La actual administración perredeísta nos tiene acostumbrados a sorpresas cada semana, por las acciones que toman funcionarios del gobierno que espantan por lo inaudito, y que van en contra de todas las reglas de la lógica y de la buena administración estatal.

A veces nadie se imagina de cómo esos funcionarios toman esas decisiones, y siempre se cree que es en base a una dirección maestra que dicta la ruta a seguir.

Pero pudiera suceder que por esa particular mentalidad de los funcionarios perredeistas, que relegan a un segundo plano los intereses nacionales a los que persiguen con fines partidarios o personales, tengan que ver con horrendas medidas que impactan negativamente en lo que se considera una sociedad civilizada, y por tanto, nos colocan ante los ojos del mundo como un país lleno de corruptos que se venden por un plato de lentejas, como cuando esté acompañado de las cenizas rocosas de Puerto Rico o del frustrado arrendamiento de áreas importantes de Samaná.

Así vemos de como la pasada semana se produjeron dos hechos insólitos que nos marcan con tatuajes indelebles de como nos consideran en el exterior y de ser una sociedad de papel. Por un lado, contando con el sainete tragicómico de la herencia del Barón de la Atalaya, alguien dispuso que se exhumaran los restos de Horacio Vázquez y de su esposa Doña Trina, enterrados en una iglesia de Tamboril supuestamente para hacer una prueba del ADN con fines de verificar un heredero de esa mítica herencia en miembros de una familia Guzmán. Tal acontecimiento, que periódicamente se airea públicamente y caen muchos incautos en las redes de los tejedores de ilusiones, solo puede ocurrir en este país donde vemos de como se liberan presos a nombre de pobres estado de salud y al poco tiempo están cometiendo delitos más graves por los cuales fueron encarcelados.

Pero el colmo de los recientes hechos insólitos de los funcionarios fue el permiso que se le otorgó a una empresa, casi fantasma para depositar en un bello lugar de Samaná unas 40 mil toneladas de desechos de la producción de termoeléctricas operando en Puerto Rico, dañando el paisaje y sabe Dios que más con perjuicios al medio ambiente y a la salud.

Lo interesante de ese permiso, supuestamente otorgado por funcionarios medios de la secretaría de Estado responsable de tales procedimientos, se enfrentó con la valiente actitud del senador por la provincia de Samaná, y respaldado por sus colegas, denunció al país ese horrendo crimen ecológico y que se mantenía callado, creyendo que nadie se alteraría por tal suceso, y que los responsables, estarían tranquilos en su bellaquería de marca mayor para destruir una flora virgen, y al mismo tiempo, afectar la salud de los residentes de Arroyo Barril.

Esta administración subterránea, que parece actuar fuera de los controles de sus superiores jerárquicos, levanta una nube de dudas, ya que en virtud del controvertido artículo 55 de la Constitución, el presidente de la República tienen casi poderes divinos para gobernarnos y regirnos a su mejor criterio. Es difícil que acciones como autorizar la exhumación de los restos de un ex presidente y de su esposa o de autorizar la libertad de ciertos reclusos, o de cesiones de parte de Samaná, no podían pasar desapercibido en un medio como el nuestro, donde ahora nos persigue la sombra de la dictadura, cuando en un lenguaje ríspido, se tratan de callar voces o coartar libertades. Gracias a los excelentes medios de comunicación independientes, que son patrimonio nacional, todas esas meteduras de pata de la administración perredeista se conocen de inmediato, y entonces, muchas son enmendadas, no así otras que lesionan el patrimonio nacional como ha sido la repartición graciosa y electorera de miles de tareas de tierras que eran del otrora poderoso ingenio Haina, ya desmantelado, y terreno fértil para el vandalismo y latrocinio de sus terrenos.

Tantas acciones administrativas, que se acumulan en el haber de la presente administración perredeista, expone a las claras de cual es el sentimiento, como servidores públicos, debería tener los hombres y mujeres políticos que son investidos de funciones públicas en base a su adhesión partidaria. Esto es mérito suficiente para desempeñar delicadas funciones, convirtiendo sus dependencias en fracasos monumentales, y que son las culpables de la desastrosa administración actual, ya que esos seres humanos, sin capacidad alguna, tan solo su ardiente y rabioso perredeismo o pepehachismo, acceden a esos puestos para alterar por completo una gestión pública, que con otros incumbentes, hubiese sido menos traumática la desacertada gestión del actual jefe del Estado, cuyo único norte es una reelección repudiada cada vez más por el país, como lo demuestra la reciente encuesta de este diario.