JOSÉ LUIS ALEMÁN SJ
Ante todo unas aclaraciones sobre el término “broker”, corredor o intermediario de mercados bursátiles. Existe en español el término “corredor”que ni significa etimológicamente lo mismo que en inglés  ni es de uso general. El “broker” es una persona de confianza documentada que sirve de intermediario entre demandantes y oferentes en negociaciones bursátiles de acciones, bonos, divisas, productos (commodities) …pero que también representa sus muy contrarios intereses.

Como acaece con frecuencia intereses opuestos presionan decisiones de una misma persona que, aunque en situación de evidente conflicto de intereses, debe ser  neutral y no actuar ni parecer hacerlo  por medro personal.

Todo Gobierno representa los intereses de sus nacionales pero, hoy más que nunca, enfrenta Gobiernos e Instituciones Multinacionales con otros intereses, los propios de sus representados.

Hasta hace poco tiempo se sobrentendía que los gobiernos nacionales, aunque bajo la restricción de respeto a otros gobiernos, tenían como meta irrenunciable defender los intereses nacionales. No debían consiguientemente entrometerse en el gobierno de otras naciones. Su campo de competencia era muy grande. Cuando los intereses ajenos chocaban con los propios ambos Gobiernos debían solventar sus diferencias por vía diplomática, por negociaciones o, en casos de aparente irreconciabilidad, por lauros arbítrales. Los Gobiernos eran entonces ejecutivos de intereses nacionales que simplemente respetaban la autonomía de otras naciones. La soberanía nacional tenía contornos  generales muy amplios y mal definidos pero más por la inmensidad de su campo de competencia que por necesidad de limitaciones.

  La sociedad global internacional, que no es solo económica, ha impuesto por mutuo aunque no siempre querido acuerdo a todos los Gobiernos  aceptar límites precisos a su autosuficiencia, a su soberanía.

 Los Gobiernos responsables y conscientes de la mutua dependencia de sus países ya no son sólo ejecutivos nacionales sino “brokers”, intermediarios interestatales que defienden los intereses propios y los de otros.

No es esta ninguna blasfemia antinacional. El respeto a los derechos humanos, por ejemplo, supone en los ciudadanos la conjunción de respeto a los suyos con el los de los demás. Derechos humanos personales sin aceptación de los  demás ciudadanos ( o sea sin asumir el deber que me constriñe frente a los demás) dista de las condiciones necesarias y suficientes de la seguridad ciudadana. Debe uno, más claramente, defender los propios y los ajenos derechos, no defender los primeros y desentenderse de los segundos. Esta posición no sólo no choca con la soberanía sino contribuye a  robustecerla y asegurarla pasándola de un limbo de imprecisión a la más segura posición de competencia aceptada explícita y formalmente por los demás.

Paralelamente los Gobiernos, como los brokers de las bolsas, deben defender los intereses nacionales y los de otros países. Son representantes, también en el campo económico, de ambos, aunque ejecutivos sólo de los propios, que buscan un “precio de equilibrio” que satisfaga  a demandantes y a oferentes de bienes y servicios extranjeros tornándose en garantes de seguridad. Los Gobiernos que sólo persiguen objetivos nacionales se convierten en enemigos de sus pueblos. La interdependencia acaba vengándose de quienes pretenden ignorarla.

Así como la ignorancia de los intereses ajenos dificulta el mejoramiento de los nacionales, así actúa el desprecio de los intereses nacionales. Al igual que los brokers, que pueden entregarse o  venderse a las exigencias de los oferentes olvidando que también representan los de los demandantes, los Gobiernos pueden ser no sólo sumisos sino entreguistas.

 El buen gobierno, diría Gracián, se mueve entre dos extremos opuestos.

 Si los Gobiernos practican políticas infantiles, cuando se empeñan tercamente en no aceptar  limitaciones de  soberanía indefinida, o criminales,  cuando actúan contra intereses nacionales, también lo puede hacer la “sociedad civil” promotora o legitimadora de esas políticas.

  Las líneas que siguen están escritas para quienes no son fanáticos, más o menos bien intencionados, ni de nacionalismos utópicos  ni de sádicos internacionalismos.

1. Los intereses internacionales

El Memorando del Banco Mundial sobre la República Dominicana 2006 ha mostrado claramente que para el sistema internacional que él representa el camino más expedito para asegurar un crecimiento económico futuro pasa por dos puentes: la apertura externa y la seguridad institucional.

