Por: Haivanjoe Ng Cortiñas

El presupuesto es la intención firme de un gobierno de lo que pretende realizar, por eso conforme a la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, número 423-06, es al ejecutivo, por intermedio del ministerio de Hacienda, a quien le corresponde trazar la política presupuestaria de corto y mediano plazo, así como formularlo todos los años, para fines de aprobación del Congreso Nacional. 

Dentro del ciclo de la formulación presupuestaria anual, los distintos ministerios determinan sus proyectos y programas, en base a las prioridades gubernamentales y del país; partiendo de esa premisa, su ejecución solo dependerá de que los ingresos fiscales se comporten como lo planeado, para que el gasto público se constituya en una obligación de carácter legal.

El presupuesto inicial del 2021 tuvo como ley la número 237-20, que consignó unos ingresos ascendentes a RD$ 746,313 millones y gastos por RD$ 891,378 millones, pero al cabo de unos meses fue reformulado mediante la ley número 166-21, dado que los supuestos macroeconómicos cambiaron favorablemente, reestimándose los ingresos hacia el alza a RD$ 766,365 millones y también los gastos, que fueron elevados a un monto total de RD$ 976,590 millones.

El objeto de esta opinión pretende monitorear la ejecución presupuestaria, desprovista de teorías económicas y juicios de valor, se limita a medir el nivel de cumplimiento de lo que consignan las distintas clasificaciones contables presupuestarias del 2021 a la segunda quincena de septiembre, dado el nivel de ingreso fiscal que ha recibido el gobierno central, que le ha permitido disponer de liquidez para la ejecución del gasto público. 

Desde el 1 de enero al 10 de septiembre, el gobierno general ha recibido como ingresos la suma de RD$ 577,398 millones, de los RD$ 766,365 millones previstos y ha gastado la suma de RD$ 574,327 millones, de los RD$ 976,590 millones apropiados en el presupuesto del 2021. En términos de la cuenta de inversión, ahorro y financiamiento, el resultado ha sido de un saldo financiero favorable de RD$ 3,071 millones y primario de RD$ 121,467 millones, al tiempo de registrar un financiamiento neto de RD$ 111,651, luego de cubrir las aplicaciones financieras.

Los resultados descritos, permiten apreciar que el gobierno no ha tenido dificultades de liquidez real ni inmediata para cubrir sus obligaciones presupuestarias. Sin embargo, el gobierno central solo ha gastado el 83.0 % de lo que pudo gastar, que asciende a RD$ 691,751 millones, quedando por gastar la suma de RD$ 117,424 millones.  

Al auscultar la rama ejecutiva del gobierno, todos sus ministerios pueden gastar hasta RD$ 952,575 millones, solo sujeto a la disponibilidad de los ingresos previstos. Los ministerios gastaron el 82.5 % de lo permitido legalmente y posible financieramente, dado la disponibilidad de ingresos fiscales, al erogar la suma de RD$ 556,617 millones, cuando pudo ser de RD$ 674,740 millones.

A nivel de la clasificación económica del gasto, el corriente se situó en un 92.7 % y el de capital en un 7.28 %. En gasto corriente, el gobierno central ha erogado el monto de RD$ 532,474 millones, cuando pudo ser de RD$ 598,708 millones y de capital de RD$ 41,852 millones, cuanto también pudo elevarse a RD$ 93,043 millones. Resalta a la vista el fuerte rezago en materia del gasto de inversión que ha tenido el gobierno central, ascendente a RD$ 51,191 millones.

Respecto a la clasificación funcional, en Servicios Generales, el gobierno ha gastado RD$ 94,682 millones, cuando pudo ser RD$ 117,728 millones. En Servicios Económicos gastó RD$ 69,778 millones, equivalente al 61.0 % de lo que pudo gastar que son RD$ 109,405 millones. En Protección al Medio Ambiente, gastó RD$ 3,030 millones, cuando pudo ser RD$ 4,784 millones y en Servicios Sociales gastó RD$ 288,444 millones, pudiendo gastar RD$ 348,010 millones.

Por su parte, el gasto público desde la perspectiva de la clasificación objetal, en Remuneraciones y Contrataciones fue de RD$ 141,423 millones, en vez de RD$ 153,830 millones, en Contrataciones de Servicios gastó RD$ 39,899 millones y no los RD$ 51,384 millones que pudo haber ser. En Materiales y Suministros, erogó RD$ 34,276 millones, pese a tener apropiado RD$ 55,478 millones. En Transferencias Corrientes ha gastado RD$ 199,507 de los RD$ 230,530 millones autorizados. En Transferencias de Capital, el gasto ha sido de RD$ 20,994 millones, pudiendo ser de RD$ 34,162 millones y en Bienes Muebles e Inmuebles, la erogación fue de RD$ 8,247 millones y no los RD$ 17,888 millones que contempla el presupuesto.

La narrativa oficial da cuenta que la disminución del gasto es indicativa de una mayor eficiencia; sin embargo, resulta que el presupuesto del 2021, tanto el formulado original, como el reformulado, son expresiones de las decisiones de las autoridades, por lo que es su presupuesto, no el de otra administración.

Llevar a cabo una ejecución presupuestaria con un subejercicio del gasto público, es demostrativo de que el gasto observado ha sido inferior al autorizado y programado, pudiendo darse un no cumplimiento de las metas o no contar con el compromiso formal de la ejecución del gasto. Penosamente, la legislación dominicana no cuenta con dispositivos para sancionar a los funcionarios que no cumplan con gastar lo que corresponda, como tampoco prevé el destino que se le daría a los recursos no utilizados. Este vacío le brinda espacio al pacto fiscal que se promueve para abordarlo.  

En torno a la ejecución presupuestaria inferior al límite legal autorizado y ante disponer de los ingresos fiscales necesarios para cubrir los gastos hasta el 10 de septiembre del 2021, no resultaría descabellado considerar al menos dos hipótesis, la primera, que las autoridades responsables de elaborar el presupuesto no fueron certera en la medición del gasto o la segunda, que las áreas ejecutivas no han tenido la capacidad gerencial para accionar en la dirección que establecen los distintitos proyectos y programas contenidos en el presupuesto del 2021.

La coyuntura actual de una economía que viene de haber caído en forma importante en el 2020 con un -6.7 % y las muestras de inicio de recuperación durante el primer semestre del 2021, debe ser motivo para que el accionar público ayude a sostener ese desempeño, gastando lo que corresponde gastar. En pocas palabras, lo que el gobierno dijo que iba a gastar no lo ha gastado.