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POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el presidente Leonel Fernández necesita dar un par de golpes de efectos que le permita salir de la mala racha que le ha afectado en las últimas semanas, marchitando temprano su imagen, especialmente en la política anticorrupción y la transparencia.
Hasta altos funcionarios y dirigentes del PLD admiten que abril, su noveno mes en el poder, ha estado teñido por escándalos, discrepancias internas y con sectores empresariales, y desaciertos que les han mellado la credibilidad ante la ciudadanía dejándolos a la defensiva.
La sustitución del director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y de un subsecretario de Obras públicas forman parte del esfuerzo por contener el deterioro y retomar la ofensiva para lo cual también se contempla establecer por decreto nuevas normas para las compras y contrataciones del Estado.
CADENA DE INFORTUNIOS
El gobierno del presidente Leonel Fernández ha pasado por una cadena de infortunios al cumplir su octavo mes, con fuertes cuestionamientos a su política anticorrupción y a la inversión pública, por confrontación en su propio seno y de funcionarios con sectores empresariales.
Lo más grave ha sido lo relacionado con la terminación del edificio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por inversiones en decoración y mobiliario que han sido estimadas como escandalosas, y porque han estado rodeadas por el espectro de Quirino Paulino, extraditado a Estados Unidos tras ser acusado del mayor tráfico de drogas en la historia del país.
Los cuestionamientos comenzaron cuando un decreto del Poder Ejecutivo canceló los abogados que representaban al Estado en el proceso judicial que involucra a funcionarios y dirigentes peledeístas por el Programa Eventual de Empleos Mínimos del período gubernamental 1996-2000.
Aunque ese retiro no implica la anulación del proceso, al no nombrarse nuevos abogados, en la opinión pública quedó como una señal de desinterés por parte del gobierno y una contradicción con la política anticorrupción proclamada, justo en momentos en que se iniciaba un proceso a funcionarios del pasado gobierno perredeista por irregularidades en el Plan de Renovación de Vehículos.
La precipitada citación judicial al expresidente Hipólito Mejía para ser interrogado sobre el llamado caso Quirino por parte de la fiscalía fue un craso error político y táctico que lo dejaría como víctima del gobierno y desacreditaría los esfuerzos por combatir la corrupción.
Al advertir que el fiscal no disponía de indicadores que permitieran anticipar un proceso judicial contra el ex mandatario, el presidente Fernández dispuso la suspensión de la cita, lo que en vez de acreditársele como una decisión política y jurídica sabia, se le enrostró como vacilación y miedo, especialmente por parte de un frente mediático y de comunicadores empeñados en destruir a cualquier costo lo que queda del crédito de Hipólito Mejía.
El 17 de abril el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Julio César Ventura Bayonet, quedó en cuestionamiento tras ser encontrado en Moca en la finca donde las autoridades aduanales incautaron un cargamento de varios miles de cajas de licores introducidos al país de contrabando.
Aunque una comisión de las Fuerzas Armadas que indagó el caso concluyó en que el alto oficial no tenía responsabilidad en la acción ilegal, no ha satisfecho a la opinión pública la explicación de Ventura de que había ido allí llamado por el propietario del contrabando, que es su amigo, cuando comenzó a sentirse vigilado.
Otro cuestionamiento a la política anticorrupción del gobierno se originó en la confusión de roles de la recién creada Comisión Nacional de Etica a la que se atribuyó el papel del ministerio público en la lucha contra la corrupción durante la sesión del Consejo de Gobierno del 18 de abril, lo que fue rectificado posteriormente, pero dejó ruido.
Inversiones cuestionadas
Cuatro cuantiosas inversiones del gobierno han estado sujetas a fuertes cuestionamientos en las últimas semanas: más de 200 millones de pesos destinados a amueblar y decorar el nuevo edificio de la Suprema Corte; el anuncio de que se invertirían 25 millones de dólares para la terminación de una clínica privada en Santiago; la compra del antiguo edificio de Verizon por la suma de mil millones de pesos; y la remodelación de la biblioteca de la Universidad del Estado, acabada de inaugurar, para instalar materiales más lujosos por varias decenas de millones de pesos.
En varios de esos casos se ha cuestionado la falta de transparencia. Se trata de compras e inversiones sin licitación ni concurso. Es el caso del edificio para Aduanas vendido por Verizon a una firma privada hace 3 años por la suma de 195.5 millones de pesos. La exagerada reacción de Miguel Cocco a un pedido de transparencia en el programa Jornada Extra de Teleantillas sólo sirvió para concentrar la atención de la opinión pública en la inversión
En la UASD tanto el exrector Porfirio García, como el nuevo Roberto Reyna han expresado su extrañeza por la remodelación de la biblioteca, cuando aún no se le había puesto en funcionamiento. En este caso como en el edificio de la SCJ se ha cuestionado el gasto ostentoso en medio de una crisis económica, sin faltar quienes entiendan que lo predominante ha sido el ganar comisiones en las compras.
