Aserto innegable es aquel según el cual una cosa es el derecho y otra la política y que ha sido el divorcio entre ambas realidades una de las mayores causas de las tragedias que en el mundo han sido.

Y es que, a la larga, tal como sostienen los apologistas de la Escuela realista invocando a Maquiavelo y a Hobbes como sus santos patrones, lo que se impone es la facticidad y no la legalidad y, más aún, que en el específico marco de la Política Internacional y las relaciones entre los Estados se cumple a pie juntillas el aserto que una vez expresara el entonces Secretario de Estado John Fuster Dulles para referirse a la Política Exterior Norteamericana, conforme al cual: “…Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos sino intereses en un momento dado…”

Aunque parece, empero, que vamos siendo cada vez más especimenes de rara especie, todavía sobrevivimos quienes con Grocio y Vitoria seguimos sosteniendo que la única manera de construir una auténtica, que no ficticia, comunidad internacional es el respeto a la legalidad y a la voluntad soberana de los pueblos; y  que ha de ser el Derecho y no la fuerza el sostén de la convivencia civilizada entre naciones.

Viene a cuento lo antes dicho ante la natural indignación que nos produce ver alejarse la solución legal internacional  a la restitución del Presidente legítimo de Honduras Manuel Zelaya Rosales, sacado por la fuerza en una nueva andanada del gorilismo que con sus funestos desmanes y atropellos vuelve a reaparecer con vitalidad inusitada en esa hermana nación, cuando no pocos creíamos- en un quimérico ejercicio de voluntarismo fallido- que su maléfica sombra jamás volvería a cernirse sobre el firmamento político latinoamericano.

Nuestra frustración se acrecienta al escuchar las declaraciones del más reciente enviado de los Estados Unidos de Norteamericana a Tegucigalpa, en las que se muestra una ostensible variación de postura al admitir la celebración de las elecciones como una de las posibles soluciones a la crisis política creada por los golpistas.

¿Por qué esta variación tan abrupta del discurso en el que parece diluirse el tema central pendiente como es el de la restitución de Zelaya para dar paso a la discusión sobre elecciones? ¿Estamos, por tanto, ante una nueva claudicación de la fuerza ante el derecho, y lo que es más grave,  ante la tácita legitimación  de un golpe artero y oprobioso que viene a desconocer la voluntad democrática de un pueblo?

Si algo está juego con el golpe a Zelaya- tal como en más de una ocasión lo ha expresado el presidente Leonel Fernández, con notable acierto, no es únicamente el destino particular de un Presidente y de una nación, lo que de por sí bastaría para no menguar un ápice en su restitución: es la legitimidad misma de la Comunidad Interamericana la que en estos momentos se encuentra en entredicho con todas  las deletéreas consecuencias que ello conlleva para el presente y el futuro de nuestra gobernabilidad hemisférica.

Más allá de escarceos geopolíticos regionales  que todos conocemos, y más allá de insulsos amagos de apoyo al Presidente derrocado,  el respeto a los más elementales principios del Derecho Internacional y los postulados democráticos aconsejan que el mismo sea restituido; cualquier solución al margen de su restitución sería sellar el fracaso de la Comunidad Interamericana y de la Carta Democrática que todos sus miembros a unanimidad se comprometieron a respetar en el año 2001, incluido, por supuesto, los Estados Unidos de América.

Y conviene que conste que si en el seno de la Carta Constitutiva de la OEA y la Carta Democrática, no es posible encontrar suficiente asidero para procurar una solución a la crisis, queda aún la Carta de las Naciones Unidas.

Si ante un golpe de Estado de tan graves implicaciones, la Comunidad Interamericana adopta el camino del menor esfuerzo y desiste en su empeño de procurar al mismo una solución conforme a Derecho, bueno sería que vayan, nueva vez, poniendo su barba en remojo todos los gobernantes democráticamente elegidos del Hemisferio, pues una vez más quedaría demostrado que el fusil tiene más fuerza que los votos y que cualquier crisis de gobernabilidad en nuestras naciones ha de ser zanjada por la arbitrariedad y no por la razón.