POR ARTURO MARTÍNEZ M.
Hasta ahora, las opiniones que se han dado con respecto al acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos no se basan en estudios, en investigaciones serias, sino en impresiones que tienen los funcionarios del gobierno, de gente ilustrada y de otras que no lo son, la mayoría con un claro sesgo en favor, pero sin demostrar porqué conviene.

El gobierno, por su parte, no aporta evidencias para apoyar su entusiasmo, su responsabilidad es demostrar que conviene a la economía en el corto y largo plazo, no sólo decir que vale la pena porque se lo dicen la gente de Washington. Los empresarios y los consumidores, no desean seguir viendo y oyendo a su gobierno repetir la misma canción, que debe ser aprobado sólo porque los norteamericanos y los países centroamericanos andan por ese camino. Es  responsabilidad del gobierno llamar la atención sobre aspectos delicados y evitar que se caiga en un peligroso espejismo, hacia donde lamentablemente parece que nos conducen.

El acuerdo con los Estados Unidos se entiende como un proceso de liberalización comercial bilateral de bienes y servicios, que conlleva la eliminación de aranceles y trabas para-arancelarias por el lado dominicano, y no necesariamente así por el lado de los norteamericanos. El gobierno y los que defienden el acuerdo no se han detenido a estudiar la asimetría, y de manera particular el gobierno tampoco ha puesto a circular una versión oficial, para conocimiento general, acerca de cuáles serían los efectos estáticos (beneficios y costos) del acuerdo, es decir, si conviene ó no. 

Es lamentable que se haya limitado a repetir lo que le dicen la gente del norte, que se producirán beneficios dinámicos, los que ciertamente podrían producirse, pero también al final podrían quedarse como simples deseos, como en efecto ha sucedido en la mayoría de los acuerdos bilaterales comerciales en américa latina. Me refiero a la versión repetida de que se debe aprobar porque alentaría las inversiones extranjeras, principalmente las norteamericanas en el sector de las zonas francas, que se producirían economías de escala por el aumento en las exportaciones de las empresas nacionales, y que se podrían observar cambios tecnológicos en los diferentes sectores de la economía, mejorando la productividad global. Son los conocidos efectos dinámicos que se mencionan en la literatura especializada,  es lo que teóricamente se espera, pero la verdad es que son contados los estudios que en la práctica han podido contactar tales beneficios, luego de que haya transcurrido algún tiempo en la vigencia de los acuerdos.

El gobierno debe decirle con claridad al pueblo que tres son los sectores llamados a ganar y a perder de ponerse en vigencia el acuerdo, me refiero a los consumidores, el fisco y a los productores nacionales. Si gana el primero, pero no lo suficiente como para compensar por las pérdidas del fisco y de los productores, entonces no vale la pena. Tampoco tendría mucho sentido correr riesgos si las ganancias netas son pocas. Por eso es necesario llegar a resultados netos, para tomar una decisión en un sentido ó en otro. 

Los consumidores dominicanos se podrían beneficiar con la rebaja de precio de los productos nacionales e importados desde los Estados Unidos, cuando se eliminen las trabas arancelarias y para-arancelarias. El gobierno ni nadie ha dicho en cuantos puntos porcentuales podrían caer los precios, tampoco cuáles serían los productos beneficiados con la rebaja de precios, me refiero por ejemplo, si está ó no incluídos los que realmente interesan, como alimentos, maquinarias y equipos agrícolas, industriales y comerciales, vehículos, entre otros. Sólo para citar un ejemplo, el gobierno debe decir si los alimentos tendrán un precio equiparable al internacional, y lo mismo con relación a los datos productos que interesan a los consumidores. Son datos que se necesitan para saber si los consumidores real y efectivamente saldrán gananciosos.