La anunciada inversión en el Hospital Metropolitano de Santiago produjo rechazo hasta en la dirección provincial y los legisladores peledeistas de Santiago. Aunque podría ser laudable el propósito de ayudar a reactivar una inversión paralizada, son pocos los que justifican que el Estado destine a un proyecto privado una suma que supera unas 14 veces lo que en el año se dedicará a los precarios hospitales públicos de la ciudad.
Tampoco han ayudado a la buena imagen del gobierno los encontronazos públicos entre el secretario de Obras Públicas Freddy Pérez, y el subsecretario Carlos Polibio Michel, y entre el fiscal del Distrito Nacional y el director de la Cámara de Cuentas.
El asesor económico Julio Ortega Tous acusó a los empresarios de evasores, mientras Miguel Cocco decía que estos no fueron capaces de presentar propuestas integrales para la última reforma tributaria, lo que de inmediato fue desmentido por el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios.
Otro asunto desconcertando fue la revelación del director de Aduanas en el sentido de que había asignado al Fiscal del DN un automóvil robado en Estados Unidos, pero que no fue reclamado dentro del plazo establecido. No faltó quiénes preguntaran por qué asignarle ese vehículo precisamente a la autoridad encargada de perseguir crímenes.
La mala racha del gobierno ha sido tal que hasta un calificativo de izquierdista se llevó del exsubsecretario de Estado latinoamericano de los Estados Unidos Otto Rich, un hombre influyente de la tropa republicana. Mientras un invitado de la Fundación del presidente Fernández cometía la ligereza de aprovechar ese escenario para acusar sin ningún fundamento al profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez de haber sido colaboradores de la CIA.
EL ESPECTRO DE QUIRINO
En medio del escándalo por la adjudicación del amueblado y la decoración del edificio de la Suprema Corte ha rondado el espectro de Quirino, además del cuestionamiento al monto destinado y al lujo revelado.
También se ha cuestionado la asignación del contrato a la señora Margarita Gómez en octubre pasado, cuando desde hace cuatro años estaba en manos de la firma Bohenco del ingeniero Guillermo Bonnelly, a quien se le había adelantado decenas de millones de pesos, más 700 mil dólares después de ser despojado del contrato.
La señora Gómez ya hizo varios decorados y siembras de árboles ornamentales en la anterior gestión peledeísta. Se le considera protegida del director del DNI, general Manuel Florentino Florentino. Desde que estalló el escándalo Quirino en diciembre los tres personajes han sido vinculados. Se ha llegado a decir públicamente que dinero del extraditado fue usado para financiar la compra de parte de los muebles del edificio de la SCJ
En parte es a ellos a quienes se han referido tanto el expresidente Mejía como algunos de los suyos cuando afirman que es hacia dentro del gobierno que hay que investigar sobre los nexos del acusado de narcotráfico. En diversos ámbitos se ha afirmado que el secretario de las Fuerzas Armadas en el pasado gobierno de Fernández estaba bajo cuestionamiento de la embajada de Estados Unidos.
Sin embargo, desde el principio, el general Florentino dijo que sólo era amigo de infancia de Quirino Paulino, sin que nadie arrojara públicamente acusación alguna contra él.
Pero esta semana se produjeron tres revelaciones que alimentaron el escándalo: La señora Gómez admitió públicamente que decoró apartamentos de Quirino por 8 millones de pesos, el subsecretario de Obras Públicas Polibio Michel aceptó que vendió dos apartamentos al acusado de narcotráfico, y el abogado de este denunció que parte del mobiliario adquirido para la SCJ fue incautado en uno de los almacenes de Quirino Paulino.
Esas revelaciones explicaron para algunos la magnitud del error de haber citado al expresidente Mejía para interrogarlo sobre posibles vínculos con el acusado de traficar en diciembre mil 380 kilos de cocaína. Efectivamente, gente vinculada y favorecida por el gobierno, son salpicadas por el escándalo, aunque eso no significa necesariamente que sean cómplices o responsables de las actividades ilegales del multimillonario acusado de narcotráfico.
EL PRESIDENTE SE SACUDE
En tales circunstancias el presidente Fernández comenzó a sacudirse y a espantar la mala suerte. El jueves destituyó a Florentino de la dirección del DNI y a Michel Presbot de la subsecretaría de Obras Públicas.
El mismo día el mandatario suspendió el acto en que entregaría la primera partida de la inversión en el hospital privado de Santiago, cuyos trabajos se reanudarían con su presencia . En vez de eso auspició un coloquio en la Universidad Madre y Maestra de Santiago para escuchar la diversidad de planteamientos sobre el particular.
En conversaciones privadas se ha aceptado que el presidente está preocupado por la cadena de infortunios que han afectado la imagen de su gobierno en el mes de abril. Y que está dispuesto a cortar por donde sea necesario. Como ejemplo de ello se afirmó que está en elaboración un decreto para adoptar las normas sobre compras y contrataciones de obras y servicios contenidas en el proyecto de ley que recién envió al Congreso Nacional.
El presidente habría comentado lo difícil que resulta gobernar el país sin ser salpicado por la voracidad y la corrupción que afecta al conjunto de la sociedad dominicana.-
