El impacto de flujos migratorios hacia diferentes lugares del mundo que incluyen a República Dominicana suscita un enfrentamiento de interpretaciones legales sobre el derecho de los seres humanos a fijar residencia fuera de sus territorios de origen y la facultad de los Estados para regular presencias extranjeras. Entes nacionales e internacionales militan incesantemente a favor y en contra.

El Gobierno dominicano y agrupamientos descritos como ultranacionalistas salen al frente a criterios y exigencias de la Organización de las Naciones Unidas que defiende a los migrantes como «favorables al desarrollo sostenible de los países que escogen para sus éxodos». La entidad se compromete a «proteger su dignidad». Fundando sus discursos en el patriotismo, el Instituto Duartiano ha justificado las deportaciones de haitianos «ilegales» como actuaciones «in extremis» de legítima defensa de la existencia de una nación soberana.

Sin embargo, las repatriaciones que ante el exterior el país justifica con argumentos de peso como un derecho están preocupantemente tildadas de ineficaces hasta por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), afirmando que la mayoría de los deportados cruzan la frontera de regreso el mismo día mientras por la prensa dominicana no cesa de denunciarse el ingreso diario y masivo de inmigrantes a través del límite geográfico como si la erradicación de tratantes de viajeros acumulara cuentas sin saldar.

Puede leer: Estados Unidos urge a sus ciudadanos irse de Haití

El resultado neto del bloqueo a viajeros delata una escasa protección del territorio nacional y con todo, se acusa a República Dominicana de ser implacable contra extranjeros mientras las consecuencias para el país por fallar en imponer regulaciones a la inmigración, al margen de la conflictividad histórico-cultural inherente a la isla Hispaniola, no se alejan de las que toman en cuenta otros países de América Latina: problemas de integración y adaptaciones entre personas de diferentes procedencias y agudización acá de la competencia laboral.

Además, los éxodos suelen derivar en más bolsones de pobreza y en aumento de conflictos comunitarios por discriminación y xenofobia en una región del hemisferio caracterizada por «la ausencia de políticas sociales y demográficas coherentes para afrontar los problemas de la migración». Así lo advierte el sociólogo Roberto S. Aruj, de la Universidad de Buenos Aires, que aboga y justifica que cada país imponga medidas restrictivas para seleccionar migrantes de acuerdo con sus necesidades; no como ocurre en República Dominicana donde áreas de la agricultura y la construcción están desnacionalizadas.

Extraña Ambivalencia

Aunque la Organización de las Naciones Unidas es enfática en oponerse a las repatriaciones en directas exigencias a República Dominicana, al mismo tiempo apoya la Convención de Protección a los Trabajadores a nivel mundial conocida por las siglas ICRMW que ha puesto en claro frecuentemente que los Estados tienen derecho de controlar sus fronteras.

Mientras William O’Neill, definido como «experto» independiente que habla a la sombra del organismo, denosta sin suficientes elementos de juicio los métodos de repatriación que aplica el país, la ICRMW cree en el equilibrio: que los Gobiernos pueden reglamentar entradas y estancias de trabajadores migrantes por un lado y proteger sus derechos por el otro. Concretamente: «Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará el derecho de cada Estado».

Reconoce, además, que «los migrantes también tienen la obligación de cumplir las leyes y las normas de los Estados de tránsito y de destino, así como de respetar la identidad cultural de los habitantes de los Estados». Un artículo de la convención referida expresa que aunque existe el propósito de proteger a los trabajadores migrantes y a sus familiares, esto no puede interpretarse como reclamo de que se regularicen inequívocamente «situaciones irregulares». Es evidente el interés de respetar límites entre las prerrogativas de inmigrantes y las de autoridades nacionales.

Normas equilibradas

La especialista en derechos humanos graduada en la Universidad de Sevilla, España, María Teresa Palacios, ha sostenido que la obligación de protegerlos que corresponde a inmigrantes que llegan a cualquier punto de la Tierra solo procede cuando estos ingresan legalmente a otro país. Concretamente: el respeto al derecho de ciudadanos extranjeros solo compete a aquellos que penetran legalmente a territorios y que tendrían oportunidad de circular con libertad por él y a escoger su residencia. Es decir: «el derecho de los Estados a regular ingresos no está sujeto a discusión».