Por otro lado, es cierto que el acuerdo reducirá los ingresos tributarios, hay estimados de que sería entre 1.5% y 3% del PIB lo que el gobierno dejaría de recibir. Asumiendo que el estimado es correcto, de todas formas se estaría hablando sólo de una parte de la pérdida del fisco, porque el costo total al final sería superior y la magnitud del aumento estaría en función de la importancia que tenga la desviación de comercio, es decir, del volúmen y del valor del comercio que actualmente hacemos con otros países y que con motivo del acuerdo se haría con los Estados Unidos.

Se trata de un efecto que nadie se ha detenido a estudiar, por lo menos yo no he visto que el gobierno, que se supone es el interesado, haya hecho y publicado estudios ó analisis en ese sentido. Es decir, se sabe cuál es la magnitud del comercio que se desvía, y a cuanto ascendería la pérdida fiscal sólo por ese concepto. La realidad es que las respuestas no las tiene el gobierno, lo que es imperdonable. Pero tampoco puede identificar los productos cuyo comercio se podría desviar hacia los Estados Unidos, y lo peor es que el sector privado tampoco tiene la respuesta concreta. Son desconocimientos que a éstas alturas no se podrían justificar.

Lo anterior indica que, al cálculo de que se perdería entre 1.5% y 3% del PIB, habría que sumarle los ingresos arancelarios que se perderían por importaciones desviadas hacia los Estados Unidos. De parte del gobierno, del Congreso Nacional y del sector privado, es una paso incorrecto formar comisiones para elaborar reforma tributaria, si se desconoce el dato del total de ingreso que el gobierno perdería, sería como inventar una reforma para salir del paso, para dentro de poco tiempo pegar el grito al cielo, para que se apruebe otra para compensar por ingresos que se pierden y que no se tomaron en cuenta.

Lo que el gobierno le ha dicho al pueblo es que el acuerdo representa pérdidas para el fisco, pero no refiere que representará un tremendo desafío para la producción y la política agrícola dominicana, agravado con la permanencia de subsidios a la producción agrícola y a las exportaciones en los Estados Unidos. Al preocuparse sólo por lo que dejaría de recibir, el gobierno se ha comportado de manera egoísta, olvidando que tiene otra responsibilidad, minimizar las pérdidas de los productores, por lo menos los del agro, que perderán producción y empleos. Como anda corriendo y sin un norte claro, nuevamente el gobierno podría caer en la trampa de hacer una reforma tributaria mala, de poner sólo parcho, cuando lo que se requiere es que se tome en cuenta la producción y el empleo como objetivos de la reforma, lo que implica que sea transparente y eficiente.

Lo anterior conlleva también la eliminación de privilegios que de una manera u otra ha otorgado el sistema tributario a sectores muy específicos. También eliminar la doble tributación, que ciertamente es una de las características del actual sistema. Se sabe que en el sistema tributario dominicano los impuestos gravan tanto al consumo de las personas como a sus ingresos, y que se paga poco o nada de impuesto sobre la riqueza, lo que debe cambiar si queremos un sistema menos regresivo y más justo.

Cuando digo que el sistema vigente ha sido regresivo es porque el impuesto se aplica a una base distorsionada, a los retornos que por sus actividades productivas recibe el capital humano, esto es, los sueldos, salarios, honorarios profesionales, intereses ganados por su inversión, generando una excesiva carga impositiva para el sector. Ahora se pretende empeorar la situación penalizando nuevamente el ahorro, con un impuesto específico sobre los intereses, lo que sería una barbaridad en una economía donde lo que se necesita es descensitivar el consumo. A diferencia de los empleados, los empresarios pueden lograr créditos a su favor como personas, a través de los dividendos, utilidades, rentas de arrendamientos, de los retornos del capital fisico. Es decir, se pueden defender como personas cuando reportan al fisco las actividades de sus empresas, y lo hacen acogiéndose a normativas de la administración fiscal y de habilidades particulares. Son diferencias fundamentales que una reforma tributaria justa debería abordar.