  Hemos atravesado ya buena parte del primero de estos puentes: estamos abiertos a flujos  financieros y a inversiones directas extranjeras aunque todavía protegemos fiscalmente con razones que resumiremos más tarde buena parte de nuestros mercados agropecuarios, industriales, bancarios y de contratas gubernamentales. La argumentación descansa en la mayor eficiencia de mercados de libre entrada y salida  para empresas, servicios y productos. De hecho nuestros mercados más abiertos, sobre todo zonas francas, turismo y telecomunicaciones muestran grados elevados en indicadores económicos de empleo, producto, tecnología  o   divisas.

  En ausencia total o parcial de esta apertura el proteccionismo favorece oligopolios que ni en precios ni en calidad satisfacen las aspiraciones de una sociedad abierta al consumo exhibido en los medios. La falta de competencia tiende a robustecer el poder fáctico de los oligopolios sobre el Estado y los medios de comunicación y a desconocer impunemente leyes fiscales y comerciales que invalidan los derechos de propiedad y los acuerdos contractuales. La realidad socioeconómica de la República Dominicana  confirma la hipótesis. 

 Los poderes fácticos minan el legítimo poder fiscal y coactivo del Estado y lo hacen permeables a sobornos,  lavado de dinero y tráfico de drogas. El clima general de negocios y la seguridad ciudadana se deterioran  provocando altos costos adicionales y  fuga hacia inversiones especulativas. En general un  débil ambiente institucional  dificulta la estimación  de expectativas  e impone altos costos de transacción a los potenciales inversionistas. Lógicamente las ventajas relativas naturales del país tienen que ser muy grandes para justificar inversiones directas extranjeras productivas.

El Memorando del Banco Mundial, como antes el Acuerdo Stand-by con el FMI y el CAFTA-DR, presentan al Gobierno en su papel de broker la perspectiva de mayores mercados para la producción del país, de mayores inversiones directas y de mejores facilidades para el pago de la deuda y para la contratación de mayores préstamos. A cambio demandan de él más apertura y más institucionalidad ambas controladas y no simplemente prometidas ni tampoco meramente legisladas.

 La gran asimetría de poder económico y tecnológico entre nosotros y el “resto” del mundo da pie a la sospecha de engaño por parte del oferente pero la pequeñez de nuestro mercado y la alternativa de la existencia de otros mercados que compiten con nosotros hacen tolerable la hipótesis de una oferta y demanda del extranjero presentadas por sus organismos más representativos,  que sin dejar de ser útiles para el extranjero, lo son también para nosotros al menos en cuanto dinamismo de crecimiento.

Indicios de esta actitud son  los plazos acordados con los Estados Unidos en el CAFTA-DR que reconocen explícitamente la necesidad que tenemos los países en desarrollo de mayor tiempo para prepararnos  a una apertura significativamente mayor. Precisamente eso pedía  Friederich List, el padre del proteccionismo industrial  infantil, para abrir Alemania al libre comercio. Precisamente ese período de aranceles proteccioncitas decrecientes hizo posible el desarrollo económico de Estados Unidos, de Francia, de Japón, de Corea…

La cruz del problema está en el uso que hagamos de esos tiempos de gracia: creación de infraestructura y dedicación a la “educación industrial”, que decía List, o cabildeo dilatorio sin fin para escapar de la apertura. Pasamos así a tratar los intereses nacionales.

2. Los intereses nacionales

 Aunque los intereses extranjeros, apertura  e institucionalización, significan beneficios nacionales la recompensa, inversiones y préstamos, no es tan cierta, tal vez ni probable a corto plazo. Peor aún: aceptando que lograremos así inversiones mayores del extranjero, no hay forma de evitar que para un parte de los dominicanos  traiga consecuencias funestas en empleo y en ganancias. Tampoco es posible realizarla sin debilitar el poder discriminatorio del Ejecutivo, contratas, y sin cambiar nuestro sistema fiscal.

a)   Los costos y la mala calidad del servicio energético y la inseguridad de poder urgir contratos y derechos de propiedad disminuyen la probabilidad de mayores inversiones extranjeras. El reducido tamaño del mercado nacional estimula solamente inversiones para la exportación campo en que tenemos que competir con otros países basándonos en tres ventajas relativas: confiabilidad de la mano de obra, favorable posición geográfica  y fácil acceso al mercado norteamericano, y recursos naturales para el turismo.

Las inversiones pueden venir si por lo menos mejoramos sustancialmente nuestras instituciones económicas y judiciales y podemos garantizar energía eléctrica a costos menores que los que pagamos quienes pertenecemos al “sistema” eléctrico nacional. Tenemos que segmentar por emergencia nacional la oferta eléctrica: subsistemas favorables para las inversiones extranjeras y nacionales, subsistema precario para consumidores.