Lo que pretenden las convenciones internacionales en todos los casos es que los extranjeros sean tratados «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición» a partir de comprobarse que su estada pasó el filtro de la previa aprobación de autoridades.

A la luz de los argumentos de la jurista Palacios y de otros analistas de políticas migratorias y jurídicas se reafirma que los Gobiernos tienen la posibilidad de definir de manera discrecional su política migratoria e incluir en ella las restricciones a los derechos de los extranjeros, principalmente aquellas relacionadas con los requisitos de entrada, permanencia y acceso a medios económicos, sociales y culturales» con lo cual se respetan los orígenes del derecho internacional.

Ofensiva en pie

Pese a la claridad y mérito de los argumentos que defienden la restricción a entrada a inmigrantes, la ofensiva de la ONU contra los ejercicios dominicanos de autoridad reciben adhesiones a lo interno del país. La Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados de la República Dominicana (Menamird) aboga públicamente por la suspensión total de deportaciones en atención al «estado de crisis humanitaria que vive Haití».

William Charpentier, presidente de la entidad, ha demandado que naciones vecinas de Haití garanticen solidariamente la permanencia en sus territorios hasta que ese pueblo pueda superar el estado de desastre en que se encuentra. «Nos identificamos plenamente con la ONU. Pero también nos preocupa el tema de la xenofobia y el discurso de odio que se ha estado incrementando en la República Dominicana».

Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha insistido en demandar que se permita el ingreso masivo de viajeros al territorio nacional en atención a la «incesante violencia armada y las sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Haití que no permiten actualmente el retorno seguro, digno y sostenible» de los habitantes a su país». Hace abstracción del vacío de acciones directas de la comunidad internacional para asegurar la existencia de los haitianos sin que tengan que abandonar su espacio.

En respuesta a la posición, pública y velada al mismo tiempo, de países poderosos inclinados junto a la ONU a que República Dominicana asuma las consecuencias del cercano colapso, el presidente Luis Abinader reafirmó en su momento que: «La República Dominicana ha sido mucho más solidaria que todos los países del mundo. Por lo tanto, no se le puede pedir más». Una coalición de organizaciones locales acaba de reclamar el «cese de la política migratoria racista y violatoria de la Dirección General de Migración».

Sin solución global

Aunque los éxodos tienen manifestaciones mayores que antes, no existe un sistema de regulaciones globales que enfoquen objetivamente el problema para disminuir efectos negativos para los países de los que parten los viajes y para aquellos que los reciben. Normas internacionales reconocen que las personas no deben estar impedidas de salir de cualquier país pero dan de lado al derecho de entrar libremente a jurisdicciones nacionales.

En tanto aumentan las presiones que llevan a los individuos a escapar de sus orígenes sin que haya tampoco sistemáticas acciones de los Estados para eliminar las causas de todo género de las migraciones: golpes de Estado, persecuciones políticas, adversidades económicas, sociales, culturales, pobreza extrema e hiperinflación.

En República Dominicana, receptora y generadora de corrientes migratorias, las investigadoras sociales Sara Güílamo, Amarilis Flores, Ana Reyes y Marlen Pérez identificaron como motivos de jóvenes entre 17 y 24 años de edad para salir del país la falta de trabajo, de seguridad y de garantías de derechos a la salud y a la educación de calidad. Prefieren a Europa y Estados Unidos por entender que hallarían garantías para sus realizaciones personales.

Sus entrevistados expresaron que no regresarían por los mismos motivos que los impulsaron a salir: «no hay trabajo, ‘no hay seguridad; no hay garantía de derechos». Otro informe de prensa reciente indicó que más de 800 mil jóvenes en edades entre 15 y 28 años no trabajan ni estudian, según cifras del Banco Mundial.