Los funcionarios del Gobierno siempre han vendido la idea de que la tarifa eléctrica es subsidiada con fondos públicos y que en gran medida la supuesta insuficiencia tarifaria es una de las razones del déficit financiero del sector.

El Gobierno elaboró un documento bajo el título de Plan de Acción del Sector Eléctrico 2010-2015, el cual está disponible en la página web de la CDEEE, en donde se afirma que la tarifa eléctrica no cubre los costos y se recomienda la flexibilización de la misma para que refleje los costos en que se incurre por cada kWh servido; y que el costo de ese KWh sea cubierto por quien lo consuma, planteando en una primera fase a ser implementada en el 2010-2011, la modificación del esquema tarifario vigente.

En la carta de intención al FMI de marzo, se establece el compromiso de una reforma tarifaria en la que el Gobierno aplicará un mecanismo más flexible de precios para las tarifas de electricidad y eliminará gradualmente la brecha entre las tarifas actuales y la tarifa indexada, (la cual cubre los costos existentes de generación) como es publicada por la Superintendencia de Electricidad, comenzando en el segundo semestre del 2010 con el propósito de eliminar la brecha para finales del 2010. El compromiso asumido por el Gobierno con el FMI se corresponde con el Plan de Acción elaborado para el 2010-2015.

Es obvio que la intención evidente que subyace en el concepto de la reforma tarifaria o flexibilización de la tarifa a partir del segundo semestre del 2010, es que la tarifa refleje el nivel de ineficiencia en la mala gestión de las distribuidoras y los costos abultados en gastos de nóminas que presentan las empresas eléctricas bajo el control absoluto del Estado, las cuales tienen un gasto en nómina mensual superior en unos US$13 millones a los que esas mismas empresas tenían en agosto del 2004, representando un gasto anual solo en incremento de la nómina de unos US$156 millones, lo que equivale al 22% del subsidio directo otorgado por el Gobierno al sector eléctrico en el 2009 (US$703 millones).

I. Clientes subsidian la tarifa eléctrica. Al analizar las cifras oficiales, se descubre que los clientes que pagamos el consumo de electricidad por un servicio malo y caro, en lugar de estar recibiendo un subsidio tarifario como afirman las autoridades, hemos estado subsidiando a las distribuidoras a través del pago de un VAD excesivo por encima de los US$0.03/Kwh contribuyendo a cubrir las ineficiencias de su pésima gestión, incluyendo exceso de empleomanía. A excepción de los meses de junio a noviembre del 2008, en donde el precio del barril del petróleo alcanzó cifras records históricos cercanos a los US$150, en el resto de los meses (54 meses, 90% del tiempo), los clientes que pagamos la factura eléctrica hemos estado subsidiando la ineficiencia y mala gestión de las distribuidoras a través de un VAD excesivo.

¿A cuánto asciende el subsidio que los clientes hemos pagado a las distribuidoras a través del VAD en exceso de los US$0.03/Kwh? El subsidio de los clientes a las distribuidoras se obtiene al multiplicar el valor mensual del VAD en exceso de los US$0.03/Kwh por la energía facturada mensualmente.

Los clientes hemos aportado a través del VAD que las distribuidoras han facturado en exceso a los US$0.03/Kwh, unos US$966 millones, lo que representa un subsidio promedio anual de unos US$193 millones que se ha otorgado a las distribuidoras a través de la tarifa eléctrica vigente desde el 2005, para contribuir con la ineficiencia y mala gestión de esas empresas.

El aporte al sector eléctrico totaliza unos US$7,371 millones, lo que equivale a unos US$1,474 millones anuales.

II. Conclusiones:

1) No son ciertas las afirmaciones de que el Gobierno está subsidiando la tarifa eléctrica. El subsidio que se afirma se otorga a la tarifa en realidad se otorga para cubrir la ineficiencia, la mala gestión de las distribuidoras y el exceso de empleomanía con que operan las empresas eléctricas bajo el control absoluto del Gobierno, las cuales consumen unos US$13 millones mensuales (US$156 millones anuales) en nómina en exceso a la cantidad que existía en agosto del 2004.

2) Los clientes que pagamos el consumo de energía por un servicio pésimo y caro, hemos estado subsidiando la ineficiencia y mala gestión de las distribuidoras a través del pago de una tarifa cara que refleja un VAD excesivo cuando se compara con el VAD de una distribuidora administrada y gestionada de manera eficiente.

3) La flexibilización a la que el Gobierno se ha comprometido con el FMI, no es más que cargar aún más sobre lo que pagamos la luz, el costo de la ineficiencia de las distribuidoras, cuyas pérdidas totales (PRA + NO PRA) se sitúan en el orden del 45%.

La intención es que la flexibilización refleje el nivel de ineficiencia, mala gestión y exceso de empleomanía de las distribuidoras para tratar de reducir las transferencias del Gobierno al sector.

La cifra

156 millones de dólares. Es el gasto anual solo en incremento de la nómina, equivalente al 22% del subsidio directo otorgado por el Gobierno al sector eléctrico en el 2009 (el subsidio ascendió a US$703 millones).

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Tarifa vigente

Los datos oficiales evidencian que no es cierta la afirmación de que la tarifa vigente no cubre los costos existentes de generación y que se incurren por cada kWh servido, dado que las distribuidoras han estado manejando márgenes de intermediación o Valor Agregado de Distribución (VAD) que supera con creces el VAD de una distribuidora administrada de manera eficiente y racional, el cual se sitúa en el orden de los US$0.03/Kwh. Es obvio que la intención evidente que subyace en el concepto de la reforma tarifaría o flexibilización de la tarifa a partir del segundo semestre del 2010, es que la tarifa refleje el nivel de ineficiencia en la mala gestión de las distribuidoras y los costos abultados en gastos de nóminas que presentan las empresas eléctricas bajo el control absoluto del Estado, con un gasto en nómina mensual superior en US$13 millones a los que tenían en agosto 2004.