El enérgico discurso del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el paro de los profesionales de la salud y un nuevo comunicado de múltiples entidades reclamando acción contra la corrupción siguieron zarandeando esta semana al gobierno, mientras el deterioro de los servicios de energía y agua no da tregua.

Las prepotentes descalificaciones de las entidades y comunicadores sociales que denuncian corrupción y reclaman sancionar la malversación de recursos públicos y mejorar los servicios parecen alentar la confrontación en momentos en que se pretende concluir a la carrera el largo proceso de aprobación de una nueva Constitución.

Una semana terrible

La última semana de julio ha sido devastadora para el gobierno del presidente Leonel Fernández, colocado contra las cuerdas por las denuncias de corrupción, las protestas y los reclamos sociales en momentos en que la precariedad de los servicios de energía, agua potable y atenciones hospitalarias alcanzan niveles críticos.

El liderazgo empresarial aumentó las críticas, los profesionales de la salud reanudaron su lucha de más de un año por mejoras salariales paralizando los hospitales públicos, prosiguieron las iniciativas de protestas populares y se produjo un nuevo comunicado de múltiples instituciones sociales reclamando acción contra la corrupción.

La Cámara de Cuentas avaló las denuncias de malversación, al señalar que en la mayoría de 154 auditorías que ha realizado en el año a instituciones estatales se han detectado violaciones a la ley de compras y contrataciones públicas, evasiones impositivas y otras irregularidades, y su presidenta Liselott Marte se quejó de que el ministerio público no sanciona la corrupción.

HOY dio cuenta de las auditorías practicadas a la Junta Central Electoral y a la Dirección de Migración, que arrojan numerosas irregularidades como la ausencia de soportes justificativos de gastos por más de 30 millones de pesos, no consignación de pagos de Itebis en facturas, evasión de impuestos sobre la renta, así como gastos injustificados de representación y comida, y donaciones de materiales de construcción. Se consigna que Migración tiene 16 subdirectores, cuatro sin funciones ni oficina.

Por su parte la periodista Alicia Ortega denunció otras irregularidades en la adjudicación de obras y en pagos sin registro de contrato por parte de la Secretaría de Obras Públicas por cientos de millones de pesos. La entidad explicó que había recibido una dispensa y que posteriormente registró los contratos en la Contraloría General, publicando una carta del contralor del 29 de Julio donde se dice que los expedientes (libramientos) por más de mil 35 millones de pesos han sido debidamente completados y los contratos registrados. No se especifica cuándo fueron completados, pero se supo que 30 de los contratos fueron registrados después de la denuncia.

Firmeza empresarial

Ha llamado la atención la firmeza con que sectores empresariales han cuestionado últimamente la malversación de recursos públicos. Han vuelto a firmar comunicados con las otras instituciones de la sociedad civil, después de haberse ausentado de escenarios como el Foro Ciudadano y la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que pusieron presiones al gobierno perredeísta de Hipólito Mejía, especialmente cuando se temieron manipulaciones en las elecciones del 2004 que ganó el PLD.

La semana comenzó con la petición de la Federación de Asociaciones Industriales y la Asociación de Industriales de Herrera de que el gobierno deje de manejar la corrupción con paños tibios y que pase del discurso a la acción. Acogieron el planteamiento del presidente Leonel Fernández de un pacto por la transparencia con el sector privado, expresando su esperanza de que se convierta en realidad.

El discurso del presidente del CONEP, bien acogido en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, fue un análisis profundo de la estructura y políticas nacionales para concluir en la necesidad de un nuevo modelo económico. Criticó la baja inversión estimando que el clientelismo se traga todos los ingresos públicos. Rechazó el excesivo endeudamiento, llegando a señalar el absurdo de que el Estado se endeuda para financiar gastos corrientes, arremetiendo contra una economía basada en las importaciones y el consumo y no en la promoción de la producción agropecuaria e industrial.

En sectores empresariales se manifiesta un creciente disgusto con la política económica del gobierno, que ha minimizado sistemáticamente los efectos de sus déficits e incluso de la crisis financiera y económica internacional con tal de no implementar austeridad. Recuerdan cómo han sido ignorados los múltiples consensos para reducir el gasto corriente, el último de los cuales generó la burlada ley de austeridad para el 2007.

