San Juan.- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, pidió hoy unidad política en la isla para reclamar a EE.UU. el derecho reestructurar su deuda bajo leyes federales y poder así combatir la crisis en la que lleva diez años inmersa.

“Estamos en el momento de la tormenta, donde se necesita más tenacidad en el timón y más valentía en cubierta”, dijo hoy en el que ha sido su cuarto y último discurso sobre la situación del Estado, ya que no tiene previsto buscar su reelección en las elecciones de noviembre.

Sobre esa renuncia, explicó que “el país necesita un gobernante, no un aspirante”, por lo que este año “dedicaré todo mi esfuerzo a vencer la crisis».

“Me niego a pasarle la crisis al próximo gobernador, sea del partido que sea”, dijo el gobernador para recibir a continuación la ovación de los legisladores, alcaldes, jueces y otras personalidades que acudieron al Capitolio de San Juan a escuchar el mensaje.

“No voy a pactar con la crisis. Vine a vencerla y voy a terminar mi trabajo”, añadió, tras reconocer que “quisiera estar en la calle abrazando a la gente todos los fines de semana, como están la mayoría de ustedes”, que se han adentrado ya en la campaña electoral.

En ese sentido, insistió en que “Puerto Rico necesita a la clase política ahora, no después de las elecciones” y pidió que no se reduzca el problema de la crisis económica a la cuestión del estatus político de la isla. Al respecto instó a que de una vez por todas se plantee seriamente un referéndum para determinar el estatus político de la isla, y “que el pueblo decida».

Durante su discurso, García Padilla expresó su apoyo al plan propuesto por Barack Obama para ayudar a Puerto Rico y que pasa por reestructurar la deuda e imponer una junta federal de control fiscal. A su juicio, Puerto Rico solo podrá salir de la crisis “si reestructuramos nuestras deudas de manera que el Gobierno no solo pueda garantizar los servicios esenciales, sino invertir significativamente en un desarrollo económico sostenido».

En ese sentido, explicó que la isla debe 69.000 millones de dólares “y solo puede cargar, sin sufrir penurias humanamente inaceptables, con una cantidad significativamente menor». Además, “el déficit es mayor de lo que se creía y, sin reformas estructurales, se duplicará en diez años”, explicó.

Según dijo, su Gobierno ha reducido el presupuesto general en un 22 % y decidido “estirar el pie solo hasta donde da la sábana”, sin acometer despidos de empleados públicos. Sin embargo, y si el Congreso de EE.UU. no permite antes que Puerto Rico se acoja a la Ley federal de Quiebras, a partir de mayo se vencen préstamos para los que “no hay dinero». “Tendría que dejar de pagarle a los policías, maestros, bomberos o enfermeros.

En esa encrucijada, voy a escoger pagarle a los de aquí. Anticipo que nos van a demandar y que serán distintos tribunales en litigios simultáneos los que pretenderán decidir quién cobra primero. A eso es a lo que nos exponen los que se oponen a que reestructuremos nuestra deuda”, defendió. Advirtió que “sin una reestructuración ordenada y sin la ayuda del Gobierno federal, el Gobierno de Puerto Rico se queda sin efectivo para pagar sus servicios más básicos».

Durante su intervención hizo un repaso de los logros de su legislatura, destacando el avance del turismo, que “es la primera industria que logramos sacar de la recesión”, y de la agricultura, que “se expande por primera vez en más de 50 años».

En seguridad, apuntó que el año pasado terminó con 584 asesinatos, “la cantidad más baja en casi 30 años” y un 50 % menos que en 2011, cuando se registró la cifra más alta de la historia reciente de la isla.

En materia de derechos civiles, ya no se exige documentación a los inmigrantes en los hospitales o para tener una licencia de conducir, y se han igualado los derechos de las parejas homosexuales a las de las heterosexuales, según recordó el gobernador, que llamó a impulsar la legalización de la marihuana.

De cara a los próximos meses, adelantó que pronto se presentará un proyecto de Ley para impulsar una amplia reforma que agilice el proceso de concesión de permisos que ayude a la creación de empresas y dinamice la economía.

Además, pidió que se apruebe una reforma tributaria ambiciosa, que no grave la productividad sino el consumo, tal y como propuso su Gobierno, que pretende implantar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y eximir al 80 % de los puertorriqueños de presentar declaraciones de Hacienda. “En 1917 el pago por productividad era lo aceptado.

Hoy, en un mundo más maduro y avanzado, no llegan a 40 los países que aún penalizan el trabajo con impuestos. Ante esa realidad injusta mi deber no es rendirme”, defendió.