POR GERMAN MARTE
Cinco senadores, dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil coincidieron ayer en que antes de autorizar la construcción de una isla artificial el gobierno debió escuchar la opinión de la ciudadanía. Empero, reconocieron que el poder Ejecutivo tiene facultad para negociar un contrato como el que se suscribió con las empresas Sociedad Canadiense Santo Domingo Re-Development y Necso para la construcción de una isla de un millón de metros cuadrados frente al malecón.

Esta isla artificial costará de US$450 millones.

Algunos de los consultados consideraron que el suelo patrio no puede ser objeto de enajenación arbitraria, sin la consulta del pueblo, independientemente de que no exista el mecanismo del plebiscito o el referendo, por lo que – dada su trascendencia – el proyecto de la isla artificial debe ser discutido, al menos, en el Congreso Nacional.

El presidente del Senado, Andrés Bautista, manifestó que si es el sector privado el que va a invertir en la construcción de la isla, él está de acuerdo, pero advirtió que «si es para endeudar al país con un préstamo internacional, eso hay que evaluarlo, porque habría que ver cuáles son las prioridades de nuestro país».

Dijo que primero hay que determinar cuáles son las fuentes de financiamiento de la isla, si es privada o estatal. Explicó que si la obra conlleva compromisos del Estado dominicano, entonces debe ser conocido en el Congreso, donde se evaluará.

Bautista dijo que hay que determinar qué le hace falta a la República Dominicana en este momento en los ámbitos de educación, salud.

Entretanto, el senador oficialista José Tomás Pérez dijo que el presidente tiene la facultad de firmar contrato, sin embargo, observó que un proyecto de ese tipo debe ser enviado al Congreso Nacional para su ratificación.

Pérez expresó que si el megaproyecto es beneficioso para el país y es financiado por el sector privado debe ser aprobado por los legisladores. Destacó que esta obra podría crear nuevos empleos, «me parece interesente el proyecto, como también me parece el proyecto de Sans Soucí». Favoreció que se aprovechen las energías del sector privado para hacer grandes obras y para la creación de empleos.

Asimismo, senador perredeísta Pedro Antonio Luna lamentó se estén haciendo este tipo de cosas sin consultar a la ciudadanía, «creo que no es el momento hablar de una isla artificial cuando tenemos problemas en salud, educación y apagones que no termina. Creo que había que esperar o por lo menos consultar al Congreso Nacional y no hacer este tipo de empresas que el Congreso ni la ciudadanía no conocen, porque puede ser que suceda que mañana salga que esa empresa puede ser para lavar dinero del narcotráfico y entonces el país volver a caer en la picota de los medios internacionales», expresó el senador del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

De su lado, el también senador Julio César Matías manifestó que en el país no se respetan las instituciones y una expresión de eso es que el presidente Fernández anuncia la firma de un contrato para construir una isla para que luego el Congreso lo ratifique.

«No se puede anunciar cosas cuando no se tiene todo amarrado», dijo el representante de Valverde, al tiempo de advertir que «todo el que inicie una isla ahí sin la aprobación del Congreso corre el riesgo que establecen las leyes». Sin embargo, Matías dijo que esperará conocer el proyecto para decidir si lo apoya o lo rechaza.

De su lado, el senador Dagoberto Rodríguez (PRD-Independencia) dijo que no podía opinar de algo que no conoce. Empero, advirtió que antes de apoyar un proyecto de este tipo hay que determinar si el país está involucrado en algún préstamo o si es garante de algo y corre algún riesgo con la isla artificial, «cuentas claras chocolate espeso».

Advirtió, además, que los inversionistas corren un riesgo si no aclaran con tiempo ante el pueblo y el Congreso los términos del contrato firmado.

Dijo que la isla artificial podría quedarse en el «sueño» de la gente, «si las cosas van en beneficio de todo el mundo, perfecto. Ahora, lo que hay que ver es si hay gato entre macuto, si hay carta entre la manga usted puede estar seguro que eso no va, porque nosotros no lo vamos a permitir».

CARLOS SALCEDO

Carlos Salcedo, ex director de la Fundación Instuticionalidad y Justicia (Finjus), dijo que todo lo que propenda al desarrollo del país debe ser bienvenido, pues la nación necesita grandes inversiones para que la política de empleos surta sus efectos; sin embargo, observó, «hay que tener en cuenta muchos aspectos para tomar una decisión de aceptación de un proyecto de esa naturaleza».

«Hay que tener sumo cuidado a la hora de otorgar esas concesiones, porque a final de cuentas de lo que se trata es de la preservación de los bienes fundamentales de la nación. Un Estado no es solamente gente, sino que está formado también por recursos naturales, territorio» y el Estado no sólo debe garantizar la propiedad de los particulares, sino las propias.

Asimismo, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Finjus, explicó todo tipo de negociación que se haga con el territorio nacional tiene que estar refrendado por el Congreso Nacional. Pero además subrayó que propuestas de esa naturaleza deben ser conducidas con suma transparencia, para que a nadie le tome por sorpresa ese tipo de negociación, aunque reconoce que el Poder Ejecutivo tiene derecho a negociar la construcción de la mega obra.

Mientras que la dirigente reformista Emma Valois dijo que debió buscarse el consenso de la población. «Ha sido muy sorpresiva la noticia», expresó Valois, quien estima hay que estudiar si conviene que al malecón bohemio se le quite la vista al mar.

En tanto que el periodista y ex candidato presidencial Raúl Pérez Peña sostuvo que el presidente Leonel Fernández da una muestra de incoherencia política al firmar el contrato, pues por un lado habla de consenso y favorece el referendo y el plebiscito, pero al mismo tiempo firma un contrato de esa naturaleza sin escuchar qué dice el pueblo al respecto.