Los hechos acaecidos en este mes de abril y los que anuncian los grupos paramilitares en el discurrir del mismo evidencian que la cuestión migratoria ha tomado un camino cada día más difícil de controlar, no sólo por las autoridades, sino para los promotores de esas acciones, tanto los actores visibles como aquellos que las promueven desde diversas instancias y formas. En ese sentido, la iniciativa del Ejecutivo de endurecer su política de control migratorio, a través de las anunciadas 15 medidas para tal fin, es entendible. Es evidente que con esas medidas se pretende dar un golpe de efecto para redimensionar el protagonismo del paramilitarismo en el ámbito de las migraciones y evitar que adquiera una peligrosa dimensión política.

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Las medidas tienen elementos pertinentes, sobre todo las relativas a los controles fronterizos tanto para evitar el tránsito y trata de personas y las regulaciones de los intercambios de mercancías, pero aún son enunciados que requieren precisiones. ¿Cómo lograr erradicar la corrupción y la cadena mandos y peajes la trata de personas, cuales mecanismos de control se crearán para evitar los abusos y extorsiones a los apresados? Una cuestión delicada es la idea de involucrar a los gobiernos locales en los procesos de repatriaciones algunas de esas autoridades se han involucrado en acciones persecutorias contra migrantes con nefastos resultados.

En lo relativo a la llamada dominicanización de la mano de obra en los sectores turismo y zonas francas, se plantea discutir se un acuerdo tripartito para incrementar el salario en un 25-30%, de generalizarse ese incremento en el sector construcción que es, junto agropecuario, el sector que mayor cantidad de mano de obra extranjera demanda y donde se busca el mítico 80-20, se produciría un incremento del costo de la vivienda. Hay que entender que tema salarial, en última instancia, no es lo que determina que la mano de obra nacional realice determinadas labores, no las hace porque las considera socialmente degradadas.

En cuanto al tema de la instalación de agentes de migración en los hospitales para controlar el acceso de usarías indocumentadas, extranjeras o de origen, hay que tener presente que muchas de estas son compañeras de trabajadores legales. Si después de ser atendidas las mandan hacia Haití, estaríamos ante un hecho de separación de familias, dejarían a sus compañeros e hijos. Preocupa, en ese tenor, que los estudios y aplicación de las nuevas normativas migratorias ante el deterioro de la situación haitiana estarán dirigidas por el señor Milton Ray Guevara, responsable de la Sentencia 168-13, un transgresor del sagrado principio doctrinario del Derecho: la irretroactividad de la ley

Por eso, repudiándolo, Hugo Tolentino Dipp, primer impulsor de la fundación del PRM, le devolvió un libro y una carta que aquel le enviara. Puede entenderse que la complejidad del momento dificulte el planteamiento de una propuesta bien fundada y exquisitamente detallada para facilitar su implementación, pero lo que no se entiende es porque no acudir a personas son solvencia ética, profesional y equilibradas para dirigir este delicado momento de profunda crisis política y social en torno al tema migratorio.