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Madrid, (EFE).- El Gobierno español estudia la posible instauración de la «cadena perpetua» revisable, en línea con la que existe en otros países europeos, como pena excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social.
Así lo indicó hoy el ministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados (cámara baja del Parlamento español), en la que también anunció que su Ejecutivo reformará la Ley del Menor.
El ministro presentó un paquete de proyectos legislativos, con el fin de modernizar la Justicia, hacerla más eficaz y acabar con su imagen de politización, que incluye también la creación de una tasa para poder recurrir las resoluciones judiciales.
El Partido Popular (centro derecha), en el poder en España desde finales de diciembre, incluyó en su programa para las elecciones del pasado 20 de noviembre la implantación de la pena de «prisión permanente revisable», lo que fue criticado por el anterior ministro de Justicia, el socialista Francisco Caamaño, que comparó la medida con una película de terror.
Caamaño dijo entonces que España cuenta con un Código Penal que es de los más duros que existen en Europa, con penas que en los delitos de terrorismo alcanzan hasta los cuarenta años de cárcel. El nuevo Gobierno español, además, reformará la Ley del Menor para que, en los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente, si bien a estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos.
Ruiz-Gallardón, hasta ahora alcalde de Madrid, aseguró que la reforma no supondrá «merma alguna» de los derechos del menor. La reforma afectaría a casos como el de la joven Marta del Castillo, una joven de 17 años cuya desaparición conmocionó al país porque hasta el momento no ha aparecido el cadáver.
Un tribunal español ha sentenciado a veinte años a Miguel Carcaño, exnovio de la joven y que confesó que la golpeó tras una discusión y arrojó luego su cuerpo al río Guadalquivir, que atraviesa la ciudad de Sevilla (sur español), mientras que ha absuelto al resto de acusados, lo que ha levantado una fuerte polémica. Un menor apodado «El Cuco» fue juzgado individualmente y condenado por encubrimiento.
La reforma afectaría también al caso del menor conocido como «El Gitanillo», condenado a 6 años de internamiento en régimen cerrado y 5 años más de libertad vigilada por su implicación en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. El Gobierno español reformará, asimismo, la Ley del Aborto para exigir el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad que quieran interrumpir su embarazo. EFE
