El gobierno dominicano y la inmigración haitiana

El gobierno dominicano y la inmigración haitiana

PEDRO PADILLA TONOS
A ningún dominicano ha causado sorpresa las declaraciones del canciller Morales Troncoso, aparecidas en la prensa nacional el pasado día seis, en las que afirma que el caso haitiano es el principal problema que tiene el país y que el mismo es una responsabilidad de la comunidad internacional, principalmente de los países ricos, que no han cumplido con sus promesas de ayuda al pueblo haitiano, dejando que la República Dominicana cargue solo con el problema.

Lo que sí sorprende a los dominicanos es que el gobierno, reconociendo que éste es su principal problema, no señala las medidas que ha tomado y que piensa tomar para encararlo, como haría cualquier gobierno responsable de evitar que la situación siga gravitando cada vez con más fuerzas sobre el porvenir de la nación.

Mientras no exista una política definida frente a Haití, que comprenda una racional política migratoria, no estaremos en condiciones ni siquiera de comenzar a enfrentar las graves y peligrosas consecuencias que la situación de Haití representa para la República Dominicana.

Para elaborar esa política se necesita, en primer lugar, una mayor coherencia en la convicción y en la acción del gobierno dominicano, comenzando por sus más altas autoridades.

Vimos como recientemente el canciller dominicano celebró con el canciller haitiano la suspensión de la repatriación de inmigrantes ilegales haitianos iniciada por el gobierno dominicano a raíz de hechos sangrientos cometidos por algunos de esos inmigrantes contra ciudadanos dominicanos en comunidades fronterizas.

Luego vimos como el Presidente Fernández desmintió ese acuerdo y reclamó el derecho que asiste al Estado dominicano de aplicar su política migratoria.

Más tarde escuchamos al Presidente Fernández pronunciarse en contra de lo que consideraba repatriaciones abusivas contra los inmigrantes haitianos prometiendo que esa práctica, considerada consuetudinaria, no se repetiría en su gobierno.

Me permito no compartir esas expresiones presidenciales ni poder evitar que mi memoria se remonte al año 1844, cuando los dominicanos tuvimos que recurrir no a la repatriación sino a la expulsión de los haitianos invasores para rescatar y proclamar la soberanía de la República Dominicana.

Creo que ya es tiempo de que haya definición, coherencia y acción en el gobierno dominicano sobre la incidencia del problema haitiano en nuestro país. El Presidente, el canciller y los demás funcionarios responsables del tema deben hablar el mismo idioma, siempre que sea en español.

Es hora ya, si no de una política de Estado, por lo menos de una política oficial frente a Haití, comenzando por una política migratoria que ponga freno y regularice la masiva e ilegal inmigración haitiana hacia nuestro país.

Esa política tiene y debe ser una política de acción y no de reacción, que no dependa de situaciones circunstanciales de la política interna haitiana y dominicana si se desea buscar una solución permanente que preserve y defienda los intereses de la nación.

Esa política general y la migratoria en particular debe basarse en elementos esenciales como el respeto al derecho internacional, a la Constitución y a las leyes, a la dignidad humana, a la justicia, a la solidaridad, pero sin descuidar ni un ápice los intereses nacionales que comprenden la integridad de nuestro territorio, nuestra soberanía, nuestra religión, nuestro idioma, nuestra cultura y sobre todo, nuestra seguridad, tranquilidad y bienestar.

El propio canciller dominicano se refiere en sus declaraciones al hecho de que algunos sacerdotes extranjeros denuncian en organismos internacionales prácticas esclavistas contra ciudadanos haitianos en República Dominicana.

Es responsabilidad de nuestro canciller, aunque es conocida la pobreza de nuestra «política exterior» y la deficiencia de nuestra «diplomacia», responder adecuadamente a esas acusaciones, rescatando la imagen y dignidad internacional del país y destacando que ningún otro pueblo, como el dominicano, es tan comprometido y solidario con la desgracia del pueblo haitiano.

He ahí otra prueba de la necesidad de una política frente a Haití. Me permito pedirle a nuestro Presidente y a nuestro canciller, ya que viene al caso de la inmigración haitiana, que reflexionen sobre las declaraciones formuladas recientemente por Tony Blair, primer Ministro del Reino Unido, al tocar el tema de las medidas sobre inmigración: «Venir a Gran Bretaña no es un derecho y vivir en ella es un deber. Este deber consiste en compartir y apoyar los valores del estilo de vida británico».

Publicaciones Relacionadas

Más leídas