Esta solución me recuerda cuando una década después de la segunda guerra fui a Alemania, recuperada ya su industria,  pero todavía con casas y edificios públicos semidestruidos. La lógica económica de esta dualidad en la reconstrucción era evidente. Sindicatos, Gobierno y Empresarios acordaron que  lo importante  era dar primero empleo de alta tecnología, la población tendría que esperar.

b) Evidentemente la apertura destruirá empleos y empresas si se ven sometidas a una competencia cualitativamente mayor de bienes importados y de inversiones extranjeras.

Nada nuevo: la historia de la humanidad ha pasado por una cadena sinfín de ruinas empresariales y humanas ocasionadas por nuevas tecnologías. Ejemplos patentes han sido la invención de la rueda que dejó a millones de cargadores de piedras y maderas sin oficio; las técnicas de cultivo del siglo XVIII que introdujo el arado y la permanente utilización de suelos agrícolas; la maquinaria de vapor que  quebró a grandes plantas de telares (entre ellas las del idealista empresario Owens) y más tarde a minas y echó a la calle a millones de obreros; la informática que deja sin trabajo a contadores-escribanos y a miles de obreros en la actual industria de automóviles…

Ante esas verdaderas tragedias cabe seguir el camino de Marx en el Manifiesto cuando condenaba la quema de fábricas con nueva maquinaria porque esperaba en su rígida concepción dialéctica de la historia que los desempleados se convertirían en actores primordiales de la revolución, o, para simplificar, el de la antirrevolucionaria pero humanista Seguridad Social (no confundir con el welafarismo) tan apoyada por Lasalle como combatida por Marx. En nuestros días se habla más de  educación y de ampliación  de servicios públicos de seguridad, limpieza y mantenimiento de infraestructura.

c)  Cualquier medida compensatoria supone incremento sustancial del gasto público moni toreado por el Congreso y por las comunidades perjudicadas que hay que incorporar activamente a los programas. Tocamos la problemática profunda de la reforma fiscal y quisiera tratarla con franqueza, tal  como la veo reconociendo que fácilmente estoy equivocado al menos parcialmente aunque, por supuesto, no lo crea

 Frente a la reforma fiscal milita una doble resistencia: la de los afectados por los impuestos o por las alzas de precios inherentes a todo impuesto indirecto, y la del Gobierno que quiere más fondos pero sin perder libertad para presupuestar su gasto. El tranque actual, me parece, está en la generalizada percepción del deterioro de muchos servicios sociales (salud, educación, transporte, electricidad, calles, carreteras…) y en el rechazo a gastos extravagantes e incontrolados en servicios personales y en inversiones  mantenidas sin atender  críticas (por supuesto el Metro).

   La larga paciencia de la sociedad con sus Gobiernos ha terminado: el “no pasarán” se escucha por donde quiera aunque la historia diga que sí pasaron. O el Estado se racionaliza y se deja controlar o no más impuestos aunque se aprueben. 

El Gobierno está perdiendo su papel de “broker” entre las demandas nacionales y las extranjeras y lo está sufriendo menos por defender los intereses nacionales que por empeñarse en mantenerse en el poder favoreciendo a los suyos.

3. Conclusión

A nivel intelectual la crisis por la que pasamos no es fiscal ni siquiera económica. Más o menos muchos creemos saber que el país necesita sí apertura e institucionalización por razones de conveniencia externa e interna pero también mejores servicios. La crisis, temo, es nacional.  Sin querer achacar su culpa al actual Gobierno sino reconociendo que la continuidad del Estado impone en ocasiones cesuras bruscas de la política nacional, creo que estamos ante una crisis de credibilidad pública.

Tristemente sobran las pruebas: aceptamos y firmamos un acuerdo con el FMI y nos mostramos remolones para cumplirlo; aprobamos el CAFTA-DR y dilatamos su entrada en acción por más de un año; aseguramos resolver o al menos sentar las bases para superar nuestro interminable calvario eléctrico y sólo nos aseguran que el vía crucis es aún muy largo; queremos un país moderno y descuidamos la educación; prometemos terminar con el festival de vicecónsules y subsecretarios y sufrimos la vergüenza de contar con una de las mayores delegaciones en las Naciones Unidas. La pregunta que mucho se hacen es: ¿Podemos creer al Gobierno?

Con dolor confieso que nuestra crisis no es  sólo  económica sino también y principalmente  institucional y que el deterioro de la institucionalidad sólo es curable por hechos. Se nos acabó el crédito, el más importante de los créditos, el “de un pelo de mi bigote” aval simbólico en otros tiempos de  buena fe.