El principio de la continuidad del Estado, tan citado y llevado y traído en estos días, obligaba a las actuales autoridades nacionales a enviar al Congreso Nacional el proyecto de reforma tributaria. Y si se quiere más, también era una responsabilidad derivada de quienes permitieron que en sus manos la estabilidad macroeconómica de la nación se fuera a pique como nunca antes había ocurrido en la historia financiera del país.

De manera que la afirmación según la cual al final de un gobierno no deben asumirse decisiones de esa naturaleza, muy socorrida en estos días y muy levantada por quienes gustan desempeñar el papel de Aacomodadores@ de la democracia, no pasa de ser un argumento política y económicamente flacucho.

En todo caso, cuanto tenía que hacer la administración del Presidente Mejía era, en atención a las buenas maneras de gobernar, consultar y participar a las autoridades electas. Mostrarles la propuesta de reforma tributaria, escuchar sus sugerencias y aceptar aquellas que fueran compatibles con el gobierno que las enviaba al Congreso y con los compromisos hechos con el FMI. Pero no incumplir con su responsabilidad.

)Por qué hago estas afirmaciones? La razón es elemental y harto conocida por el país, aunque ahora aparezcan los distraídos: el gobierno del Presidente Mejía se comprometió desde agosto del 2003 a enviar en julio de este año una propuesta de reforma tributaria al Congreso Nacional.

En otras palabras, no estamos aludiendo a unos cambios fiscales de último minuto o a una reforma que se le ocurrió a alguien proponerla en la campaña electoral o después de las elecciones del 16 de mayo.

La carta de intención suscrita por el gobierno dominicano en agosto del año pasado establecía, en los párrafos 17-19 el compromiso de una reforma tributaria, el propósito de la misma, sugería algunas pautas y establecía un calendario.

El propósito de esta reforma, en el marco de la gran crisis macroeconómica derivada de los efectos del 11 de septiembre, el peso financiero de la deuda del sector público y el llamado hoyo de la crisis bancaria, es Aestablecer una fuerte base de ingresos para asegurar la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo@.

Y a continuación establece que el gobierno tendrá lista una propuesta de reforma tributaria en la segunda mitad del 2003 a fin de abordar estos asuntos, con asistencia técnica de las instituciones financieras internacionales.

Para esta reforma la carta de intención del FMI sugiere una mayor dependencia de los impuestos de consumo doméstico, una mayor dependencia del impuesto sobre la renta y la eliminación de las distorsiones y privilegios especiales.

ALa propuesta será remitida al Congreso en julio del 2004, esperándose su aprobación en septiembre del 2004.@

La llamada segunda versión de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la que siguió a la violada del 2003, reitera el compromiso de introducir una reforma fiscal este año 2004. Sobre el particular expresa:

AEsta reforma se centrará en la ampliación de la base impositiva interna y en una revisión de las tasas impositivas, a fin de sustituir los impuestos extremadamente distorsionantes y compensar la reducción de los aranceles aduaneros requeridos según los términos de los acuerdos comerciales bilaterales previstos, incluyendo el que se negocia con los Estados Unidos@.

Y añade que los cambios contemplados incluyen una eliminación amplia de las exenciones al ITBIS y de las exenciones restantes al impuesto sobre la renta y una revisión de las tasas impositivas del ITBIS y del impuesto selectivo al consumo.

La carta de intención consigna que Ase está preparando una propuesta con ayuda de expertos internacionales, que estará sujeta a revisión técnica para finales de marzo del 2004 y será sometida al Congreso antes de julio del 2004, de acuerdo con el programa original, en consulta estrecha con el FMI@.

Como puede apreciar el lector, la reforma tributaria es un compromiso asumido por este gobierno desde agosto del año pasado y ratificado en enero de este año. Estos acuerdos fueron firmados a sabiendas de que el 16 de mayo serían celebradas elecciones nacionales para un cambio de gobierno o para la continuidad del Presidente Mejía.

La administración del Presidente Mejía está comprometido, pues, con el envío de una propuesta de reforma fiscal al Congreso Nacional en julio de este año. Yo creo que, en atención al principio de la continuidad del Estado, debe cumplir con este acuerdo. Si el equipo económico del gobierno no lo hace, como todo parece indicar, estará faltando a su responsabilidad.

Y estará actuando, además, de espaldas a unos problemas muy serios y de largas consecuencias en el tiempo que contribuyó a crear, por omisión y por comisión.