MADRID. AFP. El gobernante Partido Popular (PP, derecha) mantuvo durante al menos dieciocho años una contabilidad paralela al margen de la oficial, afirmó el juez Pablo Ruz al cerrar su instrucción sobre el caso, informó este lunes la Audiencia Nacional, principal instancia penal española.  

El magistrado, que propone abrir juicio por este caso a tres exresponsables de la formación, así como a otras tres personas, considera que el PP «desde 1990 y hasta al menos 2008 se vino sirviendo de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal», operando con «varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido».

El juez Ruz considera que durante esos años el PP, que actualmente preside el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, recibió donaciones y realizó distintos pagos por medio de esa caja «B», entre los que figurarían sobresueldos a altos cargos del partido o la reforma de su sede central en Madrid.

El magistrado constata la «existencia y circulación en el seno del Partido Popular a cargo del gerente y tesorero nacional de diversas corrientes financieras de cobros y pagos continuas en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la Hacienda Pública, integrando sistemas paralelos de funcionamiento y gestión económica-financiera de la formación política a modo de contabilidades opacas o ‘cajas B'».

Sin embargo, matiza que la legislación española no contemplaba como delito la financiación ilegal de partidos en el momento de la comisión de la irregularidades, por lo que el PP es considerado sólo responsable civil subsidiario.

Para el magistrado, esta contabilidad estaba a cargo del gerente y del tesorero del partido y no se declaraba a la Hacienda Pública.

Por ello, el juez propone juzgar por delitos contra la Hacienda Pública a los extesoreros y al antiguo gerente de la formación conservadora, Luis Bárcenas, Alvaro Lapuerta y Cristóbal Páez, así como a los dos responsables del estudio de arquitectos Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero, que realizó la reforma de la sede del PP.

También considera a Lapuerta y Bárcenas responsables de un delito de apropiación indebida, al tiempo que saca de la causa a 22 imputados en el caso, entre ellos, empresarios que habrían hecho donaciones al PP, y el exministro y exsecretario general del PP, Ángel Acebes.

Este escándalo de financiación oculta surgió a principios de 2013 cuando el diario conservador El Mundo aseguró que durante años Bárcenas había pagado sobresueldos en dinero negro a dirigentes del PP.

Poco después El País publicó unas anotaciones manuscritas, bautizadas «los papeles de Bárcenas», que señalaba entre los receptores de dichos fondos al propio Rajoy, quien habría cobrado hasta 25.000 euros anuales entre 1997 y 2008.

El jefe del gobierno español, que en octubre pasado pidió perdón por los casos de corrupción, siempre rechazó esa acusación, aunque en 2013 reconoció haberse equivocado al confiar en Bárcenas, distanciándose de él y calificándolo de «delincuente».

La corrupción es una de las mayores preocupaciones de los Españoles con el desempleo, según las encuestas de opinión y uno de los principales temas de campaña de fuerzas emergentes como Podemos, a la izquierda y Ciudadanos, de centro de derecha.