EDUARDO JORGE PRATS
Hay que ser muy mezquinos para negar los avances realizados en la reforma del sistema judicial desde el año 1996 hasta la fecha. De una justicia que no era poder, penetrada hasta los tuétanos por el partidarismo político, ineficiente, sin carrera judicial, con procedimientos lentos y anacrónicos, sin coordinación entre los diferentes actores, hemos pasado a una justicia más independiente, más eficiente, que avanza en la consolidación de la carrera de los magistrados, con renovados procedimientos gracias a reformas legislativas y a la impronta jurisprudencial del tribunal supremo, más garantista, más rápida y más profesionalizada.

Lo que se ha logrado hasta la fecha se ha debido a una serie de factores. El consenso de los partidos, la voluntad de la sociedad civil, la prensa y las academias, y el liderazgo de la Suprema Corte de Justicia y de jueces de todos los niveles comprometidos con la reforma, han sido claves en este proceso. Pero todavía es mucho lo que falta por hacer. La presión de sectores externos a la justicia siempre es una amenaza contra la independencia y la imparcialidad judicial. No es que se trate de una situación exclusiva de los dominicanos. En Francia, país origen de nuestra legislación, no son pocas las voces que han clamado contra la presión de la opinión pública y la prensa sobre el poder judicial. Pero mal de muchos consuelo de tontos: en un país que apenas se enrumba por los senderos de las garantías del debido proceso, gracias a nuestro Código Procesal Penal, no es fácil para los jueces resistir la no disimulada presión sobre sus conciencias de quienes, desde el poder o desde la sociedad civil, pretenden convertir a la justicia en un simple instrumento de la política criminal. Y no es que los jueces no deban ser sensibles a los reclamos de la sociedad en contra de la impunidad. Lo que no se puede pretender es que éstos abandonen su imparcialidad y neutralidad, que es el código operativo de la función judicial, para, en nombre de causas nobles o innobles, atropellar los derechos, festinar los procedimientos, romper la igualdad de armas en el proceso, presumir la culpabilidad, suplir la prueba que el Ministerio Público no suministró, y lograr lo que se entiende que es la única igualdad posible: la igualdad de todos frente a la arbitrariedad y el atropello.

 Si a todo esto sumamos que los jueces son ciudadanos de segunda clase pues, en los procesos disciplinarios en su contra, no se requiere la previa formulación de cargos, no aplica el principio de legalidad pues se les puede sancionar por simple mala fama y aunque no haya una infracción disciplinaria previamente tipificada, y la garantía del debido proceso está disminuida por el errado criterio de que pertenecen a un cuerpo social jerárquico y cerrado, la situación es realmente difícil. ¿Cómo puede respetar el debido proceso a quien no se le respeta esta garantía? Para avanzar en la reforma judicial, hay que reestructurar la potestad disciplinaria de la Suprema Corte de Justicia, hay que publicar las sentencias de todos los tribunales para que la justicia sea verdaderamente pública, hay que fortalecer el rol de las cortes de apelación como tribunales superiores, hay que duplicar el apoyo presupuestario y logístico a una Escuela Nacional de la Judicatura que es modelo para toda América, hay que seguir difundiendo la cultura constitucional del garantismo y los derechos fundamentales tal como aparece reflejada en la Resolución 1920-2003, hay que promover los intercambios entre la prensa y los juristas como lo hace la FINJUS con su diplomado para periodistas, hay que fomentar la crítica jurisprudencial que es lo que permite a los ordenamientos jurídicos evolucionar, en fin, hay que repensar una inspectoría judicial que -como bien afirma Dieter Simon- muchas veces erosiona la independencia judicial.

Se requiere más independencia horizontal frente a los poderes y más independencia vertical de los jueces inferiores frente a los superiores. La mezcla de debilidad institucional de los jueces inferiores con el poder ilimitado de los jueces superiores amenaza con socavar el futuro de una justicia independiente y eficiente con la cual están comprometidos los sectores más conscientes de la vida nacional.