Antes que el merecido reconocimiento de la comunidad y organizaciones internacionales por la solidaridad con Haití a raíz del terremoto que hace un año cobró más de 230 mil vidas y dejó esa nación sembrada de escombros, llama la atención que el Gobierno dominicano haya sido, cuando no vejado a través de la exclusión en la comisión para la recuperación de la vecina República, prácticamente censurado hasta por ejercer derechos como el de las repatriaciones de indocumentados.

Los medios y agencias internacionales, que tras las primeras horas del sismo censuraron el supuesto cierre de la frontera, han ignorado que el Gobierno recompensó cualquier confusión inicial con una vasta asistencia humanitaria y la celebración de varios eventos, incluyendo cumbres, para ayudar a los haitianos. El Presidente Leonel Fernández fue el primer mandatario internacional en llegar a Haití para coordinar con las autoridades haitianas un programa de reconstrucción y llamar la atención del mundo sobre el efecto de la tragedia. Como si fuera poco, el gobernante dominicano dispuso de 30 millones de dólares para una universidad en el vecino país.

Muchos dominicanos piensan que el Gobierno se excedió en la asistencia con Haití. Sin embargo, el primer gran golpe llegó cuando en las Naciones Unidas se dejó fuera al Gobierno dominicano de la comisión para la reconstrucción de Haití, encabezada por el ex presidente Bill Clinton. No se tomó en cuenta nada, ni siquiera que con las autoridades haitianas se había coordinado un plan estratégico para acelerar el proceso de recuperación.

Ha bastado que el Gobierno iniciara la repatriación de haitianos indocumentados para que Amnistía y la comunidad internacional censuraran la decisión como un acto inhumano. Y es que, pese a su gran esfuerzo, las autoridades locales no las tienen todas consigo frente al drama haitiano.