Mientras algunos argumentan que la cédula, como documento de identidad de los ciudadanos, no debe caducar nunca, el miembro titular de la JCE, el doctor Eddy Olivares, sostiene que las cédulas de identidad y electoral con menos de diez años en poder de sus portadores no han caducado, porque así lo establece la ley 8-92. Olivares recordó que, al momento de su aprobación, el espíritu de esa ley era evitar, precisamente, que los ciudadanos tuvieran que acudir en forma masiva a renovar el documento, tal y como ocurrió. Es evidente, sin embargo, que ninguno de esos argumentos hubiera servido para convencer al presidente del organismo electoral, el doctor Roberto Rosario, quien desde un principio se cerró a banda y se negó a extender la vida útil de la vieja cédula, a pesar de que carecen del documento cerca de dos millones de ciudadanos, que en lo adelante no podrán, según las reiteradas advertencias del doctor Rosario, realizar ningún tipo de transacción. Por suerte para esos ciudadanos la Asociación de Bancos Comerciales, en un ejercicio de sentido común, autorizó a sus miembros a permitir que sus clientes utilicen la vieja cédula acompañada de un documento adicional vigente para fines de validación de su identidad, y lo propio hizo la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, al instruir a las ARS garantizar las autorizaciones de las prestaciones a los afiliados al sistema de seguridad social sin que el vencimiento de la cédula constituya un obstáculo. Y no serán los únicos. El dejarlo todo para última hora es una cultura que estamos obligados a erradicar si queremos llegar a ser, algun día, un país organizado, pero en el caso de la cédula el presidente de la JCE, por simples ganas de joder, ha escogido el peor de los métodos: fastidiarle la vida, sin ninguna necesidad, a los ciudadanos, con el riesgo de lesionar también, como advirtió el doctor Olivares, su constitucional derecho a elegir y ser elegidos.