París.  El Gobierno francés anunció hoy su intención de aplicar “sin demora” la ley de liberalización económica tras haber recibido el visto bueno del Consejo Constitucional, la máxima autoridad judicial de Francia, al grueso de ese texto.

“Ciertas disposiciones van a aplicarse inmediatamente, como la apertura de líneas de autocares entre grandes ciudades, la aceleración de los procesos ante los tribunales laborales o el número de domingos en que los comercios van a poder abrir”, indicó el primer ministro, el socialista Manuel Valls.

El resto de medidas, según explicó en un comunicado, entrarán en vigor de aquí a finales de año.

El Consejo Constitucional censuró anoche 17 medidas de los 308 artículos que contempla la llamada “Ley Macron”, en honor al ministro de Economía que la impulsó, Emmanuel Macron, y de esas, según el Ejecutivo, doce fueron invalidadas por motivos de procedimiento.

El Constitucional no aprobó, entre otros, el artículo que instituía un marco para la indemnización decretada por un juez a un empleado despedido sin causa real y seria en función de los criterios de antigüedad y del número de efectivos de la compañía, al estimar que no es conforme con la ley.

Tampoco validó una apertura de la comunicación sobre el alcohol, que abría la vía a una publicidad más libre para el vino, ni la reforma de las cámaras de comercio o el establecimiento de una tasa para el acceso a la justicia.

“La mayor parte de las medidas anuladas por motivos de procedimiento serán presentadas de nuevo ante el Parlamento los próximos meses. Sobre la introducción de un marco para las indemnizaciones (…) se van a buscar soluciones para reducir la incertidumbre a la que están sometidos empleados y empresarios”, dijo Valls.

El Ejecutivo se congratuló por la aprobación del grueso de ese texto e insistió en que son reformas que los franceses solicitaban y que tendrán un impacto positivo en la vida cotidiana y la economía.

El proyecto, rechazado por amplios sectores, llevó al Gobierno francés durante su trámite a apoyarse en dos ocasiones en un procedimiento acelerado que le permitió saltarse el debate parlamentario en la Asamblea Nacional.

La moción de censura presentada en ambas ocasiones por la derecha tras esos recursos fue superada por el Gobierno socialista al no alcanzar los 289 votos que necesitaba para triunfar, por lo que ese texto continuó su análisis en las cámaras respectivas.