San Juan.– El Gobierno de Puerto Rico se resigna a la imposición de una junta federal que controle el manejo de los presupuestos, mientras el resto del liderato político, con las elecciones a la vista, se opone también a esa injerencia y lamenta la decisión del Supremo de EE.UU. que niega la soberanía de la isla.

“No me gusta el proyecto, pero también reconozco que brinda una solución a nuestra insolvencia”, dijo el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, sobre el proyecto de Ley aprobado el jueves por la Cámara federal de Representantes para atender la situación de la isla.

Ese proyecto, bautizado con el acrónimo de “Promesa”, establece la imposición de una junta formada por siete personas elegidas por Washington que controlen la actividad del Gobierno y velen por el cumplimiento de los presupuestos generales. También establece una moratoria de ocho meses en el pago de la deuda para facilitar su reestructuración. “Aunque imperfecta, la medida es la alternativa menos nociva.

Como gobernador tengo la obligación de mantener un Gobierno operando y brindando servicios”, justificó García Padilla, después de haber pasado dos días en Washington tratando de favorecer algunos cambios de última hora en el proyecto, que ahora debe ser aprobado por el Senado federal.

En 20 días vence un pago de 780 millones de dólares en bonos de Obligaciones Generales que supuestamente está garantizado por la Constitución local, pero, según García Padilla, no cuentan con ese dinero. “Un impago de esta magnitud, sin la moratoria que provee ‘Promesa’, afectará a nuestra capacidad para pagar la nómina, incluyendo policías, enfermeras y terapistas, así como la compra de equipo médico para hospitales, entre otros servicios”, advirtió.

En su opinión, el “precio” que Washington está haciendo pagar a Puerto Rico a cambio de esa moratoria es “excesivo”, ya que supone la imposición de una junta federal de control fiscal que “podría trastocar” las “facultades de autogobierno».

De hecho, aseguró que el proyecto “no respeta la autonomía de Puerto Rico”, pero, aún así, los “protegerá del caos que se producirá ante el impago inevitable que se avecina el 1 de julio». Por ello, instó al Senado federal a que evalúe enmiendas para mejorar el texto y que lo apruebe antes de esa fecha.

El jueves, el mismo día en que “Promesa” pasó el filtro de la Cámara federal, el Supremo de EE.UU. emitió una decisión que ratifica que la soberanía de Puerto Rico reside en Washington y que la última fuente de poder en la isla es el Congreso estadounidense.

Ello hace tambalear el modelo de Estado Libre Asociado bajo el que Puerto Rico lleva más seis décadas ligado a EE.UU. y que defiende, al menos hasta ahora, el partido gobernante en la isla.

Sin embargo, hoy su presidente David Bernier, que aspira a sustituir a García Padilla como gobernador de Puerto Rico, reconoció que esa decisión hace urgente redefinir el estatus político de la isla y se mostró incluso dispuesto a impulsar un referéndum en el que las dos únicas opciones sean “anexión sí, o no” a EE.UU.

Además, dijo estar dispuesto a trabajar con la junta de control, pese a su oposición así como la del resto de los aspirantes a gobernador y gran parte del liderato político. “El próximo gobernador y la próxima Administración tendrán que tomar decisiones difíciles en concierto con una Junta de Control Fiscal no electa por los puertorriqueños”, dijo.

“Como gobernador asumiré esa responsabilidad». El aspirante a gobernador por el principal partido de la oposición, Ricardo Rosselló, también opina que la decisión de Supremo de EE.UU. “afirma que Puerto Rico sigue siendo una colonia» y “demuestra la falacia de nuestro estatus”, por lo que, en su opinión, “es momento de la ‘estadidad’ (anexión)».

María de Lourdes Santiago, aspirante a la Gobernación por el minoritario Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), dijo hoy que la aprobación de “Promesa” “es una reiteración de la vocación de dominio de EEUU y el ejemplo más claro de las profundas injusticias que produce la inferioridad política” del actual estatus. Para ella, la aprobación de “Promesa” y la decisión del Supremo “deshacen el último retazo del disfraz democrático” de estatus de Estado Libre Asociado.

Entre quienes celebran la llegada de la junta se encuentra la asociación Bonistas del Patio, que reúne a unos 60.000 puertorriqueños titulares de cerca de 15.000 millones de dólares en deuda pública de la isla.

“Oponerse a la junta es elegir el caos sobre la reforma, poniendo en peligro la estabilidad económica y la supervivencia de Puerto Rico al darle prioridad a teorías ideológicas sobre el estatus político, situación que no tiene una solución inmediata”, dijo hoy Jorge Irizarry, director de esa organización.