En cambio, el gobierno lo que hace es que estudia los datos agregados para plantear su reforma, me refiero al comportamiento de los ingresos tributarios. De esa forma nunca hará una reforma tributaria profunda. Pero utilicemos su método para ver por donde anda. En los años 2000 y 2004, los ingresos tributarios promediaron 14.3% del PIB, y el más importante fue el impuesto sobre mercancías y servicios, que promedió 6.2% del PIB, siguiéndole el impuesto al comercio exterior con 4.5% del PIB y el impuesto a los ingresos con 3.3% del PIB.  Comparados con el ingreso tributario total, el impuesto sobre los ingresos apenas promedió 3.4%.

Considerando que la tasa de impuesto a la renta de las empresas ha sido de 25%, y comparándola con la participación que el impuesto ha tenido en el PIB (de 3.3%), el rendimiento del impuesto a los ingresos apenas ha sido de 14%. Como dijimos, el bajo rendimiento, ó dicho de otro modo, la fuerte evasión (de un 86%), se ha debido a que las empresas y las personas físicas que han pagado el impuesto se han valido de diferentes mecanismos (legales y no legales) para excluir de la base imponible partidas de ingresos, mientras se acogen a créditos otorgados por la administración tributaria a través de normativas dictadas de tiempo en tiempo. Mejorando el rendimiento del impuesto aumentarían los ingresos del gobierno, sin necesidad de crear nuevas cargas.

En cambio, y para compensar por las pérdidas fiscales, el gobierno, el congreso nacional y el sector privado, lo que hacen es concentrarse en las partidas de impuestos sobre mercancías, de manera específica en el consumo de las bebidas alcohólicas cigarrillos y combustibles, que tienen impuestos específicos de fácil cobro. A pesar de que son tributos a productos conocidos como “pigouvianos”, en el sentido de que la sociedad desea desalentar su consumo, hay que tener presente que algunos de ellos posiblemente están al tope de impuestos.

Como dijimos, también se piensa en las partidas de retornos a las personas y a las empresas en forma de intereses, olvidando que el ahorro origina financiamientos a las empresas y al gobierno, por lo que un nuevo impuesto específico al ahorro equivale a un impuesto a la inversión. Pero resulta que los intereses que genera el ahorro ya forma parte de la base imponible de las personas y de las empresas, de modo que se estaría cayendo en doble tributación. Otra evidencia de que no se tiene un claro sentido, es el hecho de que se ha pensado en elevar los impuestos a los productos importados que proceden del resto del mundo, lo que sería una barbaridad, porque aumentaría el costo económico y social del acuerdo para los dominicanos, a través de la desviación del comercio hacia el norte.

Se equivoca el gobierno y los sectores que lo repiten, cuando afirman que que el total de ingresos que se dejaría de recibir representaría una pérdida social, cuando en realidad serían sólo transferencias de recursos desde los que se benefician con los gastos del gobierno, a los consumidores de los productos que se importarán desde los Estados Unidos. Pero también puede verse como una transferencia de recursos para que los norteamericanos aumenten sus ventas hacia República Dominicana. Pero es que decimos que es de mucha importancia conocer de cuánto estamos hablando. El ejercicio debería hacerse con todos los productos que importaremos desde los Estados Unidos, ó por lo menos, con los rubros más importantes en cuanto volúmen y valor. Nuevamente, no se debería trabajar en una reforma tributaria sin conocer el dato.

Tambien se debe conocer y estudiar la transferencia de recursos de los productores agrícolas al consumidor, es decir, conocer, antes de plantear cualquier reforma tributaria, qué porcentaje del valor bruto de los productos agrícolas los productores estarían transfiriendo a los consumidores. Lo anterior es parte de la ganancia de los consumidores, al sustituir productos nacionales por los importados desde los Estados Unidos a un menor precio.

