El Gobierno no puede alegar falta de recursos ni de consenso para justificar la vergonzosa inversión en la educación. Recursos es lo que más ha tenido como resultado de las reformas fiscales y de los más de 10 mil millones de dólares con los que ha incrementado la deuda pública en los últimos seis años. Lo que sí ha habido es falta de voluntad para impulsar la enseñanza, que es hoy la preocupación del mundo desarrollado.

La educación no figura entre las prioridades del Gobierno. Con una economía que de acuerdo a las autoridades ha sido la de mayor crecimiento en la región no es para destinar durante los últimos seis años solo un 1.98% del Presupuesto a la formación y preparación de jóvenes.

Pero tampoco para que la desigualdad social no sea, conforme a organismos internacionales, tan indignante. Y me permito observar que los representantes de esas entidades basan sus opiniones en estadísticas y no en realidades tan espantosas como las que se vive en la frontera, en muchos barrios del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, o en cualquier otro punto del país.

Un 4% para educación es todavía poco en comparación con la inversión de otros países de América Latina y de la preocupación que ha manifestado la comunidad internacional sobre el papel de la enseñanza para el desarrollo. Me permito recordar que en la reunión de ministros de Educación celebrada en 2008 en El Salvador, en la que participó por supuesto el Gobierno dominicano, se planteó reforzar y ampliar la participación de la sociedad en la acción educadora.

Si el Gobierno no pudo cumplir con ninguno de los ocho Objetivos del Milenio, tampoco logrará aumentar la oferta de educación inicial ni universalizar la educación primaria y secundaria que acordaron los ministros durante el encuentro en El Salvador. Solo su estrategia de reinar en la ignorancia es lo que explica que el Gobierno destine y defienda menos de un 2% a la enseñanza.