El doctor Jesús Feris Iglesias, distinguido médico infectólogo y querido amigo, se queja en artículo publicado el 24 de enero de 2012 en este medio, que los bienes incautados a los narcos no sean entregados a la seguridad social. Ese reclamo era justo al momento de aprobarse la ley, pero en la actualidad no.

 Fue durante el período de gobierno 2000-2004 que se privó a la Tesorería de la Seguridad Social de poder recibir los recursos provenientes de la Ley sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, al ser aprobado  por el Congreso Nacional la Ley 72-02,  promulgada el día 7 de junio del año 2002 por el Poder Ejecutivo, la cual modificó la naciente Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, al eliminar  el literal (h) del artículo 20 de la referida ley que establecía la entrega de los fondos recaudados a la Seguridad Social.

A decir verdad, la sustracción de los  recursos para los más pobres, concebidos en el artículo 20 de la Ley 87-01, se remonta al nacimiento de esa ley, pues el mismo día que era promulgada, se aprobó en la Cámara de Diputados, el 24 de junio del año 2001, la Ley 124-01, que inició el recorte de los recursos a la Seguridad Social, al crear el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), con los  recursos provenientes de las empresas  públicas capitalizadas, que eliminó el literal (i) del artículo 20 de la Ley 87-01, lo que  redujo los fondos que debían disponerse para cumplir con los objetivos de la seguridad social.

Debido entre otras cosas a estos hechos, es que el proceso de gradualidad que se previó en el artículo 33 de la Ley 87-01 ha sido tan tortuoso, pues el literal (d) de ese artículo manda a  “Afiliar a la población en forma gradual y progresiva a fin de adecuar el proceso a las posibilidades  financieras de los sectores público, laboral y empleador”; y como queda evidenciado, esos recursos fueron mutilados desde el inicio y han hecho mucha falta.

Consecuentes con la realidad  y dinámica económica del país, hay que reconocer que a pesar de esas trabas, el gobierno ha hecho esfuerzos extraordinarios por garantizarles a los pobres de solemnidad  un espacio destacado en la seguridad social. El hecho de que hoy más de  2 millones 300 mil personas estén siendo subsidiadas para que puedan acceder como afiliados en la seguridad social al Seguro Familiar de Salud (SFS), a través del Seguro Nacional de Salud (SENASA), es una acción loable.

Por cierto, que cuando se inició el Seguro Familiar de Salud del Régimen Subsidiado, en  noviembre del 2002, en la región IV de Salud, es decir en Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia, se estableció que los servicios a recibir por cada afiliado se correspondían con el Plan Básico de Salud, PBS.

En este caso, diferente al régimen contributivo, estamos hablando de un verdadero modelo de seguridad social en el que el Estado es el prestador principal, hay  atención preventiva a los afiliados a través de las Unidades de Atención Primaria (UNAP), no hay  períodos de carencia, no hay co-pagos ni mucho menos limitaciones en las coberturas y se incluye la entrega total de los medicamentos.

  En este modelo hay un ejercicio protector y social por parte del Estado que no persigue beneficios económicos,  por lo que a la hora de establecer el cápita que debía pagar el Estado por cada afiliado no puede ser nunca comparado con el que se paga en el régimen contributivo, es menor relativamente, pues una parte importante de los costos fueron calculados en base a lo que aporta Salud Pública a través de su red hospitalaria, con los prestadores pagados por esa institución, haciendo énfasis en la prevención de las enfermedades. Con sus fallas y sus precariedades a enmendar, ese es el modelo. No es que el Gobierno no aporta lo que debe, es que lo que ha ido entregando religiosamente  todos los años; y de más en más, responde a un esquema de protección a la salud  de la población más pobre, de manera integral.

 Hay incumplimiento real en la aplicación de la Ley 87-01 al no haberle dado inicio al régimen contributivo subsidiado. El ingreso  a la seguridad social de la población de trabajadores informales, como establece la ley, ha encontrado trabas reales en el modelo que se ha implementado.

 Ha resultado con poca viabilidad la ley en ese aspecto, por lo que se deben aunar esfuerzos a los fines de modificarla y así poder dar cumplimiento a la universalización de la seguridad social, para que puedan   acceder al sistema los miles de trabajadores que se ganan la vida por cuenta propia e ir disminuyendo la inequidad y aumentando la protección social. Sólo así tendremos los relojes y a los relojeros accionando en consonancia.