desde un 20  hasta un 50  por ciento del contenido de los cilindros que llevan a las estaciones de expendio.

Y lo peor del caso es que tienen años cometiendo fraudes,  acumulando  millones de pesos  para al final,   si son descubiertos, ser denunciados, sometidos a la justicia  o cerrarles por dos o tres días  las máquinas de expendio  amañadas.

Debemos   respaldar, sin reservas,  la cruzada que en defensa del  pueblo ha iniciado la directora de Pro Consumidor, licenciada Altagracia Paulino,  junto a otras entidades oficiales que les sirven de soporte técnico y legal  como la DIGENOR, la Fiscalía y la Procuraduría.

Por su parte, los jueces que conozcan los sometimientos  por fraude en el expendio de gas, tienen una gran responsabilidad ante el pueblo  víctima de un delito que por las implicaciones y daños que conlleva, en perjuicio de las clases más necesitadas, puede considerarse un delito de “lesa sociedad”.

Porque, si los poderosos  distribuidores de gas sometidos a la justicia logran con  su influencia económica, política y hasta  militar doblar el  brazo  de la ley (como ya se vislumbra con la aprobación de un recurso de amparo), hay que olvidarse  de la defensa del consumidor  en éste y otros casos.

Y lo peor de todo esto, es que las  expectativas y esperanzas de justicia de un pueblo secularmente engañado, nuevamente se habrán perdido.