El GLP o la pela del gas

El GLP o la pela del gas

POR LUIS H. VARGAS
El rebote del incremento incesante de los precios internacionales del crudo y derivados petrolíferos, en particular el gas licuado del petróleo –GLP-, sobre los respectivos precios nacionales, ha dado lugar a una redistribución leonina de los ingresos nacionales mediante subida de los beneficios de los negocios transnacionales y ascenso de impuestos y descenso de subsidios por parte del gobierno central.

En el caso del GLP, desde julio de 2001 hasta julio del corriente año 2005, el precio de paridad del galón ha aumentado 266,2%, de 10 pesos con 62 centavos a 38 pesos con 89 centavos, a causa de los brincos imparables de 343,6% del precio externo y 148,8% del margen de importación, en especial de su componente coste de terminal de 370,4%, estampado unilateralmente por las empresas Refinería Dominicana, Coastal Petroleum y Mundo Gas..

Esta vorágine del margen importador no hace más que revelar la práctica nativa de la interveción estatal en los precios, a favor del gran capital tranasnacional y, en consecuencia, en desmedro de la gran mayoría de las familias y empresas criollas. Por ejemplo, se observa que durante el último cuatrenio las administraciones gubernamentales han soplado las tasas de rentabilidad de las compañías importadoras por medio del crecimiento oneroso y reparto injusto del pastel de la comercialización.

En efecto, desde julio de 2001 en el gobierno pasado de Mejía hasta julio del año en curso del de Fernández, la cuota comercial de los importadores se ha encaramado de 50,7% a 55,5%, en tanto las cuotas de los distribuidores y envasadores han bajado respectivamente de 19,2% a 15,1% y de 21,1% a 17,6%.

Por igual, en el mismo lapso cuatrienal, la proporción subsidiada del precio final se ha desplomado de 72,0% a 36,7%, gracias a la política neoliberal impuesta por el Fondo Monetario Internacional –FMI- a los gobiernos locales, en procura de garantizar la paga del servicio de deuda a los acreedores extranjeros, en base a la mocha de los precarios servicios sociales consumidos por el grueso de los dominicanos.

En atención a este mandato fondomonetarista, el presidente Fernández gritó a los cuatro vientos el 24 de agosto del anterior año la siguiente medida referente al GLP, en violación de la Ley No. 112-00 de fecha 1 de noviembre de 2000: focalización del subsidio en familias pobres bajo administración del gabinete social, en vez de transferencias generalizadas a todos los hogares..

El desconocimiento de dicha ley se refiere a los Párrafos I y II, los cuales establecen claramente que «El Poder Ejecutivo dispondrá un subsidio directo a las familias para la compra de gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico a fin de proteger el presupuesto en los hogares dominicanos. Este subsidio nunca será menor que el actual (y)… será financiado por los fondos procedentes de los ingresos generales del gobierno».

Como se puede constatar, el mandato legal que está por el encima del mandatario presidencial no deja lugar a dudas sobre los destinatarios favorecidos: todas las familias dominicanas, sin excepción; sobre las fuentes de financiación: todos los ingresos gubernamentales, no el diferencial como alegan algunos publicistas; y sobre el tiempo: todos los años, a condición por supuesto que el congreso Nacional promulgue una nueva y contraria ley.

En verdad, hay que indicar que el primer intento de violación de esta ley empezó con la propuesta de subsidio del GLP a 360 mil familias de escasos recursos, presentada el 27 de agosto de 2001 por el Consejo Consultivo del Gabinete Social -compuesto por 32 instituciones, autoproclamadas representantes de la «sociedad civil»(¿)- al presidente Mejía. No obstante, desde esa fecha hasta el 24 de agosto se implementó el denominado subsidio generalizado al consumo de gas hogareño.

En la actualidad, el gobierno central pretende desmantelar el subsidio al GLP básicamente a través del achicamiento del número de hogares, encogimiento de los desembolsos y fijación de un monto fijo por galón.

El mismo presidente anunció en su discurso de fecha 14 de junio de este año que «a través del censo levantado por el Sistema Unico de Benefiaciarios (SIUBEN), con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se determinó que había 182 mil familias en situación de extrema pobreza que requerirán del subsidio focalizado al gas propano»; asimismo se comprometió a mantener «hasta tanto disfrutemos de mejores condiciones…el subsidio de 17 pesos con 29 centavos al galón de GLP, tanto para los hogares como para el sector de transporte.».

De esta manera, la administración de Fernández no sólo rebajó escandalosamente el número de hogares muy pobres, 49, 4% en comparación al similar dato admitido por la de Mejía, sino que llegó a caer en el absurdo de focalizar exclusivamente transferencias al consumo de gas llevado a cabo por familias que «no lo utilizan». Por demás, decidió pocas semanas después romper su promesa de subsidiar el gas de acuerdo al comportamiento de los precios internacional, al fijar un aporte por la cantidad de RD$17,35 por galón.

El cumplimiento del plan gubernamental de reducción y, luego, dosificación de un subsidio fijo al uso de GLP en las cocinas familiares no guarda preocupación alguna sobre los males ambientales forestales que ocasionan el efecto sustitución de este gas por carbón. De aquí parece ser que a las autoridades nacionales les importa poco, por un lado, el impacto de la neoliberalización de los mercados del GLP sobre la aceleración de la deforestación verificada en el país y, por el otro, la búsqueda rápida de soluciones viables a la crisis energética nacional, tales como el remplazo inmediato del GLP por energía alternativa en las viviendas y la promoción de tal gas en el transporte vehicular, sin necesidad de recurrir a las transferencias corrientes a este sector.

En los primeros años de este siglo xxi, la suba de precios finales del GLP de 221,1% ha implicado una baja de 38,2% en la demanda consuntiva mensual, lo cual a su vez se ha traducido en una escalada vertical de la oferta de carbón vegetal en casi 180,0%. Por consiguiente, no debería sorprender a nadie que de continuar la marcha al galope de la consumación de carbón vegetal, el país corre el peligro de arribar a un punto, sin vuelta atrás, de desertificación creciente acompañada de hambrunas masivas y sequías extensivas. Así, habría que sumar a las actuales crisis estructural (agotamiento del régimen de acumulación y estado fallido o de no ciudadanos) y recesiva (caída de las actividades económicas agravada con implementación de políticas públicas deflacionistas), una crisis ambiental, cuya conjugación de las tres harían inviable el país, por lo menos durante mucho tiempo. . .

En tal sentido, en esta coyuntura, resulta increíble que el coro de la «sociedad civil»(¿) que lucha supuestamente contra la pobreza, no haya dicho hasta el momento ni siquiera «esta es boca es mía» sobre las manipulaciones estadísticas de la pobreza y, más aún, la ejecución estatal de uno de los programas neoliberales más empobrecedor de las masas, más destructivo de las empresas y más desoberano del pueblo..

Mientras los niños se mueren de hambre, los negocios quiebran y los poderes estales se alienan, innumerables organizaciones cívicas y sindicales prefieren callar injusticias sociales y violencias de control popular, políticas antinacionales de sobrevaluación del peso y concertación de (contra)reformas tributarias, y traspasos vergonzantes de mandatos constitucionales de los poderes de estado a entidades eclesiásticas e instituciones internacionales.

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