San Juan.- Elías Sánchez, representante del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ante la Junta de Supervisión fiscal, dijo hoy que para el Ejecutivo de la isla “proteger los beneficios de los pensionados más vulnerables es una prioridad».

Sánchez aclaró a través de un comunicado que la información aparecida hoy en prensa escrita de la isla sobre el tema de las pensiones no es correcta ni tiene como origen unas declaraciones suyas.

“Tal y como hemos expresado nuestro objetivo primordial es proteger a los más vulnerables y en ese sentido los pensionados son de alta prioridad”, dijo Sánchez, que representa al Ejecutivo local ante la Junta de Supervisión fiscal, entidad que establece la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica, aprobada por el Congreso en Washington para atender el asunto de la deuda de la isla. “Mis expresiones vertidas en la entrevista son claras.

En este momento nos encontramos evaluando las alternativas para lograr un sistema de retiro integrado que cuide y proteja a nuestros pensionados”, sostuvo. Dijo que lo que se está evaluando como parte del Plan Fiscal que debe entregar en breve el Ejecutivo a la Junta de Supervisión fiscal está dirigido a proteger a los pensionados.

“Estas evaluaciones, tanto financieras como legales, son a los fines de garantizar que la comunidad de pensionados en Puerto Rico no tenga que pagar las consecuencias de la crisis heredada”, aseguró. “Son múltiples las estrategias que irán de la mano, como parte de un plan integrado para los pensionados.

Los retos son grandes, pero estamos convencidos que tendremos éxito en nuestra encomienda de ser responsables en términos fiscales, pero a su vez, proteger a los más vulnerables”, concluyó.

Sánchez se refería a informaciones aparecidas en la prensa local atribuidas a su persona en las que se apunta que el agotamiento de los activos en los principales sistemas de retiro del Gobierno provocará cambios que podrían implicar la eliminación de beneficios que en la actualidad reciben los jubilados.

Puerto Rico sufre desde hace cerca de una década una profunda crisis económica y el Gobierno saliente reconoció durante 2016 que no hay liquidez para hacer frente a los vencimientos de deuda, que ronda los 69.000 millones de dólares, y a la vez prestar servicios mínimos a la población.