Es creciente el temor a los efectos de otro déficit fiscal parecido al del año pasado, que sobrepasó los 50 mil millones de pesos, ya que los ingresos han disminuido y el gobierno, negado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le obligue al equilibrio fiscal, apenas ha podido ejecutar el 18 por ciento del financiamiento externo contemplado en el presupuesto de este año.

El frente popular

El frente popular y las instituciones de la sociedad civil tampoco dan tregua en los reclamos de obras y servicios y de sanción de la corrupción. Esta semana tuvieron expresión en la peregrinación de campesinos del Este hasta el Palacio Nacional y la crucifixión del dirigente comunitario José Ortiz, en el barrio Cienfuegos, de Santiago. Un nuevo grupo Autoconvocados montó piquete a la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, mientras se producían nuevas protestas en Puerto Plata y Santiago.

Lo peor fue la reactivación de los reclamos salariales de los gremios de profesionales de la salud, encabezados por el Colegio Médico y asociaciones de enfermeras, con la ocupación del edificio de la Secretaría de Trabajo por unos 40 dirigentes. Tras ser desalojados violentamente la madrugada del martes y encerrados en una cárcel, convocaron un paro de los hospitales públicos que afectó los servicios durante tres días, con amenaza de extenderlo a la próxima semana.

El grupo juvenil Toy Jarto pero Creo en mi País depositó una querella en el Departamento de Prevención de la corrupción contra el Secretario Administrativo de la Presidencia, Luis Manuel Bonetti, mientras el jueves un grupo de entidades sociales que hace dos semanas reclamaron sanción a la corrupción, volvieron a formular condenas a todo género de malversación de fondos. Se dirigieron a la Procuraduría General, la Suprema Corte, la Cámara de Cuentas, y otras instancias del Estado reclamando sancionar la corrupción, el nepotismo y otras irregularidades en la administración pública.

Deseamos señalar que el dispendio de recursos públicos y los claros signos de corrupción que observa la ciudadanía, junto al deterioro del acceso a la educación, salud, energía eléctrica, agua potable y otros servicios básicos, están limitando el desarrollo de la nación y la capacidad para combatir la pobreza, indica el documento. Y agrega que la indiferencia y la permisividad frente a la corrupción están provocando un creciente y justificado descontento en la población. Todo esto demanda mayor compromiso moral para emprender acciones que contribuyan a que los fondos públicos sean administrados con pulcritud y transparencia.

Los firmantes del comunicado están encabezados por el Foro Ciudadano que agrupa a más de un centenar de instituciones, la Federación de Asociaciones industriales, el movimiento Participación Ciudadana, el Centro Juan XXIII, Fundación Probién, La Lucha, Ciudad Alternativa y el Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo.

Reacciones destempladas

Los resultados de la encuesta Gallup-HOY publicados la semana pasada, que muestran una dramática insatisfacción con el gobierno y la caída de las preferencias por el PLD no han impedido reacciones destempladas y prepotentes frente a demandas y críticas. Llegan al extremo de atribuir las denuncias de irregularidades en la CDEEE a un plan financiado por empresarios para perjudicar a su gerente, como indica un escrito que circuló esta semana, involucrando a un general y varios oficiales militares, así como al secretario de Economía Temístocles Montás y a Danilo Medina.

Euclides Gutiérrez, dirigente y funcionario, llama a los peledeístas a pelear contra quienes considera detractores, descalificando a todos los contestatarios del gobierno e insultando a cientos de dirigentes reconocidos de la Fundación Institucionalidad y Justicia y de Participación Ciudadana, pidiéndoles que expliquen de dónde sacan dinero para andar en carros bonitos, ropa, muchos sacos y corbatas.

El secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, reacciona ante el planteamiento del CONEP de cambio de modelo económico, diciendo que pueden comenzar suprimiendo incentivos a las empresas por más de cien mil millones de pesos anuales, y el secretario de Salud desafía a los médicos y enfermeras a abandonar los hospitales. Otros atribuyen las protestas sociales y las denuncias de corrupción a malévolos planes políticos, sin que falten quienes entiendan que todos los periodistas críticos están vendidos.

Esa intolerancia y prepotencia es signo de borrachera de poder cuyo más cercano antecedente fueron los pepeachistas-perredeístas que en la campaña electoral del 2004 desdeñaron todas las críticas y se burlaron de periodistas y de la sociedad civil, convencidos de que sólo ellos sabían de política. Lo grave de ahora es que ocurre muy temprano, cuando al gobierno le quedan tres años, lo que hace difícil prever cómo terminará.