Quiero repetir que el total de las transferencias, desde el gobierno al consumidor y desde el productor al consumidor, no representan pérdidas para la sociedad, son pérdidas para el fisco y para los productores de los cultivos afectados. Cuando decimos que es necesario conocer la pérdida de los productores, me refiero a saber con algún grado de certidumbre y detalle, por ejemplo, de cuál es el efecto sobre el empleo y la producción en la industria azucarera, si es mayor ó menor que el efecto que producirá en el arróz, las habichuelas, el ajo, la leche, para sólo citar algunos productos. Cual es la pérdida de producción, por renglones, y de cuánto desempleo estamos hablando.

Como hemos dicho, al reducirse los precios de los productos, los productores nacionales incurrirían en pérdidas, también el gobierno pierde ingresos y gana el consumidor. Algunos dirían qué bueno, porque todos somos consumidores, y resulta que yo también lo soy, pero no me entusiasmo demasiado porque veo que las autoridades, las que tienen que decidir, no conocen, además de lo que pierde el gobierno, lo que pierden los productores, para saber cuánto ganan adicionalmente los exportadores de los Estados Unidos. El dato permitiría saber quién gana finalmente, si los dominicanos ó los norteamericanos.

Es decir, el país debe saber si el acuerdo producirá una ganancia neta, si la ganancia de los consumidores, con motivo de la rebaja de precios de los productos importados desde los Estados Unidos, será ó no superior a las pérdidas que sufrirán los productores locales del agro, principalmente. Porque no serán pocos los intereses afectados, con la diferencia de que algunos tienen padrino, como el gobierno, y otros parece que no lo tienen como los productores. El gobierno reclama porque perderá ingresos, de inmediato se forman comisiones para la reforma tributaria, mientras los productores se mantienen en el aire. Eso no es justo, porque los dos tienen el mismo problema, transferirán recursos al consumidor.

Lo que se repite, como el papagayo, es que los productores tienen sus propios mecanismos compensatorios, que de manera mecánica y automática se producirán ajustes en la producción del agro, que por necesidad mejorarán su productividad algunos de ellos, y otros desaparecerán, y que habrá una relocalización de inversiones, lo que es bueno. Los que así hablan sencillamente están desconociendo el tamaño del problema que se enfrentará. Los cambios en productividad, que es la salida de largo plazo, requerirá no sólo de tiempo, de fuertes inversiones privadas, de pérdidas de producción y de empleos, sino también de una estrategia de inversión del gobierno, incluyendo gastos en inversión y desarrollo. Lo que quiero decir es que la transferencia de recursos del productor al consumidor no debe ser  tomado a la ligera.

FIRME CREENCIA

Tengo la firme creencia de que antes de aprobar cualquier cosa, y lo peor, sin saber lo que se está aprobando, haría bien el congreso dominicano si recibe respuestas a éstas y otras interrogantes que plantea el acuerdo con los norteamericanos. No me preocuparía de que el congreso norteamericano apruebe rápido ó que demore la aprobación del acuerdo de libre comercio, ese sería problema de los Estados Unidos. Nunca he tenido duda de que finalmente lo harán, porque conviene a los intereses políticos y económicos de ese gran país. Nuestro problema es otro, tenemos que entender si lo que firmamos conviene ó no a la economía nacional en el corto y largo plazo, es decir, conocer sin prisa y sin aceptar presión de ningún género, los beneficios y costos económicos y sociales.

Si al final se demuestra que conviene a los intereses del país, se debe aprobar, si resulta lo contrario, ganamos dejándolo sobre la mesa. Recordemos lo que nos pasó en el 1920, cuando eliminamos los aranceles con los Estados Unidos, en aquella ocasión los importadores inundaron el país de productos procedentes de los Estados Unidos, y los productores locales quebraron. El proceso se echó para atrás en 1924, pero las pérdidas de los productores ya era muy alta. Para que no se repita el mismo error, revisemos la historia. Estamos a tiempo.