Nuestras universidades deben mantener su carácter de agrupaciones autónomas. Esto requiere que mantengan una clara independencia política, ética, y científica; también, que orienten sus gastos hacia el cumplimiento de su misión, en función de decisiones y prioridades tomadas con base a los principios de autonomía y libertad de cátedra.

¿Podemos aplicar aquí las mismas políticas de evaluación y financiamiento de las universidades que se aplican en los países altamente desarrollados?

¿Pueden las universidades dominicanas concertar alianzas estratégicas con empresas extranjeras con miras a obtener beneficios suficientes como para sostenerse con poca o ninguna ayuda estatal?

Veamos. En las naciones más desarrolladas del planeta prevalece la idea de que el control de la calidad de las universidades debe de estar a cargo de agencia y de consejos no estatales.

La disminución de los aportes estatales destinados al financiamiento de las universidades de los países altamente desarrollados ha obligado a las instituciones de educación superior de esas naciones a aliarse con empresas privadas en proyectos de investigación y de desarrollo.

La obtención de fondos vía publicidad comercial ha estado a la orden del día en las universidades de los Estados Unidos y de otros países desarrollados.

Los contratos de exclusividad de las universidades con empresas multinacionales para la distribución de los productos de estas en los campus ocurren muy a menudo, a pesar de las situaciones de cuestionamiento que provocan en los estudiantes; situaciones estas que han llevado a serios enfrentamientos entre estudiantes y autoridades universitarias.

Los catedráticos y los científicos de las universidades de esos países se muestran menos reticentes que los estudiantes al concluir acuerdos de financiamiento de sus actividades con el sector privado. Es que en el colectivo de docentes prevalece la actitud de resignación, la de no dejar escapar la oportunidad de obtener por cualquier vía los recursos económicos que los Estados y Gobiernos no están en condiciones de aportar.

Los gobiernos de las naciones desarrolladas han comenzado a exigir que sus universidades y demás instituciones públicas de educación superior sean evaluadas.

Incluso, desean hacer depender de los resultados de esas indagatorias la totalidad o una gran parte del financiamiento que esos Estados les otorgan a las mismas.