San Juan.- El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, enfrenta el martes el primer gran reto de su legislatura con la presentación ante la Junta de Supervisión, impuesta a la isla por EE.UU. para tratar el asunto de la deuda, de un plan fiscal que genera recelo por los esperados recorres en gasto social.

Rosselló ha hecho coincidir la presentación del plan fiscal, que debe incluir las líneas maestras para que Puerto Rico pague su deuda y a la vez logré mantener las operaciones del Gobierno ante la acuciante situación de las arcas públicas, con su primer mensaje de situación al país, cuando solo lleva 2 meses en el cargo.

El gobernador, que con 37 años se impuso en las elecciones del pasado noviembre de este Estado Libre Asociado a Estados Unidos, tiene ante sí la exigente prueba de cumplir con la entidad que impuso el Congreso en Washington para dar solución a una descomunal deuda que ronda los 70.000 millones de dólares y, al mismo tiempo, no defraudar a la población.

La Junta de Supervisión Fiscal quedó establecida tras la aprobación el pasado verano de Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), una normativa que surgió ante la imposibilidad del Gobierno local de pagar a sus acreedores.

El panorama de una maraña judicial consecuencia de demandas por impago de los acreedores y un Gobierno en los tribunales distraído de su función de sacar adelante a la isla facilitó una normativa que, entre otras medidas, dejó sin efecto durante meses las demandas para permitir al Ejecutivo centrarse en sus prioridades de gestión.

La Junta de Supervisión, que se superpone al Ejecutivo y a las cámaras legislativas locales, reclama al Gobierno un recorte de 3.000 millones de dólares en el nuevo presupuesto y que la recaudación aumente en 1.500 millones de dólares en el plazo de los dos próximos. Además, se deberá pagar hasta cerca del 80 % de la descomunal deuda, objetivo para el que la Junta de Supervisión sugiere que se recorten en un 10 % las pensiones de los funcionarios.

Rosselló, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) que tiene como principal referencia de su programa la anexión de la isla a EE.UU., tiene ante sí la exigencia de la Junta de Supervisión de atajar el problema de las finanzas públicas en solo 2 años, lo que ha generado los primeros choques. El gobernador aduce que la Ley Promesa no estipula en ningún lugar que el brutal recorte que exige la Junta de Supervisión tenga que darse en el plazo de dos años.

La Junta tendrá, una vez recibido el Plan Fiscal del Gobierno, hasta el próximo 15 de marzo para certificar el plan, que esa entidad quiere que permita que las cuentas públicas del Estado Libre Asociado estén equilibradas para el ejercicio fiscal 2018-2019. Rosselló ya ha dejado caer en recientes entrevistas que los despidos masivos de funcionarios -miles necesarios para que se corrija el déficit- no son una solución, sino que, al contrario, supondría un nuevo golpe para la economía por, entre otras razones, la caía de ingresos por impuestos.

El gobernador de Puerto Rico ha recibido ya los primeros toques de atención desde la universidad pública, que la pasada semana cerró sus puertas por una huelga de estudiantes, quienes aseguran que el recorte en el presupuesto del centro docente de 300 millones de dólares para el próximo año que exige la Junta de Supervisión es inviable.

Rosselló insiste en que los recortes exigidos pueden alcanzarse, pero pide un periodo más largo que los 2 años marcados por la Junta de Supervisión. El jefe del Ejecutivo ha dicho que satisfacer esas exigencias supondrá dejar a 700.000 personas sin asistencia médica, pensionistas que ya están por debajo del nivel de la pobreza más en precario y 45.000 funcionarios en la calle -como se le exige-, un costo que muchos analistas dudan se pueda